Dossier: La Cartografía… ¿en manos de quién está?.
Las disputas institucionales por las prácticas de relevamiento en Argentina

Trabajos topográficos. Un acercamiento preliminar al armado del caleidoscopio topográfico nacional

Introducción

En las primeras décadas del siglo XX los esfuerzos por homogeneizar la cartografía mundial comenzaban a rendir frutos. Luego de la realización del Mapa Internacional del Mundo, de 1909, que consistió en un mapa mundial de escala 1:1.000.000, el desarrollo técnico para hacer mediciones de gravedad, la elección del geoide, las mediciones de arcos de meridianos, la adopción del sistema métrico y un único meridiano de referencia, la cartografía moderna lograba unificar todas las técnicas desarrolladas desde el siglo XIX (Mazzitelli Mastricchio, 2017).Sin embargo, tal consenso no implicó una única centralidad a la hora de mapear el territorio. En este sentido, en la Argentina, incluso hacia mediado del siglo XX, podemos encontrar una notable diversidad de instituciones que relevaron topográficamente el territorio nacional: Yacimiento Petrolíferos Fiscales; la Dirección de Minas, Geología e Hidrología (DMGeH); el Instituto Geográfico Militar, etc. Todas estas topografías se encuentran, en gran medida, reunidas en el Catálogo Cartográfico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, publicado por el cartógrafo argentino Carlos A. Turco Greco en 1967.

Nuestro trabajo pretende realizar una sistematización reflexiva sobre los mapeos topográficos realizados en el territorio de la República Argentina a mediados del siglo XX. Para ello, partiremos presentando el mencionado catálogo a partir de una lectura minuciosa, que muestre organizadamente el vasto universo del material cartográfico producido por las diferentes instituciones intervinientes. Dicho material fue agrupado de acuerdo con las grandes divisiones políticas del país, las provincias y sus respectivas divisiones administrativas (partidos o departamentos),para luego reflexionar sobre los intereses, políticos, económicos, intelectuales/profesionales perseguidos por las instituciones para la realización del trabajo topográfico y las posibles disputas conllevadas, las cuales serían visibles en las superposiciones de mapeos entre los sujetos institucionales en gran parte del territorio.

En otras palabras, si bien la metodología de la investigación parte de datos cuantitativos, el trabajo intenta visibilizar las instituciones cartográficas que intervinieron en los levantamientos topográficos del territorio nacional a través de las siguientes preguntas: ¿Cuántas instituciones intervinieron? ¿Cuántas instituciones eran nacionales y cuáles provinciales? ¿Cómo se repartieron el territorio? ¿Las áreas elegidas por las instituciones cartográficas estaban en función de los intereses y objetivos institucionales?¿Se superpusieron levantamientos? Esta sistematización fue realizada con la intención de hacer algún aporte para desentrañar parte de la política cartográfica del estado argentino.

La topografía en un libro: El Catálogo

El Catálogo–preparado desde 1962 con actualizaciones hasta 1965 por Carlos Turco Greco, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas dependiente de Presidencia de la Nación– fue publicado a través del convenio de esta institución con la Editorial Universitaria de Buenos Aires. La obra tuvo la pretensión de construirse en un insumo de referencia del material cartográfico del territorio argentino para el uso de técnicos y científicos, reconociendo la existencia de trabajos precedentes de escala provincial,¹ pero ninguno de escala nacional. El catálogo se encuentra organizado con una breve introducción, acompañada de notas de referencias y abreviaturas. Las mismas orientan la lectura de los cuatro apartados que completan la estructura. El primero y el más completo corresponde al de cartas y mapas. Aquí se hace referencia a todos los trabajos originales impresos o no, realizados sobre la base de levantamientos topográficos clásicos de información recogida directamente en el terreno, la mayoría en escalas de 1:50.000 y 1:100.000. El segundo apartado presenta los trabajos aerofotogramétricos con la intención de confeccionar cartas y planos, o simplemente como fuente de información directa a través de la fotointerpretación.²

Por otro lado, los trabajos correspondientes a la carta geológico-económica aparecen en el tercer apartado, y constituyen, según el parecer del catálogo, una de las pocas obras orgánicas que se llevaron a cabo en el país en materia de cartografía especial (Greco, 1965). Finalmente cierra con el señalamiento gráfico de las cartas marinas.

Si bien, comprendemos el contexto de producción y los propios señalamientos sobre las limitaciones del catálogo –como por ejemplo la necesidad constante de su actualización y la falta de documentación organizada–,³ este reúne una gran cantidad de información en materia de mapas y fotografías aéreas del territorio nacional. Todo el material, aclara Greco (1965), se encuentra dirigido a investigadores y estudiosos de la temática, y remarca que existió la pretensión de la obra de abarcar toda la producción cartográfica disponible para la época. Aclara que por los problemas en la documentación mencionada no lograron cumplir la totalidad de su objetivo. En nuestro trabajo nos centraremos en analizar solo el primero de estos apartados en el que hace referencia a la producción de mapas topográficos.

La información del apartado se encuentra precedida por un mapa de la República Argentina que informa el estado, al momento de la publicación, de lo cubierto en el territorio con levantamiento topográfico. Posteriormente, los datos se encuentran divididos por provincias y territorios nacionales, y respeta la división política de la Argentina, es decir, en cada hoja que compone el catálogo hay un mapa de la provincia y un cuadro que presenta los datos del levantamiento. Esta estrategia de visualidad de la fuente permite ver, a través de sus cuadros, qué instituciones realizaron el levantamiento, junto a la fecha de este y de la última edición, así como también la escala y la clase de trabajo que se realizó. Esto significa que la información topográfica está organizada por provincia y cada una de estas cuenta con un mapa que antecede a los cuadros informativos. Si bien existen algunas incongruencias, podemos decir que la intencionalidad es complementar cada mapa provincial con los cuadros, una clara relación entre imagen y texto.

El caleidoscopio topográfico de las provincias

En este apartado presentaremos una breve reseña sobre las instituciones, visibles en el Catálogo Cartográfico, que participaron de los relevamientos topográficos, para luego reflexionar a partir de tablas, gráficos y mapas sobre el caleidoscopio institucional que pareció haber caracterizado el proceso de la conformación de la cartografía nacional.

Las Instituciones

Instituto Geográfico Militar (IGM)

La memoria institucional vincula la creación de este organismo con el nacimiento de la Oficina Topográfica Militar a fines de 1879. La dirección de la oficina quedaba en manos del teniente coronel Manuel J. Olascoaga. Esto debe entenderse en el marco de la Organización Nacional (entre la caída de Rosas en 1852 y la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880), que garantizó la seguridad interior, y que, gracias a la llamada Campaña del Desierto dirigida por el ministro de Guerra y Marina, Julio A. Roca, incorporó miles de hectáreas al mercado de tierras, necesarias para apuntalar el naciente modelo de acumulación capitalista: el agroexportador (Ferrer, 2008).

Ahora bien, para comienzos de 1904 las nuevas misiones y funciones llevarían a una nueva denominación: Instituto Geográfico Militar. Esto hace que algunos autores coloquen su fecha de inicio en este año (Lois, 2004). El naciente organismo presentó hacia 1912 el “Plan de la Carta”, que proponía elaborar mapas del territorio nacional en varias escalas a partir de nuevos sistemas de medición con la intención deconfigurar una carta exacta del territorio nacional, que se ajustara a los proyectos internacionales de comienzos del siglo XX, que buscaban anclar la cartografía moderna (Mazzitelli Mastricchio, 2017).

Estas iniciativas pronto tuvieron un reconocimiento por parte del gobierno nacional, que hacia 1919 le asignó al Instituto la responsabilidad de la elaboración de la cartografía oficial del territorio nacional y la realización de los trabajos geodésicos. Incluso puede leerse la posterior promulgación de la Ley N°12.696 (Ley de la Carta) en 1941, que va en este mismo sentido, ya que se comenzó en forma sistemática y regular la realización de trabajos geodésicos fundamentales y los levantamientos topográficos con apoyo uniforme y homogéneo de todo el territorio nacional.

Instituto Nacional de Geología y Minería (INGM)

La constitución del INGM se produjo el 4 de agosto de 1963, mediante el Decreto Ley 6674/63, que colocó al organismo bajo la órbita de la Secretaría de Estado de Industria y Minería, dependiente del Ministerio de Economía.

La creación del INGM fue acompañada de una carta orgánica que lo dotaba como persona jurídica de derecho público y privado en todos los aspectos, científico, técnico, comercial y financiero, al mismo tiempo que especificaba sus misiones y funciones, entre las cuales podemos destacar la confección de los mapas geológicos, metalogenéticos y tectónicos del país; o las tareas de exploración y perforaciones para determinar la existencia de minas o aguas subterráneas, así como también realizar tareas de asesoramientos, cooperación con diversas entidades del sector, al mismo tiempo que se encargaría de la organización, elaboración y difusión de los trabajos y estudios sobre las posibilidades económicas del suelo y el subsuelo nacional (PEN, 1963).

Con el correr de las décadas, durante los años setenta y ochenta, el organismo fue sufriendo modificaciones de nomenclaturas y algunas funciones hasta transformarse –en 1996– en el Servicio Geológico Minero Argentino. De esta forma, el INGM forma parte de la extensa historia institucional del SEGEMAR, la cual suele ubicar su punto de partida con la creación de la División de Minas, Geología e Hidrología por el decreto del 25 de octubre de 1904.

La repartición en sus inicios y hasta 1922 estuvo a cargo de Enrique Hermitte (1871-1955).Formado en la Escuela Superior de Paris, le dio un gran impulso a las actividades geológico-mineras y en sus decisiones mostró tener una notable visión tanto de la realidad que le tocaba enfrentar, así como de las soluciones más inmediatas que se deberían adoptar. Una de las más importantes se vinculaba sin dudas con la falta de geólogos, principalmente argentinos. Para ello desarrolló un plan basado en que la Dirección General incorporara alumnos universitarios a los efectos de que ellos tuvieran la oportunidad de aprovechar las experiencias y los conocimientos de los geólogos europeos que trabajaban en la misma. El éxito de este plan se debió pura y exclusivamente a Hermitte, ya que entre las dos instituciones participantes nunca se emitió una declaración oficial, ni se firmó algún convenio u otro documento que expresara el propósito de contribuir a remediar la ausencia de geólogos nacionales en las investigaciones geológico-mineras del país. (Camacho, 2008)

No obstante, es posible rastrear antecedentes institucionales previos en las últimas décadas del siglo XIX. La referencia a citar es la creación de la Sección de Minas, en 1885, dentro del Departamento de Obras Públicas del Ministerio del Interior. También deben agregarse las posteriores elevaciones de rango en Departamento Nacional de Minas y Geología, en 1887, y luego en División de Minas y Geología, para 1898 (SEGEMAR, 2004).

Comisión Nacional del Río Bermejo (CNRB)

La creación de la CNRB se efectuó con el Decreto-Ley N°4.962/57, producto de la presión regional y las recurrentes sequías en Chaco. Desde la publicación en el Boletín Nacional, el 20 de mayo de 1957, la comisión comenzó a funcionar bajo la dirección del almirante Gregorio Portillo. Entre sus tareas estuvo la de realizar cartas topográficas en 1959 y 1960 en la provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Salta, por donde atravesaba el río.

Las acciones y la vida institucional de la comisión recibieron un duro golpe durante la presidencia de facto de Onganía con la sanción de la Ley 17.405/67, que creaba la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata, al mismo tiempo que dejaba sin fondos y disolvía la Comisión Nacional del Río Bermejo:

Artículo 10. — Disuélvase la "Comisión Nacional del río Bermejo" creada mediante el Decreto-Ley N° 4.962/57 (Ley N° 14.467) y derógase dicha disposición legal y las complementarias y/o reglamentarias que se hubieren dictado en su consecuencia.

Artículo 11. — Los créditos asignados por el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 1967 a la "Comisión Nacional del río Bermejo" pasarán a constituir parte del Presupuesto de la "Comisión Nacional de la Cuenca del Plata" que se crea en virtud del artículo 1° de la presente ley (PEN, 1967).

No obstante, la comisión volvió a funcionar en escala regional. En primera instancia, a partir de la firma del acta constitutiva del 02 de octubre de 1981 y posteriormente, tal como señala Gustavo Barbarán –especialista de energía de la CNEA–, recién en diciembre de 1982 fue instituida la Comisión Regional del Bermejo, mediante Ley Nº22.967 del gobierno de facto, la cual aprobó un acta constitutiva suscripta exactamente un año antes por las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero (estas últimas dos por el viejo proyecto de un segundo canal) y el Gobierno nacional (representado en la actualidad por el ministro de Planificación, que la preside) (Barbarán,2015).

En su organigrama institucional remarcan como objetivo central del organismo la toma decisiones políticas y la puesta en marcha de acciones imperiosas para la explotación integral, racional y múltiple de los recursos hídricos de la cuenca del río Bermejo. Actualmente la COREBE depende de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, y continúa impulsando obras sobre el curso del río, como, por ejemplo, el sistema de drenaje en la zona de manantiales para la recuperación y desarrollo del área de riego, en la provincia de Jujuy, para conducir en forma controlada los caudales para el riego agrícola.

Comisión de Límites Internacionales (CML)

El ordenamiento del territorio nacional argentino iniciado en la segunda mitad del siglo XIX a partir de tratados bilaterales limítrofes con los países vecinos no estuvo exento de disputas que buscaban legitimar territorios considerados como propios.

El proceso mismo de definición territorial llevó a la búsqueda de datos históricos, cartográficos y geográficos que sirvieran para justificar las distintas pretensiones territoriales de los países involucrados en disputas por el control del territorio. En la Argentina dichos datos eran buscados, analizados y sistematizados por comisiones que dependían del Ministerio de Relaciones Exteriores. Había una comisión por cada conflicto limítrofe, y, si bien eran totalmente autónomas entre sí, los integrantes se repetían (Mazzitelli Mastricchio, 2007).

Entre los acuerdos más notables podemos mencionar el Tratado de 1856, en el que Chile y la Confederación Argentina reconocen que los límites de sus respectivos territorios, los que poseían como tales al tiempo de separarse de la dominación española. Y el Tratado de Límites de 1881, llevado adelante por Francisco de Borja y Bernardo de Irigoyen, que trataba de aportar claridad en los reclamos por diversos valles en la cordillera, territorios en la Patagonia y la demarcación en la isla de Tierra del Fuego.

Los acuerdos fueron celebrados en forma sincrónica con los trabajos de las comisiones demarcadoras abocadas a realizar aportes significativos. La historia institucional y patrimonial del Museo de la Diplomacia dependiente Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto plantea que las comisiones argentinas en el terreno eran presididas por un Perito y compuestas por científicos, geólogos, botánicos, ingenieros, baqueanos, cazadores, peones, arrieros, cocineros, señaleros, preparadores de instrumentos, fotógrafos, maestros de víveres y dibujantes. Su misión era representar el recorrido de la línea del límite en el terreno y erigir hitos en aquellos lugares donde fuera necesario, conjuntamente con la comisión de límites de la contraparte, lo que dio lugar a las comisiones mixtas. Pasaban largas jornadas en sitios muy accidentados, el trabajo de campo era devastador y los imprevistos, innumerables (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2016).

La creación de la Comisión Nacional de Límites estuvo estrechamente relacionada con la organización de los ministerios nacionales a través de la Ley 3.727 de 1898, que dividía la administración estatal en ocho reparticiones. En su artículo N°9, inciso 5°, le otorgó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la exclusiva competencia para la determinación y demarcación de los límites internacionales, la resolución de las cuestiones a que ellos dieran lugar y el establecimiento de convenios relativos a la fijación de dichos límites.

En resumidas cuentas:

la Oficina de Límites Internacionales que debía ocuparse de: a) compilar todos los datos históricos, geográficos y topográficos relativos a las fronteras de la República; b) certificar el trazado de los límites internacionales en la cartografía oficial, según títulos y derechos de los tratados sobre fronteras; c) coordinar los trabajos de las comisiones de límites (Brasil, Chile) y archivar los documentos elaborados por ellas (Mazzitelli Mastricchio, 2007, p. 1).

Como ya se mencionó, en 1941 la sanción de la Ley 12.696 le otorgó el monopolio de la producción de la cartografía nacional al IGM. La nueva situación jurídica convirtió a la Oficina Internacional de Límites en un ente controlador de la cartografía limítrofe producida por el IGM, limitando sus funciones a la demarcación del límite sobre el terreno y a volcar datos de la línea divisoria sobre los mapas producidos por el IGM.

Actualmente, la Comisión Nacional de Límites (CONALI) –dependiente de la Dirección Nacional de Límites y Frontera, que depende a su vez del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto– trabaja en los asuntos limítrofes relacionados solo con la parte continental e insular del territorio nacional, dejando de lado al Río de la Plata, Malvinas y Mar para otra institución dependiente del mismo ministerio. Dependen de la CONALI cinco comisiones, una por cada país limítrofe (Comisión Chile; Comisión Brasil; Comisión Paraguay; Comisión Bolivia y Comisión Uruguay) (Mazzitelli Mastricchio, 2007).

Agua y Energía Eléctrica – Dirección General de Irrigación (AyE-DGI)

Los antecedentes de la creación de la AyE-DGI podemos buscarlos en la Dirección General de Irrigación.⁴ La creación de este organismo se encontró emparentada con la aprobación de la Ley 3.727 de 1898, que daba paso a la organización de la administración estatal en ocho carteras ministeriales, yen su artículo N° 1 creaba el Ministerio de Obras Públicas .Entre sus competencias se encontraba: “Estudio, proyecto y construcción de obras que faciliten la navegación marítima y fluvial, canales navegables, de riego y embalses, puertos, muelles, diques de todo género, dragados, etc." (PEN, 1898, p. 1).

Hacia mediados de la década del cuarenta, durante el primer gobierno de Juan D. Perón, la Dirección General de Irrigación se fusionó con la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado, por medio del Decreto N° 3.967/47.Se creaba de esta manera la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica. Tal como se menciona en la Reseña histórica de Agua y Energía Eléctrica, de la Memoria de las Privatizaciones de la Subsecretaria de Administración y Normalización Patrimonial –Dirección Nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas–, las funciones de agua y energía eléctrica (AyE) fueron enunciadas en el proyecto de ley, el cuales tipulaba diversas funciones, como el estudio, proyectos, construcción y administración de las obras para riego, así como también de las obras de saneamiento de zonas inundables y explotación de centrales eléctricas (Ministerio de Economía y Finanza Públicas, 2015).

Posteriormente se introdujeron pequeñas modificaciones al texto de la ley y se agregó el inventario y evaluación de los recursos de los ríos y otros cursos de agua, sus cuencas y demás fuentes de alimentación utilizables con fines de riego, bebida y aprovechamiento energético.

Unos años más tarde la Ley N° 13.653 de 1949 transformó a la Dirección en empresa del estado y la inscribió en la organización del sistema. El cual se caracterizó por una concepción de la energía como un bien estratégico y la consecuente implementación de políticas públicas para su desarrollo por más de cuarenta años (Garrido, 2019). Al menos eso puede leerse en el aumento de misiones y funciones de la institución–en materia de generación, transformación y distribución de electricidad–,las cuales fueron adquiridas a partir de la sanción de la Ley N° 15.336 en 1960, conocida como Ley de Energía Eléctrica. La vida institucional terminaría con el avance de las políticas neoliberales y el proceso privatizador de la década del noventa durante el gobierno de Carlos S. Menem.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

Las primeras referencias sobre la explotación del petróleo en la Argentina las encontramos en los primeros intentos de explotación, en 1895, por medio la Compañía Jujeña de Kerosene. Otros antecedentes en materia de explotación petrolífera se encuentran en la fundación de la Compañía Mendocina de Petróleo (1886) y las actividades entre 1904 y 1908 de la Compañía Acme Oil Syndicate. Pero el principal aporte fue realizado por la División de Minas, Geología e Hidrología con el descubrimiento con las cuencas petrolíferas en Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, en 1907.

Luego del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia se instalaron artefactos para una destilería primitiva, pero el aprovechamiento efectivo del recurso recién sucedió con la creación de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el 3 de Junio de 1922, durante el último tramo de la presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922), cuando la decisión política del gobierno radical implicó un involucramiento más decisivo en la actividad petrolera nacional.

Esta iniciativa se enmarcó en un contexto signado por la fuerte presión que ejercían sobre el mercado petrolero argentino –y en general sobre toda América Latina– las compañías petroleras estadounidenses (Jersey Standart) y europeas (Anglo Persian Oil Company y Royal Dutch Shell) en la competencia por el control de reservas petroleras en lo que algunos autores han definido como “la lucha petrolera de posguerra”.

En sus comienzos (1922-1930), el coronel e ingeniero Enrique Mosconi se hizo cargo de la empresa estatal, y bajo su gestión –con un marco nacionalista en expansión– YPF adquirió completa autonomía administrativa respecto del Ministerio de Agricultura, y avanzó en la implementación de sucesivos planes para el incremento de la producción de petróleo crudo en los yacimientos de Comodoro Rivadavia y Plaza Huincul (Marqués, 2013).

El desarrollo del organismo sería potenciado posteriormente con el cambio en el modelo de acumulación de capital en Argentina, caracterizado por la implementación paulatina de la industrialización por sustitución de importaciones, que se había iniciado en la década del treinta e intensificado con el peronismo y el desarrollismo.

Hacia fines de los setenta, el giro en la política económica de tintes neoliberales impuesto por la dictadura militar del 1976 y la crisis inflacionaria, social y económica del gobierno de Alfonsín marcaría el destino de YPF y de varias empresas del estado. Debido a que la última década del siglo XX estaría caracterizada por un fuerte impulso del neoliberalismo y una gran reforma del estado, el gobierno de Carlos Menem emprendió la privatización de la empresa petrolera de bandera por medio del Decreto N° 2.778/90:

Artículo 1° — Dispónese a partir del 1° de enero de 1991 la transformación de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SOCIEDAD DEL ESTADO en YPF SOCIEDAD ANONIMA, la que se regirá por la Ley N° 19.550. Capítulo II, Sección V, Artículos 163 a 307 (texto ordenado en 1984). Previo cumplimiento de la Ley 23.696, sus acciones serán ofrecidas en bolsas y mercados bursátiles y también en licitaciones. YPF SOCIEDAD ANONIMA iniciará, inmediatamente, los trámites a tales fines (PEN, 1990, p. 1).

Los cambios en los primeros años del siglo XXI marcaron el rumbo nuevamente a su nacionalización. El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de expropiación del 51% de las acciones de YPF y la intervención inmediata de la centenaria empresa petrolera. Pocas semanas después, el Congreso aprobó sin cambios y con amplias mayorías el proyecto del Poder Ejecutivo, y el estado argentino retomó efectivamente el control de YPF (Gadano, 2013).

Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF)

Los primeros antecedentes en el siglo XIX del organismo pueden remitirse a la sanción de la Ley 448 de 1870, durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento, que fomentaba las exploraciones mineras, en particular la del carbón, otorgando un reconocimiento monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya explotación fuera más ventajosa que la del mineral importado. También pueden señalarse los descubrimientos de carbón por Francisco P. Moreno, en 1887, en las cercanías del Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Los antecedentes en el siglo XIX, sin duda se encuentran, por un lado, en la creación –en febrero de 1902– de la Comisión de Estudios de Napas de Agua y Yacimientos Carboníferos, dependiente de la Sección Industrias Mineras de la División Industrias. Por otro lado, en la creación –por medio del Decreto N°87.672– de la División Carbón Mineral, que operó dentro del organigrama de YPF. Y, finalmente, hacia 1945, mediante el Decreto N° 22.389, se reglamentó el estatuto orgánico de la Dirección de la Energía de 1943, que sentaba los cimientos para la constitución de la Dirección Nacional de Combustibles Sólidos Minera (ENDE),separada de YPF.

La creación definitiva de YCF se consustanció con el Decreto N°3.682/58 de agosto de 1958, el cual le otorgo carácter de empresa del Estado y el control total de la exploración y explotación del carbón en la Argentina.

Es menester resaltar el desarrollo de YCF en la cuenca de Río Turbio. Allí la fundación de la empresa estatal tuvo más que cualquier otro lugar la expresa misión de “estudiar, explorar y explotar los combustibles sólidos en general y el yacimiento de Río Turbio en particular”, y adoptó una estructura diversificada (Barbosa, 1988).

La envergadura del emprendimiento se vincula con tres elementos interconectados. En primer lugar, debe tenerse presente el rol protagónico del Estado como propulsor del desarrollo nacional y la integración regional a través de la conformación de polos de desarrollo. En esta lógica, la consolidación de la cuenca de Río Turbio bajo la forma de enclave productivo convirtió la explotación del carbón en la principal actividad de la región. En segundo lugar, debemos considerar las aspiraciones estatales de autoabastecimiento energético. El inicio de la Segunda Guerra Mundial intensificó el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que venía desarrollándose en el país desde la década de 1930. Finalmente, en tercer lugar, debemos citar la cuestión geopolítica, ya que el yacimiento se encuentra localizado en el extremo sudoeste de la provincia de Santa Cruz, al pie del límite internacional con Chile (Nahón, 2005).

Hacia 1989, por medio de la Ley N° 23.696, el organismo intervenido hacía unos meses en el marco del proceso reformador del estado del gobierno de Carlos S. Menem quedó sujeto a privatización parcial. Al año siguiente, a través del Decreto N°2.074, se dispuso la privatización parcial con participación privada mayoritaria, para que en 1992 pasase a la órbita provincial y fuera privatizado totalmente mediante el Decreto N° 988/93.

Ente Provincial del Río Colorado (EPRC)

La creación del Ente Provincial se produjo durante la presidencia interina de José María Guido, que asumió el cargo de la primera magistratura tras el golpe de estado de marzo 1962. En este mismo año, el día 28 de junio, la firma del Decreto N° 21/62 dio origen al organismo autárquico con capacidad de derecho público y privado, y relación con el Ministerio de Obras Públicas. En este cuerpo jurídico se estipuló que el Ente tendría su domicilio en la ciudad de Santa Rosa, y que objetivo primordial sería promover el desarrollo integrado económico y social del área sometida a la jurisdicción (PEN, 1962).

El Ente Provincial del Río Colorado tuvo a cargo la planificación integral del área y tuvo que coordinar con otros organismos provinciales, regionales y nacionales de planeamiento; mantuvo esta denominación hasta el 1966.

Según la publicación periodística Semanario Región, en ese año, por medio del Decreto N° 775/66, se permitió su intervención, y por medio de la Ley N° 441, se le asignó el nombre de Secretaría Planificación y Desarrollo de la Cuenca del Río Colorado, hasta que el 25 de septiembre de 1968, y por Ley 482, la entidad tomó el nombre de Administración Provincial del Río Colorado. En diciembre de 1973 caducó la administración y por Ley 490 se devolvió al organismo el nombre original. El 20 de abril de 1976 se disolvió el directorio y, a partir de ese momento, el organismo quedó a cargo de Intervenciones. El sistema de Directorio se reimplementaría recién en noviembre de 1982. Finalizada la etapa de transición, 82/83, la normalización definitiva se concretó con el advenimiento del sistema democrático, en diciembre de 1983, y se mantiene hasta hoy (Semanario Región, 2012).En la actualidad el Ente depende del Ministerio de Producción de la Provincia de la Pampa.

Comisión Interprovincial del Río Colorado (COIRCO)

Los antecedentes del organismo interprovincial los podemos encontrar en al menos tres acontecimientos. El primero de ellos lo vinculamos a la Conferencia Río Colorado, celebrada el 29 y 30 de agosto de 1956 en Santa Rosa, provincia de La Pampa. En las Actas de la Conferencia Río Colorado podemos encontrar desde la copia del Decreto N° 921/56, que posibilitó la creación de la comisión organizadora, así como también resúmenes de los profesionales asistentes de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Neuquén, y de los ministerios nacionales de Obras Públicas, Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería y delegados de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

La expresa manifestación de la importancia de crear un organismo técnico interprovincial para estudiar la cuenca del río Colorado en la conferencia de 1956 llevó justamente a la creación en 1957 dela Comisión Técnica Interprovincial del Río Colorado, lo que constituye nuestro segundo antecedente. Este se encargó de realizar los estudios relativos a la regulación, aprovechamiento y distribución de las aguas de la cuenca. Posteriormente, el tercer antecedente lo encontramos en 1969 con la V Conferencia de las provincias que comparten ribera del río Colorado, que resolvió la inédita misión de formular un programa único para toda la cuenca, pidiendo la colaboración de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

De esta forma, si nos basamos en la memoria institucional del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el COIRCO fue creado en 1976 por acuerdo de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Mediante ese comité, las provincias asumieron la responsabilidad de poner en marcha el Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Río Colorado, tendiente a una distribución razonable y equitativa de sus aguas para beneficio común, la construcción y los planes de operación y mantenimiento de las obras de derivación, regulación e hidroeléctricas, así como el caudal y salinidad de los retornos de las obras de regadío (Ministerio de Obras Públicas, 2015).

Es necesario señalar que, si se tiene en cuenta la fecha de elaboración y publicación del Catálogo Cartográfico, está claro que fue la Comisión Técnica Interprovincial del Río Colorado la que realizó los mapeos, y no la Comisión Interprovincial del Río Colorado creada a posteriori.

Análisis y Reflexiones

El universo institucional, presentado tanto en estas breves reseñas como en la Tabla 1, nos marca la pauta de una gran heterogeneidad interviniente en los relevamientos topográficos hasta por lo menos poco más de la mitad del siglo XX.

En este sentido, la figura1 nos muestra la cantidad de instituciones que realizaron trabajo de relevamiento topográfico en cada provincia y que confeccionaron sus propios mapas. A esos mapas los consideramos como la expresión de saberes de un territorio y como producto de un contexto social, político y económico de cada momento histórico. Saberes de un conocimiento social que habían sido producidos en estrecha relación con la constitución del estado moderno y la incorporación de saberes expertos.

Tabla 1

Instituciones por Provincia

Fuente: Elaboración propia con base en el Catálogo Cartográfico.* Tierra de Fuego al momento de la publicación de nuestra fuente en 1967 era territorio nacional

Tal como señala Neiburg y Plotkin (2004), el motor de la producción de conocimiento social debemos buscarlo en las necesidades de una burocracia estatal en expansión, en la confluencias entre espacios distintos (ámbitos de validación de ideas y de prácticas) en los que el conocimiento sobre la sociedad es producido. Esto es aplicable al menos en países como el nuestro, donde los ámbitos burocráticos han visto condicionadas su oportunidades de carrera por los cambios bruscos y relativamente frecuentes, y solo la confluencia de especialistas académicos ofrece una serie de instrumentos para sustentar las acciones del Estado–análisis de problemáticas sociales y posibles soluciones–, a la espera de obtener de las instituciones estatales legitimidad social (Neiburg y Plotkin, 2004).Un ejemplo de esto último puede verse en la mencionada tarea de Hermitte, en los comienzos de la División de Minas, Geología e Hidrología.

Figura 1

Instituciones relevantes por provincia

Fuente: Elaboración propia con base en Catálogo Cartográfico.

Ahora bien, es menester pensar que la búsqueda de legitimación social de los saberes técnicos generaron tensiones entre las diferentes instituciones que se arrogaron o tuvieron, al menos en un principio, entre sus misiones y funciones, la elaboración de mapas. Por un lado, debemos entender a los mapas en sí mismos como “artefactos culturales” (Harley, 2005), como parte de la extensa gesta de símbolos y gestiones o discursos –la misma cartografía fue transformada en un discurso que legitimó y organizó la percepción del territorio estatal– que permitieron crear sentimientos de pertenencia en el proceso de consolidación del Estado y la nación Argentina (Lois, 2004). Por otro, podemos decir que en esa transmisión de ideas, deseos, intereses, perspectivas y prioridades sobre un territorio determinado, los mapas se transforman en instrumentos de poder (Cortese, 2008).

Durante la primera mitad del siglo XX, ese poder se fue concentrando bajo la figura rectora institucional en el IGM, que estaba dotada de un control monopólico de la cartografía oficial del Estado, en consonancia con Ley de la Carta de 1941. Sin embargo –y pese a su presencia prácticamente en todo el caleidoscopio provincial–,esto no sesgó totalmente la posibilidad de producir material cartográfico a una variada cantidad de instituciones en los diferentes territorios provinciales, como puede verse en el Figura 2.

Figura 2

Instituciones de Levantamiento Topográfico por Provincia

Fuente: Elaboración propia con base en Catálogo Cartográfico.

En nuestro trabajo observamos cómo junto al material topográfico producido por el IGM aparecía otra serie de homólogos. Esto lo presentamos visiblemente en el mapa de la Figura 3. La cuestión es reflexionar si estos acompañamientos presentes en la mayoría de las provincias –salvo en Misiones, Corrientes y Entre Ríos– son complementarios o expresan algún tipo de disputa. El mapa invita a pensar que detrás de las esferas coloridas, tal como el caleidoscopio sugiere, se encontraba una realidad dinámica y cambiante.

El panorama resulta complejo si tenemos en cuenta las motivaciones económicas, políticas y simbólicas de los actores institucionales. Al observar, por ejemplo, algunas de las provincias de la Región Patagónica o las provincias cuyanas, observamos una presencia marcada de los YPF y YCF, con claro el objeto de explotar el recurso petrolífero y del carbón. Pero también notamos la presencia de la CML, particularmente en Chubut y Santa Cruz(Figura 4 y 5), en torno a las zonas cordilleranas limítrofes con Chile. Esta última, afectada sus competencias por la Ley de la Carta, aparece en nuestro universo topográfico con elaboraciones a mediados de los años cincuenta. Si hacemos hincapié en Santa Cruz, veremos también otras superposiciones como la de AyE-DGI junto con INGM y el Instituto Geográfico Militar, las cuales pueden volver a encontrarse en provincias como Jujuy (Figura 6), donde además se suman los mapeos de instituciones como la CNRB.

Figura 3.

Calidoscopio Topográfico Institucional

Fuente: Elaboración propia con base en Catálogo Cartográfico.

Figura 4.

Provincia de Chubut

Fuente: Catálogo Cartográfico

Figuras 5.

Provincia de Santa Cruz

Fuente: Catálogo Cartográfico

Figura 6.

Provincia de Jujuy

Fuente: Catálogo Cartográfico

Entonces caben los interrogantes tales como:¿Cuáles son los motivos por lo que encontramos producción topográfica luego que el IGM ya detentará el monopolio legítimo? ¿Por qué YPF o YCF no encarga el trabajo topográfico al IGM? ¿Por qué el CNRB, que junto al COIRCO fue creado entre 10 y 20 años después de la Ley de la Carta, está mapeando el territorio?

Es posible pensar en que son las coyunturas políticas de los gobiernos de turno –marcados por una inestabilidad democrática y los vaivenes del modelo de acumulación desarrollista con un estado sumamente presente en la economía– los que marcan las dinámicas oscilantes de las instituciones y su accionar. O, tal vez, justamente habrá que pensar al estado, como señala Plotkin y Zimmerman (2012), ya no como un aparato cohesionado, sino concebirlo como “Estado fragmentado”, cuyo funcionamiento es resultado de múltiples lógicas, propias de los distintos actores que lo habitan y de las relaciones que estos establecen con la sociedad civil.

Para continuar pensando la trama de actores involucrados en el desarrollo de las políticas, debemos señalar que un elemento más del entramado es tener en cuenta el recorrido histórico y el acervo de las instituciones intervinientes en las topografías. Varias de ellas tienen larga data y con raíces en el siglo XIX, en pleno proceso de consolidación de la nación y el estado, como el caso de la CML y el IGM. El primero de ellos fue activo participante en las disputas limítrofes con Chile y ayudó en cierta medida a configurar los límites del mapa nacional. Por su parte, las ascendencias institucionales del INGM contribuyeron en forma decisiva en los primigenios pasos de los Yacimientos Carboníferos y Petrolíferos Fiscales, lo cual presupondría móviles de disputa simbólica con el monopolio, construidos por el IGM, sin dejar de lado que los vaivenes políticos y económicos institucionales en el siglo XX argentino ayudaron en gran medida a la puja entre las dependencias por obtener partidas presupuestarias y demás recursos. Claro que al mismo tiempo podemos pensar que las oficinas técnicas que no son el IGN intervinieron en problemáticas territoriales específicas (petróleo, frontera, infraestructura, etc.), mientras que IGM realizó una topografía más general. Lo cierto es que, tal como observamos tanto en las tablas, como en los gráficos y en la mayoría de los mapas, hubo hasta por los años 60 una activa política topográfica que no siempre respondió a una única centralidad; al contrario, la percepción de las imágenes topográficas parece mostrarnos una diversidad un tanto más dinámica.

Consideraciones finales

Si bien este trabajo preliminar plantea más interrogantes que certezas, debemos señalar que el objetivo buscado era hacer una contribución modesta –por medio del análisis del Catálogo Cartográfico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, las concisas reseñas institucionales y las presentaciones someras de gráficos y mapas– a la reflexión de la política cartográfica del estado argentino, a partir de analizar la heterogeneidad de los organismos intervinientes en el mapeo cartográfico.

En este sentido, podemos decir que las instituciones –salvo el Comité Interprovincial del Río Colorado y el Ente Provincial del Río Colorado– son dependencias nacionales, y que los espacios elegidos por las instituciones respondieron a la explotación de los recursos e intereses políticos perseguidos por el estado nacional, lo cual en repetidas ocasiones significó superposiciones de los levantamientos. Estas superposiciones responderían a diferencias en los objetivos topográficos (el IGN más general y las otras instituciones haciendo “zoom” en una temática específica), o bien, a tensiones y/o disputas de diversa índole que parecieron abonar a la configuración de una topografía caleidoscópica.

En resumidas cuentas, es posible pensar que los móviles económicos para explotar rápidamente los recursos y/u obtener fondos del poder ejecutivo no hayan sido los únicos impulsos que llevaron a las instituciones a seguir topografiando y a continuar legitimando lo topografiado en clara disputa con el monopolio del IGM. Tal vez haya que prestar atención también a la gran importancia que representa el capital simbólico acumulado a la búsqueda de legitimación social de expertos de las distintas instituciones y que, en última instancia, pasara a formar parte de la tradición nacional. ¿Una tradición “inventada” acaso no representa un impulso fuerte para inmortalizarse en el mapa propio de la historia?

Referencias

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Fuentes:

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Semanario Región (2012). Del 29 de junio al 5 de julio de 2012 - Año 22 - Nº 1.047. R.N.P.I. Nº 359581.

Notas