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Migración, normativas y desigualdades en América Latina: análisis comparativo Argentina y México

Introducción

En los últimos años, las migraciones internacionales han experimentado diversas transformaciones a nivel regional. Países que solían ser expulsores de población ahora están recibiendo migrantes de diferentes lugares de origen, mientras que otros con tradición receptora, han invertido su patrón, modificando sus dinámicas. En este marco, los estudios socio-espaciales permiten establecer un diálogo interescalar que facilita la comprensión de estos procesos desde los diferentes niveles implicados. Además, las políticas públicas desempeñan un papel fundamental en estos fenómenos, afectando diversos aspectos de estas movilidades, especialmente a nivel nacional, aunque también en menor medida a escala subnacional y local, con lo cual el protagonismo de la espacialidad también se hace presente. Tal como señala Wacquant (2007, p. 17) “las estructuras y las políticas estatales juegan un papel decisivo en la articulación diferencial de las desigualdades de clase, de lugar y de origen (etnorracial o etnonacional)”. Esta articulación diferencial se reconoce también dentro del conjunto de la población migrante, donde cada pasaporte puede recibir un tratamiento distinto de acuerdo con el país que lo haya emitido; esto permite desplazamientos más veloces, simplificados y económicos para los casos de las nacionalidades privilegiadas, tal como las definió Pardo Montaño (2021). Esta selectividad de acuerdo con la nacionalidad de origen se halla íntimamente relacionada con la xenofobia y la racialización de la migración que, junto con la condición de clase, confluyen en una yuxtaposición de desigualdades que ubican a las personas migrantes en posiciones más o menos desfavorables según se combinen.

En términos teóricos, este trabajo se posiciona desde una geografía social crítica interesada por analizar y dimensionar, en contextos de desarrollo geográfico desigual del neoliberalismo (Harvey, 2007), el rol de las movilidades humanas, su composición y distribución a distintos niveles como protagonistas de la producción social del espacio (Lefebvre, 2013). Este enfoque, junto con la reconstrucción de la historicidad de las migraciones y de las políticas públicas vinculadas, se fundamentan en la búsqueda por deconstruir ciertas tendencias homogeneizantes que impiden reconocer velocidades y diversidad en el tiempo y espacio. Así, en el contexto de profundas desigualdades socio-territoriales dentro de América Latina, este artículo tiene como objetivo desarrollar una propuesta comparativa y multinivel entre Argentina y México, con el fin de analizar las formas de incorporación de los migrantes a través de las dimensiones territoriales y políticas.

Comparar los procesos migratorios entre México y Argentina permite identificar tanto similitudes estructurales como particularidades históricas, normativas y territoriales que configuran regímenes de incorporación diferenciados. Estos países representan casos relevantes en América Latina por sus trayectorias migratorias contrastantes: uno con una larga tradición como país de destino (Argentina), y el otro con un papel más marcado como país de tránsito y expulsión (México), pero ambos enfrentan desafíos contemporáneos similares en torno a la gestión de flujos crecientes, el reconocimiento de derechos y la producción de desigualdades. Este ejercicio comparativo permite problematizar las narrativas oficiales y explorar cómo se materializan, en distintos contextos de América Latina, las tensiones entre inclusión formal y exclusión práctica.

Metodología

Metodológicamente, se plantea un abordaje desde la geografía que contemple y tensione estrategias cuantitativas y cualitativas. Entre las primeras se destaca especialmente el análisis espacial, que desde la geodemografía permite delimitar perfiles migratorios y patrones de distribución en diferentes escalas. Luego, como estrategias cualitativas se destaca principalmente el análisis de las diferentes normativas vinculadas a los desplazamientos migratorios de cada uno de los estados estudiados. Cada estrategia, a su vez, responde a enfoques escalares específicos: el análisis de fuentes censales permite comparar a niveles nacionales y subnacionales para dar cuenta de la presencia de patrones de distribución en relación con los perfiles migratorios de cada país. Asimismo, este abordaje hace posible identificar patrones de concentración / dispersión espacial de migrantes según su origen para comprender la configuración territorial al interior de cada país (Sassone y Matossian, 2014). Así, las estadísticas disponibles nos permiten caracterizar los cambios históricos y recientes, también distinguir diferencias y similitudes, siendo estas últimas especialmente notorias para casos como el de la diáspora venezolana, que atraviesa ambas realidades. Se propone este ejercicio comparativo preliminar y fundamental para entender dos contextos con presencia de diversos movimientos de población, que han sufrido cambios destacados en los últimos años. En dichos cambios los aspectos políticos y normativos juegan un papel relevante.

Cabe aclarar que, a pesar de dar al Estado-nación un protagonismo importante en este trabajo particular, en términos generales se busca evitar el nacionalismo metodológico; como destacan Levitt y Glick Schiller (2004) “mientras los Estados–nación todavía son extremadamente importantes la vida social no está confinada a los límites de éstos”. En esta oportunidad, su rol se relaciona con las escalas de análisis priorizadas y con la cobertura espacial que permiten, más allá de sus limitaciones, las fuentes censales. La estructura de este artículo se compone de una primera parte donde se reconstruye brevemente la historicidad del patrón migratorio, composición y distribución de las migraciones en cada uno de los dos países. En la segunda parte se analiza la dimensión política para cada estado nacional para finalmente, en el último apartado que corresponde a las reflexiones finales, establecer las principales similitudes y diferencias, problematizando los alcances comparativos.

Resultados y discusión

Aspectos sociodemográficos: caso México

En el caso de México, las investigaciones se han centrado en la expulsión principalmente hacia Estados Unidos, como principal destino de los mexicanos¹ (Khan, Bhatti y Mustafa, 2021; Genova, 2012; Figueroa y Pérez, 2011; Bustamante, 2007) así como la migración de tránsito (Frank-Vitale, 2020; Vázquez Meneley, 2020; Nájera-Aguirre, 2016) y el retorno de mexicanos (Canales y Meza, 2018; Moctezuma, 2013). Aunque el tema de la inmigración hacia México ha sido cuantitativamente menos importante, existen algunas investigaciones que se han focalizado en la llegada al país de personas de diversas nacionalidades. Por ejemplo, los trabajos de Salazar (2010) muestran cómo, a pesar de que los datos censales no son tan precisos para mostrar la presencia de extranjeros en el país, entre 1880 y 1910 se observó un importante número de personas de diferentes nacionalidades. Sin embargo, la llegada de dicha población generó diversas posturas al respecto, resaltando una mirada nacionalista y xenofóbica, donde se advierte la necesidad de resguardar al país de la “amenaza extranjera” (Yankelevich, 2004).

Otras investigaciones se han enfocado en el proceso de llegada al país de ciertas nacionalidades específicas. Sobre la población procedente de España, Pla Brugat (2001); Cobo (2010); Ortiz Guitart (2018), a partir de metodologías cuantitativas y cualitativas, también han destacado el papel que ha tenido la llegada de población española en México. González (2001) ha documentado la migración voluntaria y forzosa de guatemaltecos a la Ciudad de México en los años ochenta; Nájera-Aguirre (2020) analiza el mercado laboral local transfronterizo en el sur del país desde la perspectiva de los propios trabajadores, mientras que Ramírez Ramos, Nazar Beutelspacher y Zapata Martelo (2020) examinan las dinámicas de inserción laboral de los migrantes guatemaltecos en la frontera sur, explorando el concepto de “inclusión subordinada” para dar cuenta de las condiciones laborales que enfrentan. En el caso de los colombianos, se han estudiado sus principales características y su presencia en México (Merchan y Merchan, 2019; Polo Alvis, Serrano-López y Bernal-Márquez, 2019). Además de los estudios centrados en flujos migratorios más tradicionales hacia México, otras investigaciones han puesto énfasis en la creciente presencia de grupos que anteriormente no tenían una participación significativa en el país, como es el caso de los haitianos (Bourgeois, 2024; Garbey y Almaraz, 2019; Montoya-Ortiz y Sandoval-Forero, 2018).

De acuerdo con los datos de los últimos cuatro censos de población, el número de extranjeros residentes en México ha ido en aumento. En 1990, la población extranjera representó 0,4% del total de la población censada, cifra que para el 2000 alcanza 0,5%, mientras que en 2010 y 2020 constituyó un 0,9% aproximadamente, lo que actualmente equivale a poco más de un millón de personas extranjeras residiendo en México (Tabla 1). La mayor parte de esta población proviene de Estados Unidos y de países ubicados en regiones como Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, con una significativa presencia de personas de origen europeo.

Tabla 1

Extranjeros residentes en México 1990 – 2020*

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI: Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y 2020.* Países ordenados de mayor a menor de acuerdo con la población observada en 2020.

Durante el período comprendido entre 1990 y 2010, el porcentaje de ciudadanos estadounidenses en México experimentó un notable crecimiento, aunque para el año 2020 se registró una disminución (Tabla 1). Este predominio de población procedente de Estados Unidos se puede explicar por la sólida presencia de individuos nacidos en Estados Unidos, cuyos padres, al menos uno de ellos, tienen raíces mexicanas. Además, influye la población de jubilados estadounidenses que se establece en algunos estados mexicanos, según investigaciones previas (Lizárraga Morales, 2008). En segundo lugar, se encuentran los guatemaltecos, cuya presencia en el país se duplicó en 2020 con respecto a 2010, aunque su representación porcentual es considerablemente menor que en 1990. De esta población un alto porcentaje son refugiados de la guerra civil en los años ochenta. Asimismo, una parte significativa de los guatemaltecos se establece en el estado de Chiapas, donde se dedican a labores agrícolas, y otros utilizan a México como país de tránsito hacia Estados Unidos, aunque muchos optan por establecerse de manera permanente en México (Paredes Orozco, 2009).

Dentro de la población centroamericana, es notable el significativo aumento de hondureños y salvadoreños en el país. Asimismo, en el caso de los inmigrantes procedentes de Sur América, los venezolanos y colombianos experimentaron un notorio incremento en comparación con los censos anteriores. Los españoles continúan siendo la principal nacionalidad europea residiendo en México y destaca que, aunque fueron la primera comunidad europea inmigrada al territorio mexicano ha disminuido su importancia porcentual desde 1990, aunque hay que reconocer un reciente repunte de esta población fruto de la crisis económica vivida en este país (Rodríguez-Fariñas, Romero-Valiente e Hidalgo-Capitán, 2016). Finalmente, se puede observar que la población extranjera de Cuba y Haití tuvo también un incremento importante en el país en los últimos años.

Sobre la distribución de esta población en el país, destacan los estados fronterizos, donde se encuentra una importante proporción de extranjeros (ver Figura 1), aunque también sobresalen otros estados como Jalisco y la Ciudad de México.

Figura 1

Distribución de la población extranjera en México por nacionalidad, 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI: Censo General de Población y Vivienda 2020.

A nivel general, la población extranjera residente en México está actualmente conformada por un 50,6% de hombres y 49,6% de mujeres. Estos porcentajes se reflejan en un Índice de Masculinidad (IM) general de 102,3 hombres por cada 100 mujeres.

Dicha población cuenta con una estructura por edad particularmente joven, con una edad mediana de 18 años, mientras que la edad mediana de toda la población en 2020 fue de 29 años (INEGI, 2021). Destaca que poco más del 72% de la población originaria de Estados Unidos residente en México son menores de 20 años. Esto probablemente se deba a que es población nacida en Estados Unidos con padres mexicanos que por distintas razones retorna (voluntaria o forzosamente) a México.

Por otro lado, la población extranjera en México tiene una mediana de 12 años de escolaridad y en general el 43,5% tiene licenciatura o más, mientras que 13,6% tienen primaria completa o menos. Cuando se analiza por regiones de procedencia se tiene una situación heterogénea. Los norteamericanos presentan una escolaridad mediana de 12 años; entre los migrantes de dicha región, los canadienses tienen una mayor escolaridad con casi 50% con licenciatura o más, mientras que los estadounidenses en su mayoría tienen escolaridad secundaria o preparatoria. Los migrantes procedentes de Centroamérica son los que presentan mayores niveles de población sin escolaridad y primaria completa, y una mediana de años de escolaridad de 6 años. De dicha región destaca que 73,6% de los guatemaltecos tienen primaria o menos, mientras que 50% de los hondureños y 37.5% de los salvadoreños declararon tener dicha escolaridad. Por su parte, los extranjeros oriundos de Sudamérica o Europa son quienes tienen la mayor escolaridad, ya que en conjunto más de 70% de dicha población tiene licenciatura o más (con una escolaridad mediana de 16 años). De esas regiones destacan los colombianos, venezolanos, brasileños y chilenos como los sudamericanos con mayores niveles de escolaridad; mientras que en el caso de los europeos resaltan los franceses y alemanes con los mayores porcentajes de población altamente calificada.

En relación con la ocupación principal de los extranjeros en México se observa que las principales actividades que desempeñan fueron profesionistas y técnicos (30,4%), comerciantes, empleados y agentes de ventas (13%) y en actividades elementales y de apoyo (13,6%). Por regiones de origen se observa que el mayor porcentaje de centroamericanos declaró tener su ocupación principal en actividades elementales y de apoyo, seguidas por actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca y como trabajadores artesanales, en la construcción y otros oficios. En cambio, los sudamericanos, europeos, asiáticos y caribeños se ocuparon principalmente como profesionistas y técnicos, resaltando los canadienses, franceses, brasileños y alemanes como las nacionalidades cuya población superó el 50% en esta categoría. Destacan los europeos como aquella región de origen que tuvo los mayores porcentajes de personas ocupadas como funcionarios, directores y jefes, especialmente españoles e italianos. Los norteamericanos se ocuparon principalmente como profesionistas y técnicos o comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas y en actividades elementales y de apoyo. Finalmente, destaca el alto porcentaje de extranjeros provenientes del Caribe, que laboran como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte.

Aspectos sociodemográficos: caso Argentina

La importancia de la migración hacia la Argentina ha sido ya largamente destacada y estudiada desde distintas ciencias sociales y humanas, como parte indispensable de su historia (Maguid, 1997; Devoto, 2004, entre muchos antecedentes). Se hallan numerosas producciones en torno a la relevancia de las llamadas migraciones de ultramar que arribaron en gran medida desde Italia y España (entre otros países) desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX; se estudiaron las causas de las migraciones, los modos de incorporación, las estrategias asociativas y las políticas públicas asociadas a estos complejos procesos. Lo mismo sucedió con los abordajes que se enfocaron en estudiar los flujos desde los países vecinos que aumentaron su protagonismo demográfico frente a la merma de aquellos de ultramar hacia mediados del siglo pasado. Más recientemente, el aumento en las llegadas desde países del continente, no necesariamente vecinos, también estimuló la renovación de investigaciones que dieran cuenta de sus particularidades. De modo paralelo también existieron instancias de análisis que se concentraron en conjuntos menos significativos en términos demográficos, aunque igualmente relevantes para comprender dinámicas menos frecuentes como aquellos grupos llegados desde Asia (Mera, 2012) y África (Kleidermacher, 2015), dentro de un patrón que fue dejando los estudios a escala nacional y general para avanzar hacia los estudios de caso, tanto en términos de colectividades como de espacios geográficos.

De modo sintético, es posible afirmar que la Argentina es, desde al menos su primer registro censal oficial en 1869, un país con una importante presencia extranjera y lo sigue siendo, aunque con evidentes cambios, tanto en la composición migratoria como en la variación respecto al peso relativo de esta población dentro de su total. De un perfil eminentemente europeo de su migración entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se ha ido consolidando una latinoamericanización de la migración de modo progresivo durante toda la segunda mitad del siglo XX. Esto se evidencia en el Tabla 2 donde se identifica a partir de 1991, y con mayor contundencia en los censos de población subsiguientes (2001 y 2010), un descenso en el número de migrantes europeos, que fueron envejeciendo progresivamente. Así, de modo paralelo a aquella declinación, los extranjeros oriundos de países vecinos presentaron una participación numérica y porcentual superior, de tendencia creciente.

Los once censos generales de población de la Argentina (entre 1869 y 2022) conforman una serie histórica que abarca un siglo y medio y permiten comprobar los cambios operados en cuanto a la presencia de migrantes en la Argentina. En términos absolutos, durante ese periodo no superaron los tres millones de personas y el valor más alto se registró en 1960 (con 2.6 millones). Sin embargo, de acuerdo con los datos del último censo nacional, el stock de personas extranjeras en el país alcanzó a ser de poco menos de dos millones (1.933.463) (Tabla 2).

Respecto a los valores relativos, el más alto fue en 1914 cuando este conjunto representó el 30% de la población total del país, debido a la magnitud de los flujos de ultramar entre 1870 y ese año censal. Luego se observó el descenso progresivo al 15%, 13% y 9% en los censos de 1947, 1960 y 1970 respectivamente. Esas disminuciones, especialmente las registradas en las décadas 1960-1970 y 1970-1980 permitieron inferir la denominada “argentinización de la población” (Sassone y Matossian, 2014). Este juego de relaciones entre porcentajes demuestra que en las décadas subsiguientes los extranjeros descendieron en valores relativos hasta un valor mínimo de un 4,2% en 2001. A la vez, aumentaron los aportes de los migrantes de países vecinos en valores absolutos (Tabla 2). Ya en 2010 y 2022, la proporción de población extranjera sobre el total de población se mantuvo estable, en torno a poco más del 4%, y lo que se fue modificando fue el origen de las personas migrantes.

Tabla 2

Evolución de la población argentina, total de extranjeros y por origen, 1980-2022

Fuente: Elaboración propia con base en información censal de 1980, 1991, 2001, 2010 y 2022.

Respecto al origen de los flujos migratorios, en términos generales, desde los años 1990, el papel relevante de los migrantes limítrofes, como categoría demográfica y política, perdió cierta fuerza frente al aumento de la población peruana. Luego, también por la mayor llegada de personas dominicanas ya iniciados los años dos mil e incluso de senegaleses como de otros países de África Subsahariana. A partir de los resultados publicados para el último censo de 2022, se refuerza el perfil latinoamericano de la migración hacia Argentina. Gracias a estos datos es posible reconocer la alta permanencia del protagonismo de las personas nacidas en Paraguay, Bolivia y Perú que siguen ocupando los primeros lugares con 27%, 17,5% y 8% respectivamente sobre el total de población extranjera. Ahora bien, en tercer lugar, con 8,3% se registró a la población venezolana cuya presencia en el país y en otros países resultó de un incremento vertiginoso luego de 2015, en el marco de una “crisis social y política donde el futuro comenzó a concebirse con incertidumbre y la emigración despuntó como una opción para gran parte de la población venezolana de sectores medios y altos con alta calificación educativa” (Melella, 2022, p. 27). Como se distingue en la Tabla 2 su protagonismo resultó muy acelerado entre el último de los períodos intercensales.

Las tendencias de cada colectivo fueron diferentes por el contexto temporal, económico y político que las caracterizaron. También deben tenerse en cuenta los subregistros censales a causa de la irregularidad documentaria, especialmente incrementada durante las dictaduras militares, analizada para los casos de bolivianos, chilenos y paraguayos (Mármora, 1983 y 1984; Sassone, 1987 y 2002). En 2001 se reconocen valores superiores primero para Paraguay y segundo para Bolivia, Chile pierde importancia a raíz del retorno a la democracia en aquel país en 1990. En 2010 paraguayos, bolivianos y peruanos ocupan los primeros puestos. La movilidad de estos migrantes determina configuraciones territoriales propias. En términos generales, los censos argentinos han demostrado que los migrantes paraguayos y bolivianos presentan continuidad en los flujos, con una tendencia creciente y sostenida en el tiempo.

Las migraciones internacionales han sido un elemento de peculiar impacto en los procesos de poblamiento y redistribución de la población en el territorio argentino. La región Pampeana y dentro de ella Buenos Aires como metrópolis, demuestran la fuerte relación entre metropolización y migración. De acuerdo con estudios previos (Sassone, 2002) desde mediados del siglo XIX hasta la década del treinta (siglo XX), se reconoce una primera etapa, de crecimiento centrífugo: la región Pampeana fue el área de atracción para la migración europea y para la limítrofe: uruguayos y brasileños constituían las corrientes más numerosas de ese origen. En 1947 se advirtió el aumento sustancial de migraciones limítrofes en las áreas fronterizas colindantes con Bolivia, Chile y Paraguay y así se puede hablar de una etapa de cambio. Esa presencia en la periferia fue uno de los primeros indicios de esta migración por las mejores condiciones de vida en la Argentina con respecto a las de sus países de origen. En la que se denomina tercera etapa, el poblamiento fue centrípeto y de crecimiento regional y estuvo reflejado en el comportamiento territorial de los migrantes limítrofes en los últimos censos del siglo XX. En los últimos tiempos, es posible hablar de una cuarta etapa, cuyo rasgo dominante es la concentración urbano-metropolitana; las personas migrantes, no solo de países vecinos, sino de otros países latinoamericanos, como también asiáticos y africanos, protagonizan el proceso de atracción creciente en la región Pampeana. Esta concentración, especialmente en la Región Metropolitana de Buenos Aires, es un fenómeno contrario a la tendencia que sigue la población total del país, con tasas superiores en ciudades regionales y medias. A modo de síntesis, en 2010 el 76% de la población extranjera vivía en la región pampeana, por lo cual hablamos de una hiperconcentración a nivel nacional. Esta característica se evidencia en la Figura 2 donde además de la mencionada concentración en la provincia y ciudad de Buenos Aires, se identifican también ciertos niveles de protagonismo migratorio en algunas provincias fronterizas y en ciertas regiones del país, especialmente en la Patagonia. Se trata de situaciones locales en ciudades y pueblos donde esta presencia se vincula con el rol que han tenido las migraciones de países vecinos en los mismos procesos de poblamiento, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Respecto a la composición migratoria, en los gráficos de torta se distingue cómo el peso de la población procedente de países vecinos sigue impactando en las provincias próximas a cada uno de los países limítrofes, especialmente en los casos de Chile en las provincias de sur, Bolivia en las del noroeste y Paraguay en el nordeste.

A diferencia de lo que sucede en el caso mexicano, en Argentina la presencia de población extranjera se encuentra más feminizada: con un 1.061.421 de mujeres y 872.042 de varones, lo que equivale al 54,9% de mujeres. Sí coinciden en tratarse de un conjunto demográfico más joven, en relación con la población total, en el caso argentino los grupos etarios entre los 25 y los 54 años concentran la mayor parte de las personas extranjeras. Sin embargo, la migración sostenida en el tiempo también repercute en su protagonismo en mayores de 65 años donde la población extranjera alcanza el 7,35% del total de la población.

En cuanto a los niveles educativos, la población nacida en Venezuela se destaca por su alto nivel de formación con más de la mitad de esta migración con niveles universitarios completos (57,5%), muy por delante de personas nacidas en Perú (13,7%), España (12,5%), Italia (8,4%), Bolivia (6,1%) y Paraguay (3%). Respecto a cuestiones de trabajo, resulta interesante que la población boliviana se destaca en el segmento que se inserta como cuentapropista (40,2%), aspecto vinculado a su rol destacado en los rubros textiles y de la frutihorticultura. Luego la población paraguaya tiene un porcentaje de casi el 43% como empleados / obreros y un 22% de empleo doméstico, este último altamente feminizado. La población venezolana concentra una gran mayoría (60%) de su población que trabaja como empleada / obrera.

Figura 2

Distribución de la población extranjera en Argentina, por nacionalidades 2022

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INDEC (2022)

Aspectos políticos: caso México

En el tema político, si bien desde la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace referencia en su Art. 11 al derecho para transitar libremente por toda la república, sin que sea necesario tener una carta de seguridad o salvoconducto, la realidad es completamente diferente. No solo para quienes intentan ingresar de manera irregular al país, sino incluso para quienes tienen documentos o permisos migratorios. Estas dificultades para el ingreso al país se han exacerbado en los últimos años, siendo cada vez más común encontrar estos fenómenos denunciados en notas periodísticas, donde se referencia a la discriminación en los aeropuertos hacia personas de ciertas nacionalidades que intentan ingresar al país.

En los últimos años, se ha observado en México, cierta discrecionalidad en la recepción de algunos grupos de nacionalidades, entre las que sobresalen colombianos, venezolanos, peruanos, entre otros, los cuales pueden ingresar al país como turistas sin el requerimiento de una vista, siendo los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes, de acuerdo con su criterio, determinan quiénes pueden ingresar y quiénes no. Esta situación se presenta incluso en casos donde los visitantes cuentan con permisos vigentes para residir o trabajar en el país.

En materia migratoria, México, al igual que la mayoría de los países de la región, cuenta con una política migratoria vigente respaldada por una ley específica. No obstante, hasta hace algunos años, la gestión de la migración se encontraba regulada principalmente a través de la Ley General de Población, lo que limitaba un enfoque más especializado. En el año 2011, aparece la ley de migración y en 2012 su reglamento, la cual, aunque ha sufrido modificaciones, se encuentra vigente en la actualidad (Figura 3).

Figura 3

Cronología de la legislación migratoria en México

Fuente: Bobes y Pardo, 2016

La legislación migratoria de México se basa, al menos en su discurso, en el respeto a los derechos humanos de los migrantes y la integridad en el manejo de todos los flujos migratorios. Asimismo, promueve la hospitalidad y la solidaridad como principios fundamentales. En este contexto, se destaca la importancia de facilitar la movilidad de las personas dentro de un marco de orden y seguridad. Además, se enfatiza la igualdad de derechos tanto para los nacionales como para los extranjeros, con un enfoque especial en la priorización de la unidad familiar y los intereses de las y los niños migrantes. La legislación también busca fomentar la promoción e integración social y cultural de los extranjeros en el país. Un aspecto relevante es la obligación del Estado mexicano de garantizar la igualdad de trato de los migrantes y asegurar el ejercicio de sus derechos sociales, económicos y culturales, así como su acceso a servicios de salud, educación y justicia, sin importar su estatus migratorio (Bobes, 2018).

De acuerdo con esta misma autora, a pesar de que, en el discurso, pareciera que se toman en cuenta los derechos de las y los migrantes, también se pueden leer algunos aspectos que todavía quedan pendientes. Por ejemplo, se menciona la contribución al desarrollo y la preservación de la seguridad nacional. Esto ha llevado a que se continúe criminalizando la migración, principalmente la irregular, derivando en detenciones y discriminación hacia ciertas nacionalidades, como se mencionó anteriormente. La dualidad entre un discurso de derechos y la priorización de la seguridad nacional o la contribución al desarrollo, como señala la autora, no es meramente retórica. Tiene implicaciones directas y perjudiciales en la vida de los migrantes, perpetuando prácticas de criminalización, detención y discriminación que contradicen los principios de los derechos humanos.

Por otra parte, aunque la ley contempla derechos sociales, económicos y culturales para las personas extranjeras, excluye explícitamente los derechos políticos. Esta omisión marca una diferencia importante con el caso argentino, como se analizará más adelante. Esta limitación se sustenta en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las personas extranjeras no pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Si bien en años recientes se ha discutido la necesidad de reformar este artículo, su redacción ambigua ha sido utilizada en diversas ocasiones para silenciar a quienes expresan públicamente críticas hacia el gobierno, e incluso ha servido como fundamento para la deportación de estudiantes extranjeros que han participado en manifestaciones.

En este sentido, a diferencia de otros países donde las personas residentes no ciudadanas pueden participar en ciertos procesos electorales, en el caso de México esta posibilidad está excluida por completo. Por mencionar un ejemplo, la Ciudad de México promueve un programa de Presupuesto Participativo que permite a la ciudadanía proponer proyectos urbanos, culturales o de seguridad. Sin embargo, según las bases del programa, la participación se restringe exclusivamente a ciudadanos; incluso los residentes permanentes que poseen vivienda a su nombre tienen prohibida la participación. Este contraste evidencia una barrera explícita contra la inclusión política de personas extranjeras, que en otros contextos sí cuentan con derechos políticos al menos a escala local.

Aunque México ha avanzado en la construcción de un marco legal y discursivo que reconoce los derechos de las personas migrantes, persisten importantes contradicciones entre dicho marco y las prácticas institucionales. La existencia de una Ley de Migración y su correspondiente reglamento constituye un paso relevante hacia una gestión más integral; sin embargo, su aplicación ha estado marcada por la discrecionalidad, la criminalización de la migración irregular y la exclusión de ciertos grupos según su nacionalidad. Estas tensiones se agravan cuando se considera la exclusión política de las personas extranjeras, a quienes se les niega cualquier forma de participación en la vida pública. Esta combinación de avances formales y restricciones prácticas refleja una lógica de inclusión condicionada que profundiza la vulnerabilidad de quienes migran o residen en México sin ser reconocidos plenamente como sujetos de derechos. De esta manera, el discurso de derechos humanos coexiste con mecanismos de control y exclusión que contradicen los principios que la ley pretende garantizar. Algunos de estos elementos guardan similitudes con lo observado en Argentina; no obstante, también se presentan diferencias significativas, especialmente en lo que respecta al reconocimiento de derechos políticos a personas extranjeras, ámbito en el cual el caso argentino ha desarrollado mecanismos menos excluyentes, como se analizará a continuación.

Aspectos políticos: caso Argentina

La Constitución de la Nación Argentina contiene referencias a la promoción de la migración desde su mismo preámbulo que incluye a partir de 1853 la mención: “asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” (República Argentina, 1995, p. 1). Luego de la reforma de 1994 este preámbulo no fue modificado. Tampoco cambiaron los distintos artículos que refieren a los derechos fundamentales para las personas extranjeras (artículos 14, 16, 20 y 25); el último de ellos ha resultado especialmente cuestionado por su selectividad, a partir de su explícita mención “El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea”. Si bien este artículo continúa vigente, en una clara preferencia por aquella migración tradicional de ultramar, la actual Ley de Migraciones ha significado un cambio sustancial en el devenir de la concepción de la migración en la normativa. Sin embargo, para poner en perspectiva la actual ley es preciso hacer referencia a sus dos predecesoras (Figura 4).

La primera ley general específica sobre la cuestión migratoria fue la N° 817 de Inmigración y Colonización de 1876, desde un paradigma similar al señalado para la Constitución de 1853, se enmarcó en un contexto de expansión agropecuaria y de protección de la migración vinculada a estas labores.

Durante más de un siglo siguió en vigencia dicha ley hasta que fue reemplazada por la Ley N° 22.439 del PEN, Ley General de Migraciones y de Fomento de la Inmigración (conocida como Ley Videla), sancionada durante la última dictadura militar argentina en 1981. Tal como fue señalado en trabajos previos, esta norma tuvo una orientación altamente restrictiva con una óptica de seguridad policial en la regulación de la política migratoria (Linares, 2017; Pacecca, 2000). Esta mirada sobre las migraciones no fue modificada hasta el siglo XXI, la llegada a la democracia en 1983 no priorizó la actualización de esta norma sino hasta 20 años después con la aprobación de la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871.

Con esta ley la Argentina comenzó a orientar sus políticas públicas en materia migratoria desde un enfoque de derechos. Este cambio se gestó en un contexto nacional e internacional particular en materia migratoria, desarrollado durante la primera década del siglo XXI. Los cambios en la dinámica demográfica de aquellos años se produjeron en un nuevo escenario para la Argentina, el del proceso de integración regional en el Mercosur, Mercado Común del Sur (Capuz, 2007; Novick, 2010). La libre circulación de personas alentó la firma, durante la década, de varios acuerdos bilaterales y multilaterales (OIM, 2008) para facilitar los trámites migratorios a los ciudadanos de los Estados Partes del Mercosur, como a los extra-Mercosur también, en el sentido de permitir su regularización migratoria y obtener su radicación temporaria o permanente sin la necesidad de regresar a su país de origen. Así, en los inicios del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, la óptica cambió y en diciembre de ese año se sancionó la tercera ley de Migraciones Nº 25.871. Esta estableció los pilares fundamentales de la nueva política migratoria de la Argentina, dando cumplimiento a los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes (Giustiniani, 2004). Ha sido una ley de apertura en la letra de la norma, a diferencia de lo que estaba sucediendo (y sigue) en muchos países de inmigración (Sassone y Matossian, 2014).

En este mismo contexto, la cuestión de la irregularidad documentaria instó a la promulgación de los decretos N° 836/2004 y 578/2004 que dispusieron la creación e implementación del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, conocido como Patria Grande. Este programa estuvo orientado a la ejecución de medidas para la inserción e integración de las personas migrantes, a través de la facilitación de la regularización. La disposición N° 53.253/2005 de la Dirección Nacional de Migraciones (Ministerio del Interior de la Nación) lo puso en funcionamiento para todos los nativos de los Estados miembros y asociados del Mercosur. La aplicación del Programa Patria Grande demostró, según el informe “Perfil Migratorio de Argentina” (OIM, 2008), que se efectuaron 776.742 trámites de regularización en el ciclo 2006 - 2008: 660.184 correspondieron a personas originarias de los países que conforman el Mercosur y 116.558 de inmigrantes de países extra-Mercosur. La gran mayoría de los migrantes procedentes de la región del Mercosur obtuvo la regularización en el período 2006 y 2007: 560.131 trámites (445.580 corresponden a las personas ingresadas al país antes del 17/04/06 en tanto que 114.551 a aquéllas que lo hicieron después del 17/04/06). Según el mismo informe, los orígenes que presentan los volúmenes más significativos de adhesión al programa son: Paraguay (50,8%), Bolivia (27,8%) y Perú (13,2%).

Figura 4

Cronología de la legislación migratoria en Argentina

Fuente: elaboración propia

La Ley de Migraciones garantiza el derecho a migrar y contempla que el Estado debe garantizar ese derecho sobre la base de los principios de igualdad y universalidad. Además, en su artículo 6 asegura “acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”. Esta misma ley indica que la irregularidad documentaria de ninguna manera debe ser un impedimento para el acceso a estos derechos. Sin embargo, debe ser mencionado que en mayo del 2025 el gobierno de Milei ha modificado esta ley con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°366/2025 que endurece la normativa. Otra iniciativa que buscó restringir los derechos de las personas migrantes fue el DNU 70/2017 del gobierno de Macri, derogado en 2021.

Respecto a los derechos de participación política, en particular el derecho a voto, el análisis interescalar resulta insoslayable. La Ley de Migraciones se encuentra reglamentada por el Decreto 616/2010 que en su artículo 11 indica que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones o por intermedio de convenios que se suscriban con organismos que actúen en jurisdicción Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “adoptará las medidas necesarias para informar a los extranjeros respecto de las condiciones y requisitos del ejercicio del derecho al voto”. Como destaca Sassone (2020) la forma federal del Estado y el principio de autonomía para las Provincias (artículo 122 de la Constitución de la Nación Argentina) las habilita para darse sus propias instituciones locales, y les delimita las competencias en materia electoral para elegir a sus gobernadores, legisladores y demás funcionarios. Además, “ese principio se extendió, con la reforma constitucional de 1994, a los gobiernos locales (municipios y las diversas formas que varían de acuerdo con las provincias) y a la CABA” (Sassone, 2020, p. 215). Así entonces en la escala nacional, la población extranjera en la Argentina no tiene derecho a voto, a menos que tengan ciudadanía argentina. Sí se encuentra habilitado su ejercicio en los niveles locales y, parcialmente, para los niveles provinciales, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto a este último, sólo está permitido para los casos de las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, La Rioja y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Perícola, 2015). Cada una de estas jurisdicciones ha mostrado diferentes grados de difusión y promoción del derecho a voto para las comunidades migrantes marcando así cómo los niveles jurisdiccionales son también necesarios para el análisis de los modos de incorporación de las personas migrantes en los espacios y en las sociedades.

Reflexiones finales

Esta investigación ha buscado aportar al análisis comparado de las dinámicas migratorias en Argentina y México desde una perspectiva socioespacial y normativa. En primer lugar, se destaca un enfoque metodológico multinivel, que permite articular escalas nacionales, subnacionales y locales para comprender las formas diferenciadas de incorporación migrante. Asimismo, se buscó ofrecer una caracterización empírica actualizada de los perfiles migratorios mediante el uso de datos censales más recientes para ambos países, lo que permitió identificar transformaciones clave como el crecimiento de la diáspora venezolana en ambos países. Otro aporte relevante es la inclusión de una dimensión política y normativa, al contrastar los marcos legislativos de cada país y su traducción en prácticas institucionales, especialmente en torno a los derechos de acceso, movilidad y participación política. Adicionalmente se buscó considerar las desigualdades estructurales que atraviesan los procesos migratorios, destacando variables como clase, racialización y nacionalidad para dar cuenta de la selectividad en los mecanismos de inclusión y exclusión. Finalmente, al incorporar el análisis de la distribución territorial y la concentración de las poblaciones migrantes en regiones fronterizas y áreas metropolitanas, se buscó contribuir al entendimiento de los procesos de configuración territorial de la migración en América Latina desde una mirada geográfica.

En un sentido general, es posible indicar que los abordajes a escalas nacionales además de revisar los disímiles valores absolutos y relativos de la población extranjera en cada país (de 1.2 millones, equivalentes a menos del 1% en el caso de México y de 1.9 millones representativos del 4% para Argentina) requieren de una lectura histórica que permita entender al conjunto de población extranjera en su devenir. En el caso argentino resulta indispensable comprenderlas por el peso tradicional que las migraciones han tenido en su crecimiento demográfico; en el caso mexicano es necesario dar cuenta del proceso de pérdida de población previa para comprender el peso actual de población norteamericana en el país. Además, a niveles subnacionales el ejercicio comparativo permite delimitar ciertos patrones de distribución de las migraciones al interior de los estados nacionales donde las grandes ciudades, en particular las metrópolis de México y Buenos Aires, y los espacios fronterizos ocupan un especial protagonismo. Esta última resulta en una similitud destacada a la cual se suma el impacto de la diáspora reciente desde Venezuela que ha encontrado en ambos países un destino de peso, constituyéndose en la tercera comunidad extranjera registrada en ambos casos a escalas nacionales; esta migración además se destaca por sus altos niveles de instrucción educativa, proveniente principalmente de sectores de clases medias.

Así, las diferencias de acuerdo con las conformaciones migratorias en su espacialidad y temporalidad de cada caso dan cuenta de la importancia del estudio multiescalar e histórico para evitar tendencias homogeneizadoras respecto a las concentraciones espaciales y orígenes migratorios.

La indagación de la normativa permite tensionar tanto las leyes migratorias de ambos países como algunos de los intereses a nivel de los gobiernos locales en torno a una temática que convoca e interpela cada vez más a estas escalas como es el derecho a voto y su implementación. En el caso de México por ejemplo, si bien se cuenta con una ley migratoria y su respectivo reglamento desde 2012, esto no ha permitido atender la realidad actual que vive el país, con la llegada de población proveniente de países como Haití, Venezuela y Colombia, población que buscaba llegar a los Estados Unidos y que por diversas circunstancias, durante su tránsito por el México, en muchos casos ha intentado realizar una solicitud de refugio, sin que esto les garantice acceso a un trabajo digno, salud, educación, etc. En el caso de Argentina, aunque no se trata de un país de tránsito como México, sí tiene un perfil migratorio de alta diversidad como país receptor desde hace más de un siglo. En este caso, la realidad de la población migrante, especialmente la que ha llegado en los últimos años (de Perú, Venezuela, Colombia, Paraguay y Bolivia) también presenta situaciones de ciertas dificultades para el acceso a derechos a pesar de contar con una de las leyes más vanguardistas de la región (Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2024). Aun así, las posibilidades de ejercer el derecho a voto en distintas jurisdicciones subnacionales señalan, al menos en términos relativos y provisorios, una condición más favorable en el proceso de incorporación de las personas migrantes en la Argentina.

Se reconoce que más allá de las evidentes diferencias que caracterizan ambos contextos, las marcas que definen la otredad atraviesan las configuraciones políticas y territoriales desiguales en las que las personas migrantes pueden incorporarse, marcando límites materiales y simbólicos. Cada origen migratorio se percibe en su historicidad en ambos países y se configuran así estructuras de nacionalidades privilegiadas que distinguen conjuntos migratorios que se recepcionan de modo más o menos hospitalario por las agencias estatales y por buena parte de la sociedad. Los grupos racializados, de sectores populares resultan así los más estigmatizados en ambos casos. Asimismo, el análisis normativo y de la política migratoria en un sentido amplio, da cuenta de tensiones entre distintos niveles de gobierno donde la temática migratoria se impone con diferentes intensidades y enfoques. Además, las retóricas que también las conforman se distancian en no pocas ocasiones de los resultados que emergen de la aplicación de estas políticas. Nuevas preguntas quedan abiertas a siguientes fases de indagación como aquellas vinculadas a la perdurabilidad y solidez que puedan tener las normativas progresivas con enfoque de derechos durante gobiernos conservadores como es el caso argentino que ya mostraron evidencias de su endurecimiento. A estas tendencias se suma el peso que los medios de comunicación siguen teniendo en la configuración de imaginarios sobre la presencia de migrantes en los países y en sus sociedades. En el caso mexicano, también emergen interrogantes sobre la capacidad del Estado para responder de manera coherente a un escenario migratorio cada vez más complejo, en el que se superponen funciones de tránsito, destino y contención. La creciente externalización de la frontera sur, el endurecimiento en los controles migratorios y el papel que juega Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza, abren líneas de análisis sobre las tensiones entre soberanía, derechos humanos y subordinación geopolítica. Estas dinámicas plantean desafíos tanto para la aplicación efectiva del marco legal vigente como para la sostenibilidad de una política migratoria orientada a la inclusión.

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Notas

Recepción: 11 julio 2025

Aprobación: 10 agosto 2025

Publicación: 01 noviembre 2025

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional