ARTÍCULOS/ARTICLES
Carlos
Reboratti
CONICET/Universidad
de Buenos Aires
Argentina
creborat@gmail.com
Cita sugerida: Reboratti, C. (2014). El noroeste entre la globalización y la marginación. Geograficando, 2014, 10 (2). Recuperado de: http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/article/view/Geov10n02a06
Resumen
El
trabajo es un análisis de las condiciones de formación
y desarrollo de la región del Noroeste de Argentina, ubicando
los cambios generados en diferentes sectores económicos y
sociales en los últimos 30 años, básicamente en
la producción agraria, la minería y el turismo, y que
impacta en el ambiente y la propiedad de la tierra.
Palabras clave: Desarrollo regional; Noroeste; Tenencia de la tierra; Megaminería; Soja.
The northwest: Between globalization and marginality
Abstract
This
paper analyzes the creation and development conditions for
Argentina’s Northwestern region, locating the changes produced
in various economic and social sectors for the last thirty years -
basically, in agriculture, mining and tourism - which have had
an impact on the environment and on land ownership.
Keywords: Regional development; Northwest; Land possession; Mega-mining; Soy.
La idea de una región que hemos dado en llamar·”Noroeste” ha tenido una larga historia y su uso, con diferentes variantes en cuanto a su delimitación, se ha naturalizado no sólo en el ámbito científico sino también en el planeamiento, en el lenguaje oficial formal y claramente en el habla popular. Por ejemplo, desde el aparato oficial de generación de estadísticas esa región esta circunscripta a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. Podríamos preguntarnos qué es lo que une a estas provincias como para determinar que son un grupo coherente: tal vez su historia, atada a un pasado de mayor relevancia que el actual; su identidad “andina” (si bien la misma tiende a desdibujarse a medida que vamos al sur), su cultura musical de raíz mestiza representada en una música folclórica “del noroeste” o sus platos típicos, en los cuales el maíz es el elemento principal. Dentro de la misma región ha habido fuerzas centrifugas con respecto a esa identidad. Por ejemplo, en algún momento La Rioja se definió como dentro de un “Nuevo Cuyo” junto con las más tradicionales Mendoza y San Juan. Cualquiera sea el criterio que adoptemos para definir la región, siempre subsiste un dato real que pone en duda y en tensión su cohesión interna: su gran variabilidad ambiental, dada por la combinación de su posición geográfica y un relieve heterogéneo, que definen una distribución particular de sus recursos naturales y una potencialidad económica muy diferencial.
Si la miramos con respecto al país, la región del NOA ha sido clásicamente definida como marginal (o marginada, según cómo y de dónde se lo mire) al desarrollo general, de acuerdo a indicadores como que, teniendo un 11% de la población del país, contribuye sólo con el 5% del PBI; que ha sido fuente de emigración hacia otros lugares (el 23% de los nacidos en esa región viven fuera de su provincia de origen); con persistentes problemas de pobreza y fragmentación social, y escenario de la pervivencia de estructuras sociales y políticas anquilosadas (Coll Moritán, 2009). Sin embargo, se podría pensar que si bien esto fue durante mucho tiempo cierto, los últimos veinte años están mostrando un proceso de cambio en varios aspectos de la región, que estarían indicando el desarrollo de una nueva dinámica. Pero paradójicamente, estos cambios, por una parte, han mostrado que algunos de los viejos problemas se han profundizado, y por otra que una nueva inserción regional en el proceso de desarrollo nacional no está exenta de sus propios riesgos y problemas.
Existen, por una parte, nuevas actividades como la producción sojera masiva, la minería y el turismo, que generan expectativas y al mismo tiempo nuevas consecuencias sociales, económicas y ambientales, pero también persisten estructuras agrarias obsoletas, se mantiene una forma depredadora del uso y explotación de los recursos naturales, y las formas de exclusión y marginación social son, si cabe y por su visibilidad, más fuertes que antes. Por todo eso cabría preguntarse si estamos presenciando una nueva dinámica en la región que la llevará a una mejor inserción en el país, o es que estas nuevas actividades van sólo a reforzar los viejos problemas (Manzanal, 2012).
Desde fines del siglo XIX, los fuertes contrastes ambientales del NOA de alguna manera definían las actividades predominantes, situación cuasi determinista impulsada por las funciones que a la región había marcado el rumbo general de las formas de desarrollo: productora de recursos naturales, alimentos y población para el resto del país, casi sin incidencia en las exportaciones y a merced de los vaivenes y crisis del mercado interno, bajo nivel de industrialización, atada a la producción primaria. Azúcar, tabaco y petróleo formaban la delantera de los productos que se destinaban a ese mercado interno, cada uno de esos productos formando islas en un mar de bosques deteriorados por la tala y la ganadería extensiva, cadenas montañosas desérticas o altiplanos de clima hostil y baja densidad demográfica. La participación de la población en el total nacional iba disminuyendo a medida que buena parte del crecimiento vegetativo era neutralizado por las migraciones, el campo se despoblaba y las ciudades crecían lentamente.
En la década de los ´80 la situación comienza a cambiar, y las migraciones que antes abandonaban la región se van redirigiendo a las capitales provinciales y algunas otras ciudades, ante la mayor actividad de la región y la creciente atracción de esas ciudades vis a vis la falta de incentivos para emigrar al litoral. Las ciudades de Salta y San Salvador de Jujuy, por ejemplo, duplican su población entre 1980 y 2010, y lo mismo sucede con Orán, Tartagal, Güemes, Perico y La Quiaca. Por el contrario, la población rural se mantiene prácticamente estancada y pierde preeminencia: para el año 2010, el Noroeste es una región totalmente urbanizada, con el 80% de la población viviendo en centros urbanos y, con más de la mitad de los habitantes residiendo en las cuatro ciudades principales, todas ellas de más de 300.000 habitantes.
Los cambios económicos que se producen en la región no son de origen interno, dado que los empresarios pocas veces abandonan sus criterios tradicionales, sino que provienen de la llegada de capitales extraregionales, del litoral en el caso de la expansión agrícola y del extranjero en la minería, que sólo en casos muy puntuales se alían con capitales regionales. Por su parte, los cambios sociales se producen a pesar de que la clase política local se mantiene atada a las viejas estructuras clientelares, que se potencian con las modificaciones en la Constitución Nacional (como es el caso de los nuevos derechos a la población indígena) y cambios en la legislación, como fueron las leyes de promoción minera, de protección del bosque nativo y de expropiación de algunas haciendas andinas, que dan lugar a una nueva dinámica social en la región.
Pero también este es el momento cuando la globalización llega al NOA, de la mano de lo que Svampa llama “el consenso de las commodities”, que marca el nuevo impulso en América Latina para la producción y exportación de productos directos o indirectos de la explotación de recursos naturales (Svampa, 2013). Dicha inclusión en los mercados globales no sólo produce ventajas económicas, sino también crecientes problemas sociales y ambientales.
La soja fue introducida en la Argentina como cultivo comercial a principios de la década de los ´70, pero fue recién en la década posterior cuando su precio internacional comenzó a subir, se afianzaron los sistemas de comercialización y se conformó una cadena de agregación de valor vía la industrialización, que fue tomando cada vez mayor relevancia hasta alcanzar actualmente el primer lugar como producto agrícola de exportación. Aunque el origen de la soja es chino, las semillas que se introdujeron en el país provenían de los EE.UU. y estaban adaptadas a un ambiente templado como es el de la región pampeana. De hecho, es allí donde se afianzó y creció el cultivo, es allí donde todavía se encuentran la mayor superficie y las industrias aceiteras más grandes. La soja es un cultivo de verano que tiene un ciclo productivo relativamente corto, lo que incluso permite que, en condiciones de lluvias regulares y suelos fértiles, se combine con cultivos de invierno como el trigo y genere dos cosechas anuales. La producción ha ido adoptando con celeridad nuevas tecnologías; las más notables son la utilización de semillas genéticamente modificadas, el uso de sistemas de siembra directa y la conservación de la cosecha a campo, utilizando el sistema de silos bolsa. Si bien en la región pampeana la producción la realizan agricultores de un gran rango de tamaño, la escala de la producción y el costo de las tecnologías adoptadas tienden a que el tamaño medio del productor sea relativamente elevado y que paralelamente las posibilidades de capitalización de éstos sean importantes (Reboratti, 2010). El éxito de la producción llevó a la necesidad de utilizar cada vez más tierras y esto (unido al hecho de que la forma usual de producción fuera sobre tierras arrendadas) a su vez generó un aumento de los precios de la tierra, que pesaban cada vez más en los costos. Esto llevó a que los productores de mayor tamaño comenzaran a estudiar la posibilidad de ampliar los horizontes hacia las tierras ubicadas al norte de la región pampeana.
Existía en el NOA un antecedente cercano con la expansión de la producción porotera de los ´80 en el Umbral del Chaco, que exhibía una racionalidad productiva similar a la que tuvo la soja y presentó consecuencias ambientales similares: aproximadamente un millón de hectáreas deforestadas (Reboratti, 1992).
Había en el NOA al menos cuatro limitantes físicas para el cultivo de la soja que definían un escenario de alto riesgo: las altas temperaturas, la cantidad y variabilidad intra e interanual de las precipitaciones y la cobertura boscosa, opuestas a las ventajas, a saber: el bajo precio de la tierra y su potencial fertilidad como suelos vírgenes. El tema de la temperatura fue relativamente neutralizado utilizando semillas adaptadas al calor y el stress hídrico; el riesgo de las precipitaciones se tomó como una variable compensada por los altos precios y rendimientos (aunque la soja se extendió evitando el centro del bosque chaqueño seco) (Figura 1) y la cobertura boscosa fue, en la mayor parte de los casos, un simple problema técnico-económico fácilmente solucionable -desde el punto de vista de los productores-, mediante el desmonte masivo con maquinarias.
El resultado fue que la soja se expandió rápidamente por Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Salta: si en 1985 estas provincias sumaban unas 143.000 hectáreas sembradas, diez años más tarde eran 300.000 y para el año 2010 pasaban los dos millones de hectáreas, aproximadamente un 10 % de la superficie sembrada nacional (Tabla 1) (Leguizamón, 2014).
Tabla 1. Superficie sembrada con soja en el NOA y en la Argentina (en miles de ha.)
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Año |
Sup. NOA |
Sup. Argentina |
% NOA |
|
1985 |
143 |
3.340 |
4,3 |
|
1990 |
262 |
4.966 |
5,3 |
|
1995 |
303 |
6.002 |
5,0 |
|
2000 |
773 |
10.400 |
7,4 |
|
2005 |
1.253 |
15.393 |
8,1 |
|
2010 |
2.018 |
18.902 |
10,7 |
Fuente: Estimaciones agropecuarias del MAGyP
Figura 1. La expansion de la soja en la Argentina
Fuente: Elaboración propia.
No fue la soja el único cultivo “nuevo” en el noroeste, si bien seguramente el más conocido. Una ley nacional llamada de “diferimientos impositivos” promulgada en 1979, que permitía a las empresas nacionales postergar el pago de sus impuestos con la condición de que esas sumas fueran invertidas en proyectos de desarrollo agrícola en algunas provincias como La Rioja y Catamarca, generó un fuerte proceso de crecimiento agrícola, básicamente centrado en la implantación de olivos. Las empresas inversoras compraron grandes extensiones, ya sea de viejas plantaciones de olivo o bien dedicadas a la ganadería extensiva, introdujeron nuevas variedades y modernos sistemas de producción, entre ellos los sistemas de riego por goteo, imprescindible en una región con fuerte escasez hídrica. El éxito de la iniciativa fue tal que la superficie cultivada con olivos en esas dos provincias pasó de 3.000 hectáreas en el año 1988 a 45.000 en el 2008, ubicándose como las mayores productoras del país, con casi la mitad de la producción nacional. Esto significó también la complementación de una cadena productiva relacionada con las fábricas de aceite de oliva y el envasado de aceitunas.
Por otra parte, en Tucumán la antigua producción cañera comenzó a ser desafiada por la introducción de extensas plantaciones de limón, que en parte suplantaron a los campos de caña del piedemonte pero también se extendieron por las laderas del Aconquija, con lo que eliminaron parte de la selva basal. Actualmente, hay unas 35.000 hectáreas cultivadas. Esta producción se complementó con una industria de producción de cáscara deshidratada, concentrados y aceites escenciales que dio como resultado que Tucumán se ubicara como la principal provincia exportadora de la fruta fresca y sus subproductos.
El problema estriba en que, más allá del éxito indudable tanto de la producción de olivos como de limón, no se trató de actividades que vinieran en auxilio de la alicaída agricultura familiar, sino que se centraron en la inversión en grandes emprendimientos integrados, lo que vino a reforzar la muy antigua desigualdad en la distribución de la tierra y los ingresos, y la utilización de mano de obra transitoria y de empleo precario.
La soja, y secundariamente el maíz y el trigo, ocuparon en parte tierras ya deforestadas por otros cultivos, mayormente el poroto, pero en su mayoría se trató de una expansión realizada a costa del bosque nativo. Si bien internacionalmente hay mucha discusión sobre las causas de la deforestación y los actores y factores que la impulsan o retardan (Zak, 2008), en este caso se trató de un efecto directo de la expansión agraria empresarial que busca nuevos territorios para la producción agrícola y, en menor medida, ganadera. En la década de los ´90, el primer decenio de la expansión, se deforestaron unas 700.000 ha; esto es, aproximadamente el 3% de la superficie boscosa que había hacia fines de la década de los ´80 (Paolasso et al, 2012), lo que coincide aproximadamente con la superficie ocupada con soja en el año 2000. En el primer decenio del siglo XXI la situación se agravó, ya que sólo en las provincias de Salta y Santiago del Estero se deforestaron entre los años 2002 y 2006 unas 930.000 hectáreas (SADS, 2007 y 2008).
El ritmo fue tan intenso que produjo un alerta entre muchos grupos protectores del ambiente y también entre algunos legisladores. El resultado fue que se presentó al Congreso una ley de Presupuestos Mínimos para la Protección del Bosque Nativo (más conocida como “Ley Bonasso” por ser ese legislador su principal impulsor). Esta ley tuvo un largo trámite en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados y más tarde en el Senado; podríamos decir que allí aún con más inconvenientes, ante la cerrada defensa que en esa cámara presentaban los grupos relacionados con la expansión sojera y los negocios inmobiliarios, sobre todo de Salta y Santiago del Estero. Finalmente, la ley fue aprobada y promulgada en noviembre de 2007, pero su reglamentación tuvo que esperar un año.
La ley obligaba a las provincias donde existiera bosque nativo a que se realizara un plan de ordenamiento territorial, que consistía básicamente en la definición de un mapa forestal en el que se determinaran aquellas zonas donde no se podía hacer ningún tipo de modificación (áreas rojas), aquellas donde sólo se podían hacer actividades compatibles con un manejo sustentable del bosque (áreas amarillas) y, finalmente, aquellas zonas donde se podía deforestar dentro de las normativas establecidas por cada provincia (áreas verdes). El proceso de construcción de ese mapa fue especialmente dificultoso en el caso del NOA por la presión ejercida por los grupos de productores agropecuarios y el poco interés (o directamente oposición) de los gobiernos provinciales.
Aunque finalmente los mapas fueron aprobados por las legislaturas, su implementación práctica ha dejado mucho que desear y son muchos los casos de deforestaciones ilegales, denunciadas tanto por parte de organizaciones ambientalistas como por la Auditoría General de la Nación y la misma Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Por ejemplo, este mismo organismo indicaba que entre fines del 2007 y octubre del 2008, período en el cual la ley estaba vigente (entre sus artículos se destacaba uno que prohibía la deforestación hasta que se implementaran los planes de manejo), en una zona del norte del país tomada como piloto se habían deforestado más de 135.000 ha. En el caso de Salta, y ante la inminencia de la promulgación de la ley, el gobierno provincial emitió permisos de desmonte por no menos de 400.000 hectáreas con el objeto de impedir que la nueva ley limitara la deforestación. Por su parte, una investigación reciente realizada por la Auditoria General de la Nación indicaba que, entre 2006 y 2011, se habían deforestado en las provincias del NOA casi 1.200.000 hectáreas. En resumen (Tabla 2), en las provincias de Salta y Santiago del Estero, que poseen aproximadamente el 90% de la superficie con bosque nativo del NOA, entre 1998 y 2011, en pleno período de expansión agrícola, se deforestaron no menos de 2.700.000 hectáreas, lo que significa, por ejemplo, que Santiago del Estero perdió en 13 años un cuarto de su masa forestal.
Es posible que finalmente tanto la ley en vigencia como la reacción del público logren detener el proceso de deforestación, pero en contra está la posibilidad de que a través de la biotecnología se encuentran nuevas variedades de soja más resistentes al stress hídrico. Ello, técnicamente, permitiría el avance de los cultivos hacia el este, lo que a su vez aumentaría la presión sobre las ultimas tierras con bosque nativo por parte de los productores sojeros (Seghezzo et al, 2011; Greenpeace, 2013).
Tabla 2. Deforestación en Salta y Santiago del Estero 1998/2011 (en miles de hectáreas)
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Sup/Pcia. |
Salta |
S. Est. |
|
BN 1998 |
6.931 |
6.193 |
|
Defor. 1998/2002 |
194 |
366 |
|
Defor. 2002/2006 |
415 |
515 |
|
Defor. 2006/2011 |
491 |
701 |
|
% Defor.1998/2002 |
16 |
26 |
Fuente: Paolasso (2009), SADS (2007) y AGN (2014)
Si bien la Argentina nunca fue, hasta hace relativamente poco, un país minero, el NOA era la única región donde existía una cierta cultura minera, que había comenzado a fines del siglo XIX con la explotación del bórax en la Puna, y se continuó luego con la apertura de las dos minas que tuvieron un cierto éxito, Mina Aguilar, que aún está en explotación, y Pirquitas, que tiene una historia muy accidentada de cierres y aperturas, a lo que habría que sumar La Casualidad, un yacimiento puneño de azufre que tuvo una cierta continuidad, y Farallón Negro en Catamarca. La promulgación en 1993 de una ley de promoción de la explotación minera por parte del Congreso de la Nación generó un cambio importante, ya que las facilidades que prometía la nueva ley generaron un alud de inversiones por parte de multinacionales mineras de todo el mundo, y especialmente de Canadá y Australia. Este proceso se explica básicamente por dos motivos: el alza sostenida del precio del oro en el mercado internacional y el cambio de tecnología y escala de la producción minera, que pasó de la explotación por galerías a la de cielo abierto.
Fue en el NOA donde se instaló la primera de estas empresas, aprovechando un yacimiento de cobre y plata que habían descubierto geólogos de la Universidad de Tucumán y que nunca se había logrado explotar. Instalada a gran altura en el norte de Catamarca, La Alumbrera se abrió a la producción en 1997, y para sacar su producción instaló un mineraloducto de 250 km, que lleva el mineral mezclado con agua montaña abajo hasta Tafí Viejo en Tucumán, donde se seca y es cargado en el ferrocarril que lo lleva hasta Puerto San Martín, cerca de Rosario, sobre el rio Paraná (Murguía, 2011). Si bien posteriormente hubo muchas críticas a esta inversión, en un primer momento no produjo ninguna reacción ni en la sociedad local ni en la provincial, convencidas de los beneficios de este tipo de inversiones, sobre todo en lo que respecta a las posibilidades de ofrecer trabajo en áreas que se encontraban muy marginadas (Mastrángelo, 2004).
La instalación de La Alumbrera fue sólo el comienzo de una verdadera avalancha de proyectos de inversión minera que abarcaron todas las provincias del NOA, salvo en el caso de Santiago del Estero. Sin embargo, la exitosa oposición local a la mina que se iba a instalar en Esquel, en la provincia de Chubut, generó en todo el país un incremento de este tipo de movimientos, que lograron la paralización de las inversiones en los casos de Famatina, en La Rioja, y en Agua Rica, en Catamarca. Los únicos proyectos que siguieron adelante fueron los yacimientos de litio en los salares puneños, como el de Hombre Muerto en Catamarca (Goebel, 2013).
La situación minera es compleja, porque por una parte las provincias del NOA se han mostrado receptivas a este tipo de grandes proyectos y de ninguna manera opuestas a ellos, como sucedió por ejemplo en el caso de Mendoza, pero tampoco se han mostrado activamente promoviendo la minería, como es el caso de San Juan. Esta posición ambigua tiene que ver con tratar de evitar los costos sociales y políticos de esta última posición, sobre todo en provincias donde los movimientos de protesta de los pueblos originarios por sus derechos son muy notables. Sus reclamos muchas veces se mezclan con movimientos sociales de corte territorial que se movilizan rápidamente cuando se conoce la noticia de que alguna empresa minera ha comenzado sus trabajos de prospección y cateo, como sucedió en el caso de la Quebrada de Humahuaca (Walter, 2012).
Como sucede en el resto del país, el futuro de los emprendimientos mineros esta puesto en duda. Si bien tanto desde el gobierno nacional como los provinciales esta actividad es apoyada y promovida, la cerrada e inamovible oposición por parte de los movimientos ambientalistas nacionales y locales es cada vez mayor y, por lo menos en el norte, cada vez más exitosa. El caso de La Alumbrera es para el NOA muy importante: si bien sus efectos ambientales son objeto de discusión, los prometidos efectos económicos y sociales de la explotación no son para nada evidentes ni positivos, y además la empresa ha indicado que se acerca el final de su producción (inicialmente estaba pautado que cerraría en el 2016). Si las multinacionales mineras estarán dispuestas en el futuro a invertir con ese nivel de riesgo, sin que exista como hasta ahora un espacio de negociación con la población local, aparece como por lo menos problemático.
El Noroeste es una región del país muy particular en lo que hace a la distribución y tenencia de la tierra. En buena medida esto se debe a la historia social agraria de la región, donde no existió la idea de colonización por inmigrantes, sino que la fragmentación agraria, cuando la hubo, se debió a la partición por herencia y al accionar del mercado de tierras y la especulación. También hay que tener en cuenta que en las áreas más marginales pervivió durante mucho tiempo la hacienda colonial andina que provenía de las mercedes reales de la colonia; la existencia de grandes espacios de tierras fiscales y de latifundios prácticamente abandonados o con propietarios ausentistas. Esto hizo que se fuera formando una estructura agraria polarizada entre una gran cantidad de pequeños productores, campesinos e indígenas, basada en la ocupación espontánea y legalmente precaria de tierras, y grandes latifundios y extensos territorios no valorizados, sin que nunca se produjeran procesos de redistribución de tierra o de regularización de su tenencia. Para el año 2002, fecha del último censo agropecuario relevado en el país, había en el NOA casi 25.000 unidades de producción agropecuaria cuyos dueños no tenían la posesión de la tierra, que se determinaba como “sin límites definidos”. Estas constituían el 43% de todas las unidades productivas del NOA y a su vez eran el 70% de ese tipo de unidades de todo el país. En algunas provincias, el desequilibrio en la tenencia de la tierra era notable. En Salta, por ejemplo, el 33% de la superficie agropecuaria (casi 1,4 millones de hectáreas) estaba en manos de 32 propietarios que tenían más de 20.000 hectáreas cada uno (Slutzky, 2005).
El avance del agronegocio sojero sobre este universo de precariedad en la tenencia de la tierra generó un fuerte impacto social, claramente visible en los casos de Santiago del Estero y Salta. En el primer caso, se produjeron una gran cantidad de conflictos por la expulsión de los campesinos que hace generaciones ocupaban esas tierras con una economía prácticamente de subsistencia o producción muy marginal para el mercado (especialmente venta de caprinos). A fines de 2010 ya se contabilizaban más de 120 conflictos de este tipo, que tenían un desarrollo similar: se apersonaba alguien que decía ser el propietario de los campos, exhibiendo documentación de dudosa legitimidad, y le ofrecía al campesino una suma de dinero para que se abandonara la tierra. Si este se negaba, al poco tiempo aparecía una comitiva policial para expulsarlo o, en el peor de los casos, llegaba un grupo de personas no identificada que mediante la violencia expulsaba al campesino, incluso llegando hasta el asesinato. La violencia se extendía hacia los activistas de los movimientos sociales relacionados con la lucha por sus tierras, como fuera denunciado en numerosas ocasiones. Al principio, este tipo de incidentes aislados se repetía sin que mediara ninguna acción legal que protegiera al campesino. Aquí se producía una situación muy particular, porque de alguna manera se enfrentaban dos formas diferentes de pensar la tierra, aparentemente irreconciliables: una por su valor económico, la otra por su valor simbólico y espiritual (Barbetta, 2010). Además, téngase en cuenta que son frecuentes entre los campesinos los casos de personas iletradas o con muy escasa educación y aun menores ingresos, por lo cual la acción legal individual era prácticamente imposible. Más adelante, comenzaron a aparecer algunos colectivos sociales formados para apoyar a los campesinos, como fue el caso del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), pero cuando iniciaban alguna acción legal, muchas veces la justicia provincial rechazaba los pedidos, demostrando la colusión de intereses que existía en todos los niveles del Estado provincial en apoyo de los productores sojeros. Estos movimientos sociales, si bien muy importantes al poner en evidencia la situación de expulsión campesina, vieron debilitada su acción por su tendencia a fragmentarse por situaciones políticas o ideológicas (REDAF, 2011; Perez Carrera et al, 2008).
Al problema de los campesinos con tenencia precaria de la tierra, se suman, por una parte, las poblaciones campesinas de la Puna y los valles orientales que viven en las áreas antes cubiertas por las haciendas andinas; y por otra, las áreas de tierra fiscal del Chaco salteño ocupadas por poblaciones originarias entremezcladas con pequeños ganaderos criollos. En el primer caso, la lucha por las tierras tiene ya más de 60 años, cuando la provincia de Jujuy expropió las haciendas de la Puna y la Quebrada de Humahuaca, pero esta expropiación no se continuó con el traslado de la propiedad a los campesinos que las ocupaban desde hacía siglos. En Salta esa expropiación nunca se había realizado y recién en 1994 el gobierno federal expropió una parte de la hacienda San Andrés y la totalidad de la hacienda Santiago. En el primer caso la expropiación todavía sigue en juicio, pero en el segundo se produjo la primera devolución de la tierra a los pobladores originarios en forma de tenencia comunitaria. De esa forma, el caso de la hacienda Santiago se transformó en una especie de laboratorio para estudiar los beneficios y problemas que produjo la inclusión de los derechos indígenas en la Constitucion Nacional reformada en 1994, entre ellos la propiedad comunitaria (Brown, 2007; Reboratti, 2009 y Wainberg, 2004). A partir de allí la devolución de tierras se estancó, pero hoy la situación es diferente: las poblaciones locales han rescatado su historia como comunidades aborígenes y la identidad kolla ha surgido con mucha fuerza; incluso, generó asociaciones de comunidades como la Qullamarka, que continuamente presionan por la expropiación de las pocas haciendas andinas aún existentes.
Por su parte, en el este de Salta, a principios del siglo XX, el ejército había arrinconado a los pueblos indígenas (básicamente los wichis, pero también algunos grupos tobas y chorotes) en la parte más inhóspita del Chaco seco, grandes lotes de tierra fiscal donde mantuvieron a duras penas su forma de vida y supervivencia, basada en la caza, la pesca y la recolección. Pero los grandes pastizales llamaron la atención de los ganaderos de Salta y Santiago del Estero, que comenzaron a avanzar hacia el este hasta alcanzar la frontera con Formosa, y se entremezclaron en un mismo territorio con los indígenas. A medida que crecía la población local y aumentaba el número de cabezas de ganado, el ambiente perdía capacidad al irse degradando, y los pastizales desaparecieron: dieron lugar a un bosque pobre en especies, salpicado por los peladares que rodeaban las aguadas.
La situación comenzó a cambiar cuando los grupos de pueblos originarios empezaron a organizarse para acceder al reconocimiento formal de su identidad que marcaba la Constitución de 1994. Esto permitió también la aparición de asociaciones regionales de comunidades indígenas como la Lakahonat, que junto con algunas ONG que apoyaban la regularización de las tierras, comenzaron a pedir que el gobierno de Salta les otorgara las tierras fiscales en forma de propiedad comunitaria. Como esto evidentemente entraba en conflicto con los intereses de los ganaderos que pretendían las mismas tierras para desplegar sus rebaños, y ante la inacción del gobierno provincial, la discusión sobre posibles soluciones se extendió durante muchos años.El proceso de redistribución de las tierras entre ganaderos e indígenas y regularización de la situación de tenencia de ambos grupos en forma no competitiva recién ha comenzado y se estima que durará mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que se trata de una gran extensión (los llamados Lotes 55 y 14 cubren unas 643.000 ha y están poblados por aproximadamente 15.000 personas, de las cuales más del 60 % son indígenas). De todas maneras, el problema no sólo está relacionado con las tierras sino también con la necesidad de un cambio cultural en ambas poblaciones: si se definen finalmente sus territorios de uso exclusivo, el sector indígena de hábitos exclusivamente recolectores se enfrentará tarde o temprano a un problema casi matlhusiano entre crecimiento de la población y uso de los recursos naturales de un territorio finito. Por su parte, el sector ganadero deberá enfrentar la necesidad de cambiar sus hábitos productivos, yendo hacia sistemas de manejo del ganado más racionales y menos degradantes para el ambiente que la antigua ganadería de monte. (Naharro et al, 2009)
En consonancia con el crecimiento mundial de la actividad turística, la Argentina comenzó a recibir ya en la década de los ´80 un número cada vez mayor de viajeros internacionales. Si bien el grueso se dirigía a la ciudad de Buenos Aires, parte de estos contingentes elegían también visitar alguna otra zona del país, y el NOA apareció como una de ellas. Cabe aclarar que no estamos hablando de toda la región sino que la mayor parte de los turistas eligieron dos destinos: la ciudad de Salta y la Quebrada de Humahuaca, muchas veces en forma conjunta. En el primer caso, la ciudad aprovechó con mucha inteligencia su rico patrimonio edilicio de origen colonial, valorizándolo mediante su mantenimiento e iluminación nocturna, y a la vez generó la promoción de lo que podríamos llamar la “cultura del noroeste”, básicamente la comida y la música folklórica. El caso de la Quebrada es diferente: si bien ha sido clásicamente uno de los paisajes paradigmáticos del país, hasta la década de los ´90 la visita de los turistas estaba casi siempre relacionada con tours diarios que salían y llegaban a Salta. La llegada de turistas extranjeros, atraídos por la “andinidad” del lugar, con mayor poder adquisitivo y con intenciones de pernoctar en la Quebrada, poco a poco impulsó la creación de una red hotelera y de otros servicios turísticos para cubrir esas necesidades. Estos cambios también fueron alentados por la creación por parte de la UNESCO de un área de Patrimonio de la Humanidad en la Quebrada de Humahuaca. La cantidad de visitantes se incrementó notablemente (pasó de 7.000 en 1994 a 110.000 en el año 2006) pero también comenzaron a aparecer algunos problemas: la valorización inmobiliaria impulsada por el potencial uso turístico elevó los precios de la tierra urbana y rural, compitiendo con los usos del suelo de la población local. Esta, además, advirtió que las ganancias producidas por el turismo se dirigían a los inversores de afuera de la región que habían llegado atraídos por el crecimiento turístico, mientras que el beneficio para la población local sólo era la creación de puestos de trabajo de baja remuneración como mano de obra no calificada para los servicios turísticos (Troncoso, 2009).
Como se puede ver recorriendo los casos que hemos descripto, las nuevas actividades del NOA todavía no se enmarcan en un plan organizado para lograr el desarrollo de la región y una mejor integración en el país, y son más el resultado de la presión que sobre los recursos naturales ejercen fuerzas ajenas a la región. Si bien muchas veces sus resultados se pueden contabilizar como positivos, todavía resta hacer un balance objetivo y de largo plazo que incluya también los inconvenientes y problemas que ha generado en la sociedad y el ambiente.
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Recepción: 4 de junio de 2014
Aceptación: 15 de julio de 2014
Publicado: 10 de diciembre de 2014
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