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¿Ciudades divergentes? Producción del espacio urbano en un área de expansión (Bahía Cauquenes, Ushuaia)

a) Introducción

En la bahía Cauquenes, un área de expansión de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, coexisten el único barrio cerrado de la ciudad con el único proyecto cooperativo de autogestión, propiedad colectiva y ayuda mutua con suelo y financiamiento de origen público, localizado fuera de las áreas tradicionalmente asignadas al desarrollo de vivienda social. A partir del análisis de las propuestas urbanísticas de ambos emprendimientos y sus efectos sobre el entorno urbano colindante, se analiza y reflexiona sobre sus lógicas de producción y sus relaciones con las tendencias de desarrollo de ese sector de la ciudad.

El patrón de urbanización de Ushuaia, una de las dos ciudades principales de la provincia más joven del territorio nacional argentino (1991), tiene por trasfondo una larga historia de disputa por la apropiación territorial, atravesada por hitos como el despojo y genocidio de los pueblos originarios, que sustituyó la concepción comunitaria de relación con la tierra como parte de la naturaleza por su incorporación mercantil al modelo agroexportador en las postrimerías del siglo XIX; la configuración como “ciudad presidio”, locus de estrategias de disciplinamiento y control social de la incipiente clase trabajadora nacional a comienzos del siglo XX; los procesos migratorios ligados con la promoción industrial desde los 70 hasta la reconfiguración neoliberal a partir de los años 90, con efectos de fragmentación y exclusión que se extienden a nuestros días.

El análisis que presentamos evidencia el carácter multiescalar que asumen las geografías de las políticas urbano-territoriales, que se encuentran conectadas con procesos del orden global, como el de financiarización, así como con resistencias que también se transnacionalizan (Rodríguez, 2021). Asimismo, busca dar luz sobre la dimensión geopolítica y de disputa ideológica presente en las políticas de producción del hábitat, un tema que comienza a ser recuperado por la literatura sectorial (Hidalgo Dattwiller, R., Santana Rivas, D. y Quijada Prado, 2019).

La urbanización capitalista puede concebirse como “una multitud de procesos privados de apropiación de espacio” (Topalov, 1979, p. 9) en articulación con la acción del Estado, que opera sobre sectores del territorio que presentan características físicas y atributos sociales y simbólicos diferenciados. Como señala Lefebvre (1976, p. 46), “el espacio es político e ideológico”, una representación plagada de ideologías en disputa que habilitan o niegan ciertas prácticas socioespaciales, a la vez que legitiman, tensionan o refutan la institucionalidad existente (Lefebvre, 1972).

Así, el urbanismo neoliberal ha configurado una estrategia caracterizada por la producción local de lo global (Moreno Carranco, 2010). En distintos contextos, se ha evidenciado que el dispositivo fundamental tras la localización y relocalización de las personas, recursos, actividades e instituciones en la ciudad es el Estado, que promueve procesos de valorización urbana que son parte significativa de la reproducción integral de una forma de sociedad (Harvey, 2007; Davidson, 2008; Rousseau, 2009; Herzer, 2010; Díaz Orueta, 2013).

Bajo los efectos del neoliberalismo, y con la aplicación de sus políticas y recetas urbanísticas “a la carta” (Delgadillo, 2014), la trama urbana pareciera tener cada vez mayor incidencia en la consolidación de circuitos sociales que reproducen la desigualdad, profundizan procesos de fragmentación urbana y separan funciones y elementos socioespaciales, ya no sólo en una escala amplia (centro-periferia, ciudad rica–ciudad pobre, zona habitacional–zona industrial), sino también en escalas pequeñas (Borsdorf, 2003). Pero al mismo tiempo, han surgido resistencias en numerosas ciudades (Leite, 2010), que adoptan modalidades y formatos que también se han transnacionalizado, proponiendo innovaciones en la institucionalidad (Delgadillo, 2009; Rodríguez y Di Virgilio, 2016; Rodríguez, 2021).

Aquí se profundiza el modo en que se desenvuelven a escala local y barrial distintas políticas e inversiones que inciden en la producción del hábitat residencial en el área de Bahía Cauquenes y sus modelos de urbanismo, considerados también en su dimensión expresiva de ideologías en disputa. Con ello se aporta a la comprensión del rol mediador de las políticas urbanas y del hábitat entre esas matrices más abstractas (pero no menos presentes y activas sobre la vida cotidiana) y las prácticas concretas de producción del hábitat, así como a la reflexión sobre las características del proceso de urbanización resultante y sus tendencias.

b) Metodología

La investigación de base del artículo se enmarca en la línea desarrollada por las autoras en el Proyecto de I+D+i “Producción Social del Hábitat en áreas metropolitanas del Norte y el Sur Global: políticas, instituciones y movilización social” Ref.: (PID2019-105205RB-100), AEI:10.130.139/501100011033 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España).

Con un enfoque cualitativo y comparativo, se ha efectuado una reconstrucción histórica de los casos a partir de fuentes documentales, recopilación de normativas, análisis de planimetría, proyectos e imágenes fotográficas y recorridos in situ. Asimismo, se efectuaron 6 entrevistas semiestructuradas con habitantes de ambos barrios y se incorporó el análisis de datos secundarios disponibles (censos INDEC y, para el caso del barrio cooperativo Desde Cero, un relevamiento censal proporcionado por la Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI). Es importante hacer una mención metodológica sobre el acceso a la información del barrio cerrado, ya que nos encontramos con limitaciones para acceder a documentos e información tanto a nivel municipal como de tipo periodístico. Tampoco encontramos artículos académicos que indaguen sobre el barrio, por lo cual aquí se abre una línea futura en esa dirección. Nuestros entrevistados, asimismo, solicitaron reserva de identidad.

El enfoque comparativo se concretó a través del prisma del concepto “tipos de hábitat”,¹que permite dar cuenta de las diferencias que configuran ambas modalidades residenciales (barrio privado “cerrado”; barrio cooperativo “abierto”), a partir de las características de las viviendas y equipamientos presentes, su planificación, modos de producción, formas de propiedad y tipos de usos cotidianos que habilitan.

A su vez, estos tipos de hábitat residencial están atravesados por significados y sentidos ideológicos, como reconocen distintas expresiones de la teoría urbana crítica anglosajona (Harvey, 1985; Madden y Marcuse, 2016; Gilbert, 2002), la escuela francesa (Castells, 1978) y la latinoamericana (Pradilla, 1987; Coulomb, 2013). Su análisis comparativo permite nutrir la comprensión de los efectos diferenciales que produce la interacción de las políticas e inversiones públicas sobre dichos contextos, así como sobre su área de expansión urbana inmediata, por un lado, y conectarlo con el debate general sobre el modelo de expansión de la ciudad, por el otro.

c) Resultados y discusión

La ciudad de Ushuaia, actual capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se funda en el año 1884 y adopta el nombre que le dieron al lugar los nativos que luego fueron despojados y exterminados: “bahía que mira al poniente”. Desde sus inicios, fue objeto de estrategias de poblamiento por su importancia geopolítica respecto de los límites divisorios que se fijaron en el territorio con Chile y de la ocupación británica de las Islas Malvinas desde 1833. La estrategia política consistía en el ejercicio de soberanía (Bandieri, 2005) desplegando diferentes políticas de efectiva ocupación del territorio, con diversos hitos en sus flujos migratorios. Un primer momento a destacar es la instauración de un presidio que fue el motor que impulsaba las actividades productivas y comerciales, núcleo de poblamiento y generador de empleo (Cecarelli, 2009); finalmente se cierra en 1947 y se instala en su lugar la Base Naval en 1950. Otro hito importante ocurrió en la década de los setenta cuando se sanciona un régimen de promoción aduanero y fiscal a partir de la Ley Nacional de promoción Industrial n° 19640 (1972), que derivó en un impacto sobre el aumento exponencial de la población en la década siguiente.

Según los datos censales de población realizados entre 1970 y 2010, la población provincial se incrementó de 13.560 a 127.205 personas. Este crecimiento fue disociado de una planificación urbana que previera la instalación y adecuación de infraestructura de hábitat (vivienda, equipamientos, servicios, etc.) que acompañara las necesidades de la población migrante.

En el año 1991, el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se convirtió por ley nacional en una nueva provincia. Por tal motivo, las tierras fiscales que pertenecían a la jurisdicción administrativa nacional fueron entregadas a la provincia y ésta transfirió parte de ellas a los diferentes municipios en el año 1996.

Si bien el régimen de la ley 19640 fue central para el flujo migratorio, residencia e inserción laboral de la población, el proceso económico y de urbanización de la ciudad se reorientó a partir de principios del nuevo milenio hacia un perfil turístico.

El Estado municipal aplicó diferentes instrumentos normativos de “protección del bosque natural” en función de posicionar una oferta de “ciudad turística”, bajo la marca “La ciudad más austral del mundo”, cuya particularidad es la confluencia de macizos boscosos y costas marítimas junto a glaciares (Alcaraz, 2016). El desarrollo urbano se centró en infraestructura y equipamiento turístico de alta gama, priorizando la inversión de emprendimientos inmobiliarios orientados al desarrollo de servicios turísticos-hoteleros.

Hacia el año 2000, los procesos de producción de la ciudad en materia habitacional y urbana comenzaron a ser desarrollados, en su mayor parte, por iniciativa privada. En paralelo, el Estado en sus diferentes niveles favoreció la oclusión en el sistema público de acceso a la vivienda y a la propiedad de la tierra (Debia y Lobato, 2014). En consecuencia, a partir de 2005 comenzaron a tener lugar nuevos procesos de ocupación de la tierra protagonizados por cientos de familias con déficit habitacional, que se ubicaron en terrenos fiscales en la ladera de la montaña de la ciudad. De esta manera, la ciudad se expandió por fuera de los márgenes trazados del ejido urbano.

En consecuencia, Tierra del Fuego se destaca por ser una de las provincias argentinas con mayores dificultades de acceso a la tierra: sólo el 55,7 % de los hogares son propietarios de la vivienda y el terreno, según el censo nacional del año 2010. Particularmente en la ciudad de Ushuaia, este indicador desciende a 52,8 % para el mismo año.

En este contexto, se destaca la importancia que asumen las experiencias autogestionarias de hábitat popular. El déficit habitacional de la ciudad de Ushuaia se vio intensificado desde principios del 2000 hasta la actualidad debido, entre otros factores, al cierre de la Subsecretaría de Tierras en 1999, el órgano municipal encargado de la política habitacional de la ciudad (Martínez y Finck, 2017). En el año 2006, con la reapertura del registro de demanda habitacional se crearon el Registro Único de Demanda Habitacional, el Sistema de Acceso a la Vivienda por Autogestión Colectiva, el Sistema de Acceso Individual a predios fiscales y el Programa Municipal de Creación de Suelo Urbano (Finck, N. B., Martínez, M. A., Lobato, S. y Moreno Russo, M. F. 2018). En el período 2011-2015, ante la demanda habitacional, prevalecieron políticas de desafectación de tierras con fines habitacionales orientadas a resolver las demandas colectivas, protagonizadas por sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, que se efectuaron mayoritariamente hacia el extremo sureste de la ciudad.

Segura (2014) señala que las transformaciones de la estructura urbana de las ciudades latinoamericanas se dieron a partir del creciente rol de las inversiones privadas como ordenadores del espacio urbano que configuraron modelos de ciudades fragmentadas. A su vez, Duhau y Giglia (2008) y Ciccolella (2014) señalan la intensificación de la división social del espacio urbano y de los patrones de segregación. En la expansión urbana de la ciudad de Ushuaia se observa la consolidación de una ciudad extensa, fragmentada y caracterizada por su baja densidad (CIPPEC, 2017), que se expandió hacia “arriba” con los asentamientos informales populares, hacia el sureste mediante barrios residenciales en loteos privados impulsados por el desarrollo inmobiliario privado, a continuación los barrios de vivienda social y hacia el extremo noroeste también se identifican algunos barrios populares y barrios de vivienda social. Así, se observa en el mapa el crecimiento de la ciudad hacia los extremos.

Figura 1

Expansión de la ciudad de Ushuaia

Fuente: Elaboración propia sobre la base de en Google Earth (2021)

Barrio Cerrado Los Cauquenes: paradigma de la expansión urbanística neoliberal

En el marco del proceso de valorización de la ciudad de Ushuaia como destino turístico se construyó el hotel Los Cauquenes a principios del 2000 y, junto con él, diferentes hoteles de lujo a orillas del canal de Beagle. Alrededor del primero, se realizó el loteo del barrio cerrado Bahía Cauquén, que abarca 16 hectáreas y 150 lotes. En cuanto a su trazado, los 150 lotes tienen vista al canal de Beagle y las montañas chilenas de las islas Navarino y Hoste, en una topografía de ladera que, desde su punto más alto hasta la costa, presenta un desnivel de 50 metros. El barrio cuenta con todos los servicios soterrados, pavimento de hormigón y una planta de tratamiento cloacal propia. En su entorno inmediato, alejándose de la costa, la misma empresa que lo desarrolló (Bahía Cauquén S.A.) ha generado otros emprendimientos, localizados en la trama urbana abierta, como el barrio Altos del Cauquén y las cabañas Bahía Cauquén.

De este modo, la lógica del mercado (Pírez, 1995) intervino mediante los actores de urbanización a partir del año 1999, con el loteo privado de la Estancia Preto, emplazada en el sector sureste de la ciudad. Allí se promovió el crecimiento urbano desde la demanda inmobiliaria articulada con la mercantilización del entorno ambiental y el proceso de turistificación destinados al consumo de alta renta.

Por su parte, el Estado local tuvo un rol activo en el proceso: a fines de ese mismo año, se aprobó en el concejo deliberante la ordenanza municipal n° 2102 que establece la definición de los barrios cerrados, su modalidad, localización y requisitos, que al año siguiente fue derogada tras la aprobación del código de planeamiento urbano de la ciudad (ordenanza municipal 2139/2000).

En el año 2000, a su vez, se aprobó la instalación de barreras para el ingreso al barrio y con ello se hizo manifiesto el conflicto por la recuperación del espacio costero urbano, sentando un nuevo episodio de la larga historia de disputa por la apropiación territorial. En 2008, se produjo la ratificación legislativa de un convenio entre el Municipio y la empresa responsable de la urbanización, que habilitó oficialmente el funcionamiento de la barrera emplazada en la entrada al barrio, sobre el trazado de una calle pública, que obliga a los automovilistas a detenerse y pedir autorización a un guardia de seguridad para poder ingresar. A su vez, el acceso al espacio verde que se encuentra entre la última calle del complejo habitacional y el mar y el sector costero sólo puede realizarse en forma peatonal. De este modo, el acceso a la costa se encuentra restringido para aquellos que no son habitantes del barrio, quienes deben justificar la visita a partir de informar y ser habilitados por alguna familia que habita el barrio o para ingresar al Hotel Cauquenes. En este sentido, el caso es elocuente respecto de lo señalado por Svampa (2001) sobre áreas residenciales con acceso restringido, que privatizan espacios públicos, incluido el libre acceso y circulación a un sector costero del canal de Beagle, lo que viola flagrantemente la ley de Sirga y configura un estilo de vida cotidiana de sus habitantes que transcurre tras muros y rejas. De este modo, los distintos elementos de la urbanización refuerzan la fragmentación de las relaciones sociales y de la espacialidad configurando muros materiales y simbólicos distintivos que “naturalizan” el nuevo estado de la desigualdad socioterritorial (Marcuse, 1995).

Para caracterizar a los residentes del barrio cerrado, ante la escasa producción de datos recurrimos al análisis georreferenciado del Censo 2010, ubicando el radio y fracción del barrio (fracción 7, radio 6), e identificamos el perfil educativo de sus habitantes como indicador proxi de su nivel económico social (Herzer, 2010). El cruce entre cantidad de población de 17 años o más que posee estudios en curso o terminados de nivel universitario y postuniversitario se identifica para el sector en un 38 %, mientras que la media urbana de la población con esas mismas características es del 16,42 %. En términos cualitativos, un informante clave que vive en el barrio señalaba que sus habitantes principalmente provienen de un sector de profesionales que trabajan en la Justicia con cargos de jueces o fiscales, y algunos comerciantes y profesionales que trabajan con cargos directivos en el Estado, que viven así concentrados en un fragmento urbano autosegregado de la ciudad del control (Marcuse, 1995).

Tabla 1

Nivel educativo que cursa o cursó según fracción 7, radio 6

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Censo 2010. INDEC (2010)

También de las entrevistas surge que existe una asociación civil denominada “Asociación Civil Barrio Bahía Cauquén”, que se conformó para organizar una comisión directiva encargada de administrar el presupuesto del barrio y el cobro de las expensas. Los vecinos, asimismo, acceden a promociones como el 10 % de descuento en servicios gastronómicos y una tarifa especial para utilizar el spa, ambos servicios que brinda el Hotel Cauquenes, lo que alienta el reforzamiento de la endogamia barrial y del consumo de alta gama.

Morfológicamente, se trata de un barrio de viviendas unifamiliares suntuosas, de grandes dimensiones, que –al igual que otros barrios de este tipo– presentan cierta homogeneidad tipológica en unas pocas variantes que simbolizan su pertenencia a la elite local. A partir de la búsqueda de fuentes de información secundaria, páginas de internet (Argenprop, Consultores Asociados, en julio 2021), observamos que el precio del m² de unos pocos lotes ofertados ronda entre U$S 250 y 300, en tanto un par de viviendas alcanzan el precio ofertado de U$S 4000 el m². Fuera del barrio, en el desarrollo privado Altos del Cauquén de la misma empresa, el precio del m² de la vivienda construida ofertada alcanza U$S 1300, lo que da cuenta de una pronunciada fragmentación introducida en el área a partir de este tipo de urbanismo. Esta área aledaña, en general, carece de equipamientos urbanos y han proliferado emprendimientos inmobiliarios con destino de alquiler residencial de capas medias plenas (de perfiles profesionales, gerenciadores y técnicos).² A unos 350 m, alejándonos de la costa y emplazada sobre el borde de expansión urbana junto al bosque nativo, se localiza la otra propuesta urbanística que analizamos.

Barrio Abierto Cooperativo “Desde Cero”: propuesta urbanística de comunes urbanos³

La propuesta del cooperativismo autogestionario llegó a la provincia de Tierra del Fuego de la mano de una organización social territorial, el Foro Social Urbano (FSU), que se constituyó durante el año 2007 por iniciativa de la Central de trabajadores de la argentina, CTA provincial, tras el reconocimiento y sanción de la “Emergencia urbano, habitacional y ambiental” a partir de la pronunciada expansión de las tomas de tierra y autoconstrucción de barrios, que fue una de las expresiones de la poscrisis del 2001 y de las restrictivas medidas locales analizadas en el segundo apartado. En este contexto, el FSU tomó contacto e invitó a ser parte del proceso a la Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI, impulsora de este enfoque de políticas desde fines de los años 80 en Argentina (Alcaraz, 2016; Paredes, 2010).

Durante la gestión de Fabiana Ríos, el Estado provincial suscribió con la Federación MOI un acuerdo Estado-Organización (Decreto provincial n° 1298/2009) con el objetivo general de impulsar políticas autogestionarias de hábitat popular y materializar experiencias piloto en dos tipos de hábitat: una toma de tierras (La Bolsita) y una cooperativa organizada “desde cero” a partir de población dispersa con necesidad de vivienda.

Durante 2010, el MOI, articulado con la CTA provincial, comenzó tareas de difusión y capacitación. En 2012 se constituyó formalmente la Cooperativa de Vivienda, que sus asociados, en referencia al convenio provincial, denominaron “Desde Cero” (matrícula INAES 37.860) con el objetivo de materializar un conjunto por autogestión, ayuda mutua y de propiedad cooperativa bajo el sistema de usuarios, que se enmarca en los lineamientos impulsados por el MOI, en el contexto de la SELVIHP.⁴ El proceso de gestión de suelo fue arduo, pues el MOI impulsa procesos de integración sociourbana con acceso a la centralidad y mixtura social, que cuestionan la tradicional sectorización de zonas de obra nueva de “vivienda social”. En interacción con el gobierno provincial, se identificó y acordó la transferencia a la cooperativa de un predio de propiedad provincial, localizado en el Barrio Alto de Los Cauquenes. La decisión fue ratificada –no sin debates intraparlamentarios y descontento de algunos sectores políticos- mediante la sanción de la Ley provincial 822 del año 2015. Sobre el final de la gestión de Ríos, se concretó el decreto de transferencia y la cooperativa hizo efectiva la posesión del predio, e inició acciones de ayuda mutua (aporte planificado colectivamente de mano de obra) de limpieza, cuidado y construcción del primer obrador / salón cooperativo.

Durante la gestión de la gobernadora Roxana Bertone (PJ), la Federación MOI, junto con ámbitos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Secretaría de Extensión Universitaria y Equipo de investigación de hábitat y procesos urbanos), impulsaron un Foro abierto de debate ciudadano que dio por resultado la modificación de la Ley 19 -creadora del IPV- en 2018, que incorporó el Programa de Autogestión de la Vivienda (PAV) a su menú de políticas del hábitat y asignó el 5 % del presupuesto anual de dicho organismo para este fin.

En este marco, al cual hubo que incorporar movilización pública, Desde Cero firmó el convenio de financiación con el IPV, por un monto de 12 millones de pesos, para realizar el movimiento de suelo, paso requerido para construir el conjunto de hábitat, pues el predio resultó ser un turbal. Las obras insumieron el 2019 y parte del 2020, debido a complicaciones del clima y a las restricciones del contexto pandémico. Con esa tarea, la Cooperativa se tornó más visible en el barrio y sufrió nuevamente acciones dirigidas a desacreditar el desarrollo del proyecto, con una campaña mediática discriminatoria. Sin embargo, la cooperativa desplegó una política comunicacional certera con los vecinos del barrio y especialmente con su asociación de vecinos, y logró revertir la situación, con acciones como la donación de árboles nativos recuperados del movimiento de suelo y, en particular, la confluencia para materializar una plaza barrial, espacio de conservación del bosque nativo.

En 2020, ya asumida la gestión del Gobernador Melella, el MOI entabló interlocución con él para ponerlo al tanto del proceso precedente y, junto con la Cooperativa, centró esfuerzos en encauzar el financiamiento de la obra por autogestión, es decir, mediante el manejo directo de los recursos por la cooperativa, para construir al costo, asociada con otra cooperativa de trabajo y con asistencia profesional interdisciplinaria.⁵

Los cooperativistas son mayoritariamente hogares nucleares, cuyas jefas y jefes involucran cuatro generaciones entre 50 y 29 años. El 60 % provienen de otras provincias de Argentina, un 20 % de países limítrofes y el resto nació en Ushuaia. El 18 % cuentan con nivel educativo terciario completo o universitario incompleto, semejante al promedio de la ciudad. La mayoría tiene secundario completo y todos los menores están escolarizados. En cuanto a su situación habitacional, el 70 % son inquilinos, que destinan entre un 30 % y un 50 % de sus ingresos familiares en el pago del alquiler, y el resto son allegados. En enero de 2021, todos los titulares tenían trabajo, aunque generalmente precarizado. El 92 %, en la actividad privada, en gran medida en el sector servicios, y un 57 %, por cuenta propia (limpieza, remisería, venta de productos, estética). Un tercio de estas familias, según sus ingresos, se encontraban bajo la línea de pobreza, pero sólo dos integrantes de grupos familiares contaban con planes estatales de apoyo.

La propuesta de Barrio Abierto Desde Cero involucra un conjunto de 2110 m², constituido por 21 viviendas de 2 y 3 dormitorios, de 87 m² promedio, y un equipamiento comunitario de 285 m², destinado a usos cooperativistas y barriales (se propone un programa educativo para la primera infancia, ausencia identificada en el barrio, y un dispositivo comunicacional –radio abierta comunitaria y nodo de actividades culturales-). El proyecto fue diseñado con instancias participativas y revisado en distintos momentos.

La obra, de construcción nueva, se localiza adyacente al bosque nativo, donde se impulsa la delimitación de un predio para su conservación como espacio público, que ha sido denominado “Aves del Sur” por los vecinos y cuyo cuidado sería co-gestionado entre estos, la cooperativa y el municipio de Ushuaia. La intervención también incluye la ejecución de tres calles adyacentes al conjunto, para mejorar la conectividad del área intrabarrial que, a futuro, se conectaría con la urbanización de la zona del Río Pipo.

De este modo, la resolución del conjunto, enmarcado en la perspectiva de arquitectura-ciudad (Winograd, 1984) que despliegan desde su especificidad los profesionales del equipo profesional interdisciplinario -EPI- de la Federación MOI, promueve el ejercicio participativo y comunal de un tipo de urbanismo autogestionario que produce nuevos espacios abiertos al uso comunitario y barrial a partir de la articulación de necesidades vecinales como parte del desarrollo de su proceso de gestación y gestión.

Conclusiones. Entre barrio cerrado privado y barrio abierto cooperativo ¿qué ciudad está creciendo?

En este apartado buscamos nutrir, mediante la mirada comparativa, la comprensión sobre los efectos diferenciales que produce la interacción de las políticas e inversiones públicas con las lógicas de producción territorial identificadas en ambos tipos de hábitat y las tendencias que imprimen en el desarrollo urbano territorial.

Como pudo observarse, en el área bajo estudio se viene desarrollando un proceso de fuerte fragmentación intraurbana, mediante la materialización de distintos tipos de hábitat residencial y calidades de equipamientos (barrio privado cerrado, trama de barrio abierto residencial de propiedad privada con impronta de vivienda de alquiler, barrio abierto cooperativo de usuarios con equipamientos colectivos abiertos al uso vecino barrial y producción de espacio público). De este modo, en distancias muy cortas conviven hábitats que poseen características diferenciales en cuanto al tipo de propiedad del suelo y viviendas, el proceso de producción que los origina, los actores promotores y destinatarios, el instrumental normativo y jurídico que posibilita su desarrollo, así como los tipos de interacción que promueven con el entorno vecinal inmediato.

Estas dimensiones se condensan en las propuestas urbanísticas, las características y disposición de las viviendas, los tipos de equipamientos y servicios que alojan entre aquellos de consumo exclusivo y selectivo que son emblema del barrio privado cerrado y el impulso de bienes comunes y públicos del barrio cooperativo. En el medio, se manifiesta la notoria debilidad del tratamiento de los equipamientos en la zona residencial mercantil transicional.

El barrio cerrado, por su parte, ha sido efectivamente motor del desarrollo urbanístico inmobiliario en la zona, pues ha influido en la creación de su entorno residencial colindante de pequeños conjuntos, buena parte de ellos destinados a la renta de alquiler. Por contrapartida, el barrio cooperativo, localizado en el límite actual de expansión hacia el interior, junto al bosque nativo, involucra el despliegue de una lógica de producción de comunes urbanos destinados a satisfacer necesidades de los cooperativistas, pero también de sus vecinos: con sus propuestas de equipamiento educativo y espacio verde, expresa y canaliza demandas referidas a las debilidades del urbanismo mercantil.

Cabe señalar que la propuesta urbanística del barrio cooperativo, a su vez, motiva el desarrollo de un instrumental jurídico institucional distintivo para regular el uso y goce y las condiciones del habitar de la comunidad cooperativa, del uso de las viviendas, de los equipamientos del barrio y de las formas de cogestión del nuevo espacio público que se impulsa. De este modo, la propuesta organizativa del MOI despliega la conformación de nuevos “comunes” y su inscripción simultánea en un proceso de “ensanche” (Winograd, 1984) hacia el entorno barrial, configurando mojones en la construcción universalista de la reivindicación del “derecho a la ciudad”, como bandera de un urbanismo autogestionario de la subalternidad, en el que lo común interactúa con lo público para definir formas de uso y apropiación consistentes con el carácter social de la producción de la ciudad. No obstante, uno de los efectos de la comprensión creciente y materialización de su proyecto cooperativo también se traduce en expectativas de valorización inmobiliaria del entorno urbano inmediato.

Tabla 2

Características de dos tipos de hábitat residencial en la bahía Cauquenes

Fuente: Elaboración propia

El rol del Estado y sus efectos sobre la urbanización del área bajo estudio invitan a profundizar en el análisis de las dinámicas de las redes de políticas y entramados multiescalares de actores identificados en torno a cada tipo de hábitat y de los efectos de su puesta en juego en el contexto de la dinámica de la institucionalidad democrática, con sus tensiones entre representación y participación y sus interacciones con las lógicas del mercado y la autogestión. De este modo, pretendimos aportar a la comprensión del rol mediador de las políticas urbanas y del hábitat, mostrando la relación entre estas matrices más abstractas, pero no menos presentes y activas sobre la vida cotidiana: urbanismo neoliberal y urbanismo autogestionario, y las prácticas socioespaciales concretas de producción de los tipos de hábitat que las expresan.

Bajo el predominio hegemónico del urbanismo neoliberal, más allá de los matices discursivos, se ha consolidado el modelo de incorporación de grandes extensiones territoriales al proceso de valorización inmobiliaria, que incrementa en términos materiales y simbólicos la fragmentación socioterritorial. En este contexto, la instalación de un mojón territorial desmercantilizado, mediante la propuesta del barrio abierto cooperativo autogestionario, también provocó modificaciones institucionales para su viabilización. Sin embargo, el hecho de que el Programa de Autogestión aún no se reglamente, y que los recursos públicos se obtengan en tramos cortos e inciertos, tienden a aislar, neutralizar e invisibilizar las conexiones con el significado más estratégico de la propuesta.

Ese significado la vincula con las decisiones de planificación acerca del futuro de la expansión urbano territorial de Ushuaia, el destino de los barrios altos, nacidos de tomas de tierra y el papel que la política pública ejercerá hacia miles de familias inquilinas y ocupantes en su relación con la producción del hábitat y el habitar cotidianos, con lo que implica tomar o no la decisión de interpelarlos como sujetos y considerar una perspectiva integrada entre la situación del déficit habitacional, los modelos de creación y acceso al suelo urbano, la producción del hábitat, el ciclo del habitar y las características del espacio público.

Referencias

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Notas