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Territorialidades periurbanas. Aportes y reflexiones teórico metodológicas a partir de un caso de estudio en La Plata (Buenos Aires, Argentina)

a) Introducción

Los espacios periurbanos se caracterizan por ser zonas en transición en las que se entremezclan actividades diversas y contradictorias (Ávila Sánchez 2009; Barsky, 2010). En las últimas décadas su estudio y análisis cobró importancia de la mano de un mayor reconocimiento de las actividades primario intensivas de producción de alimentos que se desarrolla en estos ámbitos y de un proceso acelerado de mercantilización de las periferias urbanas ligadas a procesos de expansión residencial. Sin embargo, se trata de un objeto de estudio que presenta dificultades para abordarlo analíticamente ya que allí conviven una diversidad de actores, intereses, relaciones de poder, y lógicas en interacción –y muchas veces contradicción- (Mosca, 2019).

Nuestro trabajo surge con el fin de realizar aportes que enriquezcan el abordaje teórico metodológico de los periurbanos desde una perspectiva territorial. Consideramos esta necesidad ya que existen aproximaciones atravesadas por la clásica dicotomía que divide campo-ciudad y que resulta limitante para el estudio de los periurbanos. En las últimas décadas hubo numerosos autores que han puesto de relieve dichas limitaciones (Hiernaux, 2000; Reboratti y Castro, 2007; Jacinto 2012, entre otros) y este trabajo se orienta en una dirección similar, buscando aportar elementos para superar dicha dicotomía dando lugar a categorías que reflejen la complejidad y especificidad de los territorios periurbanos.

La propuesta planteada en este trabajo se centra en el rol de los actores sociales y sus relaciones en la producción social de estos territorios de interfase. Utilizamos el concepto territorialidades entendiéndolas como las estrategias de actores sociales, orientadas por lógicas e intereses y que persiguen la afectación, influencia o control de un espacio. Partimos de la premisa de que en el marco de las relaciones de fuerza entre actores sociales que expresan territorialidades diferentes se produce socialmente el territorio periurbano. En base a ello, planteamos una propuesta que luego aplicamos para analizar un caso en el periurbano platense en el que entran en tensión y competencia diversos actores sociales por el uso y propiedad de un predio.

A través de la sistematización de fuentes primarias y secundarias y basados en una metodología cualitativa que combina los aportes de estudios urbanos y rurales, buscamos aportar al abordaje territorial de los periurbanos. Para ello, en primer lugar, explicitaremos nuestra perspectiva teórico-metodológica, luego describiremos y analizaremos nuestro estudio de caso para luego retomar nuestras principales conclusiones sobre la producción social del territorio para este caso específico.

b) Perspectiva teórico-metodológica: territorialidades periurbanas

En ciencias sociales y humanas, se utiliza el concepto de territorialidades para aludir a los actores que intervienen en la producción del territorio. Específicamente se define como “una estrategia espacial para afectar, influenciar o controlar los recursos y la población a través del control de un área determinada” (Sack, 1986, p.1-2). Al referenciar intereses y proyectos en un espacio específico, los actores lo “territorializan”, proyectan sobre el espacio un determinado uso con un sentido acorde a sus fines. Porto Gonçalves (2009, p. 13) considera que el territorio “es instituido por sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él. Así, hay, siempre, territorio y territorialidad, o sea, procesos sociales de territorialización”. A su vez, este autor agrega que “en un mismo territorio hay, siempre, múltiples territorialidades” (Porto Gonçalves, 2009, p. 13) haciendo referencia a que pueden existir diversos proyectos asociados a un mismo espacio. Sevilla Buitrago (2014, p. 63) va un paso más allá, al plantear que puede existir una “lucha de territorialidades en la medida en que los grupos sociales luchan para imponer, de forma consciente o inconsciente, su propia ordenación del territorio”. La producción social del territorio es, por lo tanto, un proceso relacional, pero ello no significa que sea simétrico. En efecto, los actores sociales no cuentan con los mismos recursos para imponer su voluntad, lo que implica reconocer que el territorio es expresión de relaciones de poder (Lópes de Souza, 1995). Como toda práctica social las territorialidades están orientadas por lógicas e intereses de los actores que las encarnan, asociadas a un determinado uso y apropiación del espacio. Estas lógicas e intereses pueden identificarse como dimensiones de las territorialidades con el fin de profundizar en su conocimiento.

En primer lugar, para distinguir las lógicas que expresan las territorialidades focalizamos en la distinción entre Estado y sociedad civil, propia del sistema capitalista. Desde la perspectiva que retomamos el Estado cumple un rol clave en la reproducción del sistema¹. La separación entre clase dominante y medios de coerción, típica en el surgimiento del capitalismo, da origen al Estado no solo a partir de que se escinden dos esferas -la económica y la política (la sociedad civil y el Estado)-, sino que allí emerge un tercer sujeto cuya especificidad es el ejercicio de la supremacía de la coacción: el Estado (Hirsch, 2001). La racionalidad del Estado estará, por tanto, guiada por la necesidad de pacificación de la producción capitalista. Su condición de existencia dependerá de la reproducción de las condiciones de producción, ya que así estará reproduciendo las relaciones sociales que lo constituyen (Holloway, 1994; Hirsch, 2001). En ese sentido, se sostiene que el Estado tiene un rol mediador entre actores sociales, pero ello no significa que se desarrolla por fuera de las dinámicas sociales. Si bien la mediación del Estado no es neutral ya que persigue la reproducción de la relación capitalista, tampoco se da de forma unilateral. El Estado es garante de la relación capitalista, no de la clase dominante. Por lo tanto, debe incorporar las demandas, peticiones y protestas de las clases dominadas para garantizar la reproducción del sistema y mantener los conflictos entre clases en términos intra-sistémicos (Therborn, 2016[1978], p. 269).

Basados en esta distinción, consideramos que las territorialidades estatales y de la sociedad civil parten de lógicas distintas. Mientras que las últimas expresan lógicas sobre el espacio que pueden considerarse como “privadas”, las territorialidades estatales pueden considerarse como “públicas” o “estatales”. En línea con ello, Herzer y Pírez (1994) distinguen tres lógicas que orientan el accionar social en la producción de la ciudad y que pueden ser de utilidad: i) actores sociales orientados por una lógica de obtención de ganancia y que advierten a la ciudad como medio para obtener ganancias; ii) actores sociales orientados por una lógica de la necesidad y que no alcanzan a reproducir sus condiciones de existencia en el marco de la dinámica mercantil; iii) actores orientados por una lógica pública o estatal, que da sustento al despliegue de las otras lógicas, y que coincide a grandes rasgos con el rol específico que asume el Estado en la reproducción de sistema. Mientras que la lógica de la necesidad y de la ganancia son propias de los actores de la sociedad civil, la lógica estatal o pública orienta el accionar de los actores estatales definido por su carácter mediador en el marco de las relaciones de fuerza entre los actores de la sociedad civil. Los actores estatales pueden orientarse al fortalecimiento o debilitamiento de las lógicas “privadas” – de la ganancia o la necesidad- propias de los actores de la sociedad civil. En línea con ello:

La lógica que corresponde a la territorialidad del poder estatal es muy diferente de la lógica del capital. […] El Estado capitalista aplica en general políticas favorables a las empresas, aunque templadas por las ideologías dominantes y las innumerables y divergentes presiones sociales ejercidas por sus ciudadanos organizados (Harvey, 2014, p. 158).

La lógica estatal o pública, por lo tanto, se distingue de otras por su rol en el ordenamiento social como mediador –no neutral- entre clases y por qué sus acciones se encuentran respaldadas en última instancia por normas de cumplimiento obligatorio².

Como ya hemos enunciado, en este artículo buscamos reflexionar en torno a la producción social de los territorios periurbanos. Partimos de reconocer que, si bien no existe un consenso sobre la definición conceptual del periurbano, existen en la literatura académica una serie de coincidencias al enfatizar algunas características: es un ámbito expuesto a una presión urbana constante y a procesos de valorización capitalista del espacio; es una franja de interacción entre dinámicas rurales y urbanas que da lugar a pujas por la tierra; y allí confluyen una heterogeneidad de usos de suelo (Barsky 2010; Ávila Sánchez, 2009). Estas características identifican un espacio complejo, con presencia de lógicas y procesos, protagonizados por actores sociales que, con frecuencia, entran en conflicto y/o tensión, mediados por el Estado.

De acuerdo con Bozzano (1998) cuando la urbanización y los componentes de la estructura espacial avanzan sobre su espacio periférico se genera una entidad espacial transicional o periurbana. En ese sentido, es un ámbito propicio para analizar pujas por el control del espacio ya que “la expansión de la ciudad es escenario de intereses, necesidades y expectativas de los grupos más diversos” (Bozzano, 1998: 219). Allí pueden identificarse dinámicas asociadas al crecimiento de áreas residenciales, la instalación de actividades fabriles y equipamiento de servicios subsidiarios de la ciudad, redes de transporte, la adquisición especulativa de tierras con vista a su futura valorización, áreas de recreo y actividades primario intensivas. Bozzano (2000) propone englobar este crisol de usos a partir del reconocimiento de una serie de dinámicas propias del periurbano y que giran en torno a tres procesos: a) expansión urbana y/o residencial, b) asiento de producciones primario-intensivas y c) localización de grandes equipamientos y establecimientos industriales. Dentro de estos procesos, podemos clasificar usos específicos de acuerdo a su asociación con alguna de las funciones que cumplen estos espacios para los actores en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y la consecución de sus proyectos, es decir, sus intereses. Los actores sociales periurbanos expresan distintas territorialidades, no sólo porque persiguen usos diversos del espacio de acuerdo a sus intereses en el marco de estos tres procesos, sino por que actúan orientados por las lógicas diferenciales a las que referimos.

Incorporados estos aportes, operativamente definimos a las territorialidades periurbanas como el conjunto de estrategias de actores sociales para afectar, influenciar o controlar un espacio, orientadas por lógicas -al encontrarse atravesados por relaciones de poder en el marco de la reproducción del sistema- e intereses -que pueden asociarse a usos específicos en el marco de los tres procesos que suceden y definen territorios periurbanos- [Figura 1]. La premisa que contextualiza esta propuesta es que el territorio periurbano se produce como resultado de las relaciones de fuerza entre territorialidades de actores que encarnan intereses asociados a los tres procesos que identifica Bozzano (2000) y atravesados por sus lógicas propia –ganancia, necesidad y/o pública-.

Figura 1

Propuesta teórico metodológica para abordar las territorialidades periurbanas

Fuente: elaboración propia en base a Bozzano (2000), Herzer y Pirez (1994) y Mosca (2020)

c) Estudio de caso: el conflicto de Abasto

En este trabajo analizamos un conflicto que inició en el año 2015 en torno al uso y propiedad de un predio de 56 ha, ubicado en la localidad de Abasto, La Plata (Buenos Aires, Argentina). Esta localidad se encuentra atravesada por procesos periurbanos.

Las investigaciones indican que, en los últimos quince años, la expansión urbana residencial motorizada por la centralidad de esta Ciudad ha ido en aumento, atravesada por un carácter dual³. Por una parte, se registró un aumento de las urbanizaciones cerradas: en el año 2009 se contabilizaban un total de 21 en todo el partido con una superficie total de 641 ha; los registros del año 2017 contabilizan 53 emprendimientos que ocupan 2300 ha. (Frediani et al., 2018). Por otra parte, se registra el crecimiento y consolidación de asentamientos populares informales (APIs). Un análisis del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios 2015 informa que La Plata es uno de los distritos en los que más crecieron los APIs dentro de la Provincia de Buenos Aires. Del Rio y González (2018) sostienen que las tomas de los últimos 15 años se concentran en los bordes periurbanos, en localidades como Abasto. En la periferia de la Ciudad de La Plata también se encuentra el principal núcleo de producción hortícola de Argentina: el Cinturón Hortícola Platense (CHP). El CHP se caracteriza por altos niveles de productividad -basados en la intensificación del uso del capital y la mano de obra- al punto que logró en los últimos años una importante expansión, un abastecimiento de hortalizas sostenido durante el año “y una competitividad que le permite imponerse tanto en el mercado del Gran Buenos Aires como en regiones lejanas” (García, 2015: 20).

En el contexto de estos dos procesos periurbanos surge un conflicto por el uso y propiedad de un predio “atractivo” para la expansión residencial y para el asentamiento de quintas de producción hortícola. En efecto, se trata de un ámbito privilegiado dentro del CHP, cercano a vías de circulación y bien conectado con los diversos mercados concentradores de la zona. También es preciado para la expansión residencial, dado que se encuentra lindante con el casco urbano de la localidad de Abasto, sobre una vía asfaltada, donde transitan líneas de transporte público al centro de la Ciudad de La Plata, teniendo además buena conexión con la autopista Buenos Aires-La Plata [Figura 2].

Figura 2

Ubicación del predio en conflicto

Fuente: elaboración propia mediante SIG-QGIS Desktop 3.0.3 en base a análisis de información primaria recolectada en trabajo de campo 2015-20

Descripción del caso: los hechos

En abril de 2015, un predio fue ocupado por vecinos de la localidad de Abasto. Este hecho fue motivado por la problemática estructural de acceso a tierra para vivienda que atraviesa Argentina en general, y la Región Metropolitana de Buenos Aires en particular. En el momento en el que los vecinos realizan la ocupación, en el predio se encontraban viviendo y produciendo alrededor de 20 familias horticultoras que alquilaban la tierra a una importante inmobiliaria tradicional de la zona. Ello implicó la tensión entre tres actores por controlar el territorio y priorizar un determinado uso: los vecinos con problemáticas de vivienda; las familias horticultoras arrendatarias y la inmobiliaria como gestora y –aparente- dueña de la tierra⁴.

Frente a esta situación, los vecinos que habían ocupado deciden organizarse y crear la “Asamblea de Legítimos Poseedores de la Tierra” (en adelante, Asamblea) con el fin de coordinar estrategias y medidas de acción. En contraposición, las familias horticultoras que arrendaban distintas porciones del predio no lograron articular una postura común, distinguiéndose tres grupos con posturas divergentes. En ese contexto, el titular de la inmobiliaria realizó una denuncia penal por usurpación hacia los vecinos de la Asamblea.

En paralelo, este caso fue tomando relevancia pública en el contexto de un año electoral⁵. Ello se vio reflejado en la cantidad y variedad de actores estatales que intervinieron en el conflicto. Mientras que en la Unidad Fiscal de Instrucción (Oficina Judicial 1) donde se presentó la denuncia penal hacia los vecinos se hizo lugar al pedido de desalojo, una vecina organizada en la Asamblea solicitó una medida de amparo para no ser desalojada por su situación de vulnerabilidad. Como respuesta, intervino otro Juzgado (Oficina Judicial 2) suspendiendo el desalojo y pidiendo que se realicen informes sobre la situación de los ocupantes y la titularidad de las tierras. Frente a esta situación un grupo de productores afectados directamente por la ocupación -que se desarrolló sobre la porción del predio que arrendaban-, los Agricultores organizados en la Asociación de Productores Hortícolas Independientes, buscaron asesoramiento en el Consultorio gratuito dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En ese marco realizaron presentaciones judiciales en los expedientes de ambas oficinas judiciales, manifestando que contaban con contratos vigentes y que su medio de vida y viviendas se encontraban en la zona del conflicto.

Luego de diversos intentos de negociación formal e informal para lograr un retiro pacifico del predio, la policía realizó un violento desalojo de los vecinos organizados en la Asamblea y del grupo de horticultores de la Asociación de Productores Hortícolas Independiente, ubicados en la zona del predio que estaba en conflicto.

Luego del desalojo y en conversaciones entre diferentes actores implicados, se vislumbró la posibilidad de expropiar el predio, considerando una importante deuda de impuestos que pesaba sobre el terreno. La disputa en esta instancia se encontraba relacionada con el tipo de uso que se privilegiaría en tal caso. Participaron de las discusiones sectores que presionaban para que se priorice el uso residencial, concretando las demandas de la Asamblea. También intervinieron instituciones y organizaciones para que se preserve el uso productivo del suelo, poniendo de relieve la “identidad hortícola” de Abasto. Sin embargo, la fuerza de los vecinos que demandaban tierras para vivienda – que se expresó a través de movilizaciones, cortes de calle, acampes en reiteradas ocasiones- fue determinante. En mayo de 2015 es aprobada en la legislatura provincial una ley de expropiación con finalidad específica de vivienda.

Esta decisión por parte del Estado afectó centralmente a los Agricultores de la Asociación de Productores Hortícolas Independientes, que se encontraban en la zona del predio donde se inició la ocupación. Perdieron la mayor parte de sus posesiones, la producción, el dinero invertido en insumos, al tiempo que automáticamente perdió validez el contrato de arrendamiento en donde trabajaban y vivían.

En junio de 2015, se promulgó la ley de expropiación acompañada por una ordenanza emitida por la legislatura municipal que aplicaba una serie de excepciones al Código de Ordenamiento Territorial de La Plata. Allí, además de modificarse a un uso residencial para que coincida con la ley de expropiación, se indicaba que 15 ha serían destinadas para un uso rural-intensivo. Ello significó que, si bien la letra de la ley de expropiación indicaba el uso exclusivo para vivienda, a la hora de aplicar la zonificación de usos se reservaron 15 ha para uso hortícola. Ello favoreció a un grupo de 11 familias horticultoras que no fueron afectadas ni por la ocupación ni por el desalojo y que continuaban viviendo y produciendo en el predio. Estas familias deciden organizarse en una Asociación Civil y llevan adelante estrategias para lograr su permanencia, ante la pérdida de validez de sus contratos con la inmobiliaria a partir de la expropiación.

Los avances en la expropiación y la toma de posesión del predio por parte de los vecinos de la Asamblea en diciembre 2015, implicaron también conversaciones y gestiones con un tercer grupo de horticultores familiares que permanecían en un sector del predio destinado a un uso residencial a partir de la expropiación. Cada una de estas familias negoció su retiro de forma individual. En algunos casos se llegaron a acuerdos que implicaron su inclusión en los censos para la adjudicación de un lote en el futuro barrio.

Por último, la inmobiliaria que se declaraba propietaria perdió todo derecho sobre este predio a partir de la expropiación.

Análisis del caso

Un análisis más exhaustivo de las estrategias, lógicas e intereses de los actores que intervinieron en este caso nos permitirá distinguir las territorialidades involucradas y su relación con los procesos que se desarrollan en los periurbanos.

I) Vecinos con problemáticas de acceso a tierra para construir sus viviendas

Los vecinos son trabajadores ocupados y desocupados con imposibilidad de acumulación como para adquirir un terreno y así construir una vivienda. Por ello, su modo de acceder a tierras a través de ocupaciones se asocia a la casi inexistente política pública de acceso a tierras para vivienda para sectores populares que caracteriza a la provincia de Buenos Aires desde la década de 1970 (Torres, 2001; Garay, 2002; Reese, 2006). En ese sentido, consideramos que se encuentran orientados por una lógica de la necesidad, al no poder satisfacer sus demandas en el marco de la dinámica mercantil. En el caso presentado este actor persigue el interés de construir un barrio que albergue a los vecinos movilizados en el territorio en conflicto. En ese sentido podemos asociar el interés que motiva su accionar al proceso periurbano de expansión urbana/residencial. Para lograr su cometido, llevan adelante una estrategia de organización en torno a la Asamblea. En ese marco realizan movilizaciones y una ocupación del espacio público permanente. Esta estrategia en una coyuntura específica, les permitió abrir espacios de diálogo y presión sobre ciertos actores estatales que vieron en el apoyo a este actor una posibilidad de rédito político en plena campaña electoral. El resultado para la Asamblea fue favorable, al lograr una ley de expropiación que legitimó sus intereses sobre el uso y ocupación en gran parte del predio.

II) Horticultores familiares arrendatarios

Como la mayor parte de los horticultores familiares en el CHP se dedican a la horticultura, son mayoritariamente de origen boliviano, viven en el mismo predio donde trabajan, y suelen acceder a la tierra mediante el arrendamiento. Este perfil de productor realiza combinaciones de tipo productiva-comercial que les posibilitan “una mejora de algunos aspectos más relacionados con la supervivencia que con la producción” (Benencia et al. 2009: 74). Al respecto, García (2015:199) consideraba que la lógica que guía el accionar de este actor “es su persistencia como productor, y eventualmente la acumulación de capital para alcanzar una situación de mayor holgura, logrando reducir la contracción del consumo, comprar la tierra, mejorar la vivienda”. Por ello, definir la lógica que persigue este actor resulta controversial ya que las categorías aportadas por Herzer y Pírez (1994) no logran captar la complejidad de su racionalidad específica. Este actor se encuentra orientado por una lógica que persigue la obtención de ganancias, al utilizar la tierra periurbana como soporte de su actividad económica. Sin embargo, el rol que ocupa en la cadena de producción-distribución-consumo, lo ubica en una situación deficitaria que le permite sostenerse en la actividad en un estado de vulnerabilidad. Las ganancias que obtiene por la actividad no garantizan las condiciones mínimas de subsistencia y reproducción de la familia en condiciones dignas. Consideramos que este actor se ve motivado por una lógica orientada por la necesidad de reproducir sus condiciones de existencia en el marco de esta actividad económica, la que percibe como único medio para ello. Al inicio del conflicto, el principal interés de las familias horticultoras era el de permanecer en el predio que arrendaban y donde producían y residían, asociado al proceso periurbano de asiento de actividades primario intensivas. Sin embargo, en el devenir del conflicto las familias productoras diferenciaron sus estrategias e intereses, dando lugar a tres territorialidades distintas a pesar de compartir esta lógica común:

• Asociación de Productores Hortícolas Independientes: fueron los más afectados por la ocupación, al estar en la zona del predio donde se inició la toma de tierra. Ello implicó un enfrentamiento con los vecinos nucleados en la Asamblea, cuyos intereses resultaban contrapuestos. Su interés estaba asociado a sostener la validez de sus contratos para continuar sus actividades, interés que coincidía con el de la inmobiliaria que buscaba desalojar la ocupación. En consecuencia, la estrategia de este actor implicó una suerte de acompañamiento a la postura de la inmobiliaria. A su vez, buscaron asesoramiento en instituciones estatales específicas como el consultorio de asesoramiento jurídico gratuito de la UNLP.

• Asociación Civil 15 de Abril: este grupo de horticultores partieron de reconocer la ocupación como una oportunidad para abrir un proceso de distribución de la tierra entre sectores populares. A diferencia de los vecinos de la Asamblea, estos productores tenían como interés principal el de permanecer en las quintas donde estaban y consideraban que en el predio en cuestión debía respetarse el uso primario intensivo (hortícola). Al no encontrarse en una zona de conflicto, estos productores permanecieron en la tierra incluso luego del desalojo y expropiación. La ordenanza de uso de suelo que reservaba 15 ha para uso rural intensivo los favoreció de forma directa, abarcando gran parte de las parcelas que ocupaban, afianzando su organización y permanencia, ya que la Asamblea no podía avanzar ni ocupar ese sector que quedó protegido por la normativa. Especialmente luego de la expropiación, ante la pérdida de validez de los contratos que sostenían con la inmobiliaria, estos productores llevaron a cabo algunas estrategias ante la situación de incertidumbre en la que se encontraban: con asesoramiento del Consultorio jurídico gratuito de UNLP, formalizaron la organización que venían sosteniendo ‘de hecho’ y se propusieron una estrategia de articulación con organizaciones sociales de la zona, al destinar parte de su producción como donativos para comedores y merenderos.

• Productores Hortícolas no organizados: se trata de un grupo de familias horticultoras que no se organizaron ni antes ni después del conflicto. Una vez avanzada la expropiación, cada una de estas familias tomó una estrategia de negociación individual para retirarse del predio. En algunos casos se llegaron a acuerdos que implicaron la inclusión en los censos para la adjudicación de un lote en el futuro barrio. En ese sentido, este grupo de agricultores modifican su interés sobre el predio, de uno ligado a un uso primario intensivo -hortícola- a un uso relacionado con los procesos de expansión urbana y/o residencial -residencial-.

III) Inmobiliaria local

Para contextualizar, cabe mencionar que la falta de regulación en la planificación territorial que caracterizó a la política pública en la Región Metropolitana de Buenos Aires desde 1970, dio lugar a una situación propicia para que el sector inmobiliario actúe sin restricciones, guiado por la tasa de ganancia, acumulando gran poder a nivel local (Garay, 2002; Reese, 2006; Cirio, 2014).

La inmobiliaria involucrada en este caso es un actor que puede identificarse en el marco de dicha tendencia: oficia de gestor de gran parte de los predios arrendados para producción hortícola en el CHP y al gestionar un gran porcentaje de las tierras de la zona, tienen gran poder a nivel local.

Actúa de acuerdo a una lógica que prioriza la obtención de ganancia en forma de renta. Su interés sobre el uso del suelo es variable, de acuerdo a un cálculo de tipo especulativo. Como principal estrategia utilizó su poder a nivel local, sus relaciones con funcionarios municipales y provinciales, y, en consecuencia, su capacidad de “lobby” que le permitió lograr un desalojo “express”. Si bien no logró, en este caso, retomar la posesión de las tierras, sigue siendo un actor clave en el proceso de producción social del territorio periurbano platense, al concentrar las operaciones de arrendamiento y compra/venta de los predios en estos espacios de transformación urbano-rural.

IV) Instituciones estatales y/o públicas

Como ya hemos indicado los actores estatales orientan su accionar mediante una lógica pública o estatal, caracterizada por un rol mediador que no es neutral ni asimétrico. Su contenido está atravesado por las relaciones de fuerza entre los actores sociales intervinientes en cada caso y permeados por la coyuntura y necesidad de acumulación política. De allí que pueden orientarse al fortalecimiento o debilitamiento de las lógicas propias de los actores de la sociedad civil en la producción de los territorios.

En nuestro caso, advertimos el carácter contradictorio del Estado. Allí pueden advertirse una sumatoria de acciones estatales que intervienen en este conflicto con el fin de legitimar los intereses de cada uno de los actores sociales y sus acciones “privadas” que priorizan una lógica de necesidad o ganancia en el marco de los procesos periurbanos:

• La oficina judicial 1 y la policía actuaron a partir de una lógica de mediación que favorecía los intereses de la inmobiliaria, ligadas a una lógica de la ganancia y un uso de suelo especulativo y también a los intereses de al menos una parte de los horticultores que allí estaban produciendo.

• La legislatura provincial y la oficina judicial 2 expresaron un apoyo a los intereses de la Asamblea. Las acciones de las instituciones estatales en este caso, estuvieron influidas por la campaña electoral de 2015. Ello motivó la intervención de actores políticos que vieron la oportunidad de sentar posición respecto a un hecho fuertemente mediatizado a nivel municipal. Aportaron a legitimar la lógica de la necesidad asociada a un uso residencial.

• El Consultorio de asesoramiento gratuito de la UNLP⁶ colaboró para posicionar y visibilizar mediante diversas acciones los intereses de los grupos de familias horticultoras. De igual manera, la Legislatura municipal, al declarar un sector del predio de uso rural-intensivo favoreció particularmente a los productores de la Asociación Civil 15 de Abril. En ese sentido se aportó a legitimar una lógica de la necesidad asociada a un uso primario-intensivo.

Queda evidenciado que, a pesar de tratarse de acciones contradictorias al favorecer a diversos actores de la sociedad civil en sentidos diferentes, primó el apoyo a los intereses de la Asamblea al concretar la expropiación de la mayor parte del predio para uso residencial.

En la Tabla 1, podemos advertir una clasificación de las territorialidades identificadas en el caso de estudio a partir de sus dimensiones - lógicas, intereses ligados a procesos propios del periurbano y estrategias de acción-.

Tabla 1

Territorialidades identificadas en el estudio de caso de acuerdo a las dimensiones propuestas

Fuente: elaboración propia en base a información sistematizada de trabajo de campo 2015-2018

De este análisis se desprende que el territorio periurbano delimitado en el marco del conflicto se produce a partir de las relaciones de fuerza entre las territorialidades de actores de la sociedad civil ligados a dinámicas de expansión urbana residencial y asiento de producción primario-intensiva, mediadas por el accionar estatal y público. El “resultado” de este proceso tendió a la preeminencia de un interés ligado al uso residencial orientado por una lógica de la necesidad –encarnado por los vecinos organizados en la Asamblea- que se impuso por sobre el uso primario-intensivo también orientado desde una lógica de la necesidad –familias hortícolas- y por sobre un uso especulativo orientado por una lógica de ganancia –inmobiliaria-. En este desenlace resultó clave la mediación de los actores estatales. La disposición de expropiar la mayor parte del predio a favor de sectores que demandaban tierras para uso residencial, implicó la profundización de una dinámica de retroceso del uso productivo ligado a la producción de alimentos, característico en territorios periurbanos. Sin embargo, resulta peculiar la legitimación del accionar de actores sociales movilizados por la lógica de la necesidad, dando cuenta de que en coyunturas específicas el Estado responder a la necesidad de reducir la conflictividad para que no escale a situaciones de difícil canalización intrasistémica

d) Conclusiones

Llegadas las conclusiones, cabe advertir que este trabajo es resultado de una construcción teórico-metodológica basada en una constante relación entre teoría, método y objeto. Es decir, que el orden expositivo no se corresponde con el proceso de investigación que implico cotejar constantemente la teoría y metodología a la luz de lo identificado en el caso de estudio. En este artículo buscamos presentar el resultado de dicho ejercicio que dio lugar a una propuesta de abordaje teórico metodológico de los periurbanos desde un enfoque territorial. Ello implicó identificar territorialidades en el caso en cuestión y distinguirlas en base al reconocimiento de lógicas, intereses y estrategias diversas en torno al uso y apropiación del predio del conflicto.

Concluimos que, en el periurbano platense, la producción social del territorio se desenvuelve centralmente en torno a dos procesos preponderantes: la expansión urbana y/o residencial y el asentamiento de producciones primario intensivas. Como hemos advertido allí crecieron los fenómenos de expansión residencial – con una lógica dual que pivotea entre la necesidad y la ganancia- y el Cinturón Hortícola Platense –núcleo de producción hortícola más importante del país, protagonizado por un sector con una racionalidad específica-. Los usos de suelo contradictorios que encarnan los actores protagonistas de estas tendencias se pueden advertir en el caso de estudio. De allí advertimos una tendencia de retroceso del uso productivo del suelo ante la expansión residencial, cuya cara más dramática se advierte en la conflictividad entre actores excluidos, movilizados desde la necesidad, pero con intereses contrapuestos, que buscan concretar sus intereses en un contexto de mercantilización del espacio, especulación rentística y difusa regulación estatal.

Referencias bibliográficas

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Notas