Dosier: Formas desmercantilizadas de producción de vivienda y ciudad:
producción social del hábitat y políticas públicas

Las torres del Programa Misión Sueños Compartidos. Tras los rastros de una política olvidada

Introducción

En el marco de la mercantilización de las ciudades y de los bienes urbanos, las dificultades en el acceso al hábitat por parte de amplios sectores de la población empobrecidos dieron lugar a modalidades y estrategias desmercantilizadoras, no mercantiles y mercantiles simples, que se combinaron entre sí en el proceso de habitar de los sectores populares del país (Pírez, 2019). Una de las principales estrategias fue la autoconstrucción por parte de familias con diversos grados de organización social, que conformaron las llamadas urbanizaciones populares; en el caso de la Argentina, las villas y asentamientos (Cravino, 2009). Frente a ellas, el Estado alternó entre una tolerancia sin regulación, prohibición con desalojos e intervenciones a partir de diferentes mecanismos de regulación de sus componentes.

A partir de la década de 1970, sin embargo, comenzaron a establecerse lineamientos internacionales sobre las intervenciones en asentamientos populares, que dieron lugar a una serie de paradigmas en la región, con diferentes supuestos, fundamentos y ejes de acción (Cravino, 2023). En este proceso, el gobierno iniciado por Néstor Kirchner en 2003 marcó un punto de quiebre a nivel local. Por un lado, porque cambió la lógica de los últimos 40 años en relación con la cantidad e inversión total de soluciones habitacionales producidas estatalmente y, por el otro, porque posicionó dicha lógica en un lugar central frente a la crisis socioeconómica del 2000-2001 (Varela y Fernández Wagner, 2012). Los diversos programas de la época apuntaron, pues, además de paliar la crítica situación socio-habitacional, a la reactivación del empleo por medio del trabajo en la construcción y a la “gobernabilidad” por medio de la articulación con sectores empresariales, sindicales y de organizaciones socio-territoriales. Si bien la mayor parte del presupuesto estuvo asignado al Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) —bajo la modalidad de construcción privada de vivienda “llave en mano” con financiación estatal—, hubo otras experiencias, en las cuales las organizaciones sociales y territoriales tuvieron participación en diferentes momentos de la implementación, ya sea en la ejecución (Programa Federal de Emergencia Habitacional), ejecución y seguimiento (Programa Mejoramientos de Barrios) o ejecución, seguimiento y administración de los recursos (Programa 37 -continuación del 17- – Mejoramiento habitacional e Infraestructura Básica) (Vío, Morales, Rodríguez, Mendoza, Procipez, Ostuni y Virgilio, 2007).

En este artículo nos proponemos indagar en otra experiencia, que tuvo menos resonancia por sus propuestas y ejes de acción que por la estigmatización política y mediática en la que se vio envuelta,¹ pero en la cual las organizaciones participantes ocuparon un lugar no sólo como intermediarias, sino también en el diseño, ejecución y gestión de los proyectos. Este fue el caso del Programa Misión Sueños Compartidos (en adelante, Sueños Compartidos o “El Programa”), a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo² (en adelante “La Fundación”). Presentado como un programa de integración socio-laboral a partir de la construcción de viviendas en el marco de la reurbanización de villas y asentamientos, se inscribió dentro de la línea de trabajo por los derechos humanos, en una formulación en la que el acceso integral al hábitat se entrelazó con otras problemáticas sociales y con un componente de organización política popular (Fundación Madres de Plaza de Mayo, 2009).

En este marco, el objetivo de este artículo es reflexionar en torno a la relación entre la mercantilización y el derecho a la vivienda y a la ciudad por parte de los sectores populares, a partir de la implementación del programa Sueños Compartidos en una villa de Tigre. Para ello, nos focalizamos en dos ejes de análisis. Por un lado, en dos de las características particulares de este programa: a) se trató de un programa diseñado y ejecutado por una organización de DD.HH., que b) enmarcó la reurbanización desde una perspectiva de inclusión social con componentes de “inserción socio-laboral integral” (Fundación Madres de Plaza de Mayo, 2009). En segundo lugar, en el rol de las organizaciones políticas y territoriales que formaron parte del programa, indagando en los grados de decisión y de participación de quienes habitaban los territorios.

Para responder dichas preguntas, nos centraremos en el proceso llevado adelante en una villa de Tigre, en el Conurbano bonaerense. La investigación se enmarcó en el trabajo etnográfico que comenzó a fines del año 2019 (con interrupciones a partir de las medidas de restricción a la circulación adoptadas por la pandemia Covid-19) hasta 2022. En él se articularon registros de observación participante, conversaciones informales y entrevistas a vecinos y vecinas del barrio, y a referentes sociales y estatales que formaron parte de la implementación. Además, se utilizaron fuentes secundarias, como informes del programa, fuentes hemerográficas publicadas en diferentes medios de comunicación nacionales y locales, publicaciones en Facebook y redes sociales de organizaciones políticas y sociales que retomaron las experiencias del programa, y los archivos de la causa judicial en la que se vio envuelto.³

El punto de partida para el análisis se conforma a partir de una serie de abordajes antropológicos sobre el Estado, la política y el gobierno, que nos permiten indagar en el contenido concreto de los conceptos que se utilizan muchas veces en sentido abstracto y en las significaciones que se construyen a partir de nuestra interacción con las personas. Esto nos permite dialogar con los marcos de legibilidad que construyen quienes son destinatarios de las intervenciones estatales, en sus intercambios cotidianos con el Estado, sus procesos y efectos (Balbi y Boivin, 2008; Das y Poole, 2008; Fernández Álvarez, Gaztañaga, y Quirós, 2017). De este modo, centramos nuestro análisis en la implementación del programa en un barrio, lo que nos permite problematizar las dinámicas internas relacionadas con las ambigüedades de los programas, el margen de acción con el que cuentan los diferentes actores y las dinámicas externas, en tanto negociaciones con los otros actores que participan. La implementación de políticas públicas es entendida, de este modo, como un proceso multidimensional y complejo llevado adelante por diferentes actores y niveles de gobierno (Lascoumes y Galès, 2014).

Por otro lado, incorporamos una serie de aportes del campo de los estudios urbanos que se centran en políticas habitacionales; particularmente, de autores locales y latinoamericanos, dadas las particularidades del proceso de urbanización popular en la región (Pírez, 2016, 2019).

La exposición argumental se organiza en una serie de apartados en los que, en primer lugar, introducimos una reflexión sobre las características del acceso a los bienes y servicios urbanos por parte de los sectores populares y sobre el rol del Estado en este proceso, con especial atención a las articulaciones con sectores asociativos. En un segundo apartado, delineamos las principales coordenadas del programa a analizar y nos centramos en la implementación del barrio donde realizamos nuestra investigación. Luego, reflexionamos sobre los diversos grados de decisión y participación política de los sectores sociales involucrados, en el marco de la articulación entre el Estado y las organizaciones que participaron en la implementación, para finalmente reflexionar acerca de las tensiones entre el derecho al hábitat en un contexto de mercantilización de este.

1. El acceso a la vivienda y la ciudad entre los sectores populares

1.1 La vivienda popular, entre la mercantilización y los derechos

En una economía capitalista, todo bien producido es una mercancía. Ello contempla el suelo, la vivienda, los servicios de infraestructura y el acceso a los bienes y servicios de centralidad.⁴ Esto significa que, al estar la posibilidad de su producción determinada por la lógica de la ganancia, hay una serie de bienes que el sector privado no produce; por ejemplo, la vivienda asequible para los sectores populares. Así, muchas familias establecieron otros modos no mercantiles de construir hábitat, como la autoproducción y la desmercantilización social a manos de grupos igualmente empobrecidos, en los cuales la lógica que guio estructuralmente el accionar de los actores fue la de la necesidad, para la satisfacción directa (Pírez, 2019).

En este escenario, la intervención del Estado asumió el rol de garantizar la vivienda para de esta manera asegurar la reproducción social, principalmente a partir de dos modalidades. Por un lado, a partir de la subvención del consumo por medio de transferencias de recursos a los sectores privados, de modo que disminuyera el precio en el mercado, o por ayudas monetarias otorgadas a la población para que pudiera acceder a ella, lo que dio lugar a una desmercantilización de bienes que originariamente fueron mercantiles. Otra de las formas fue la provisión a la población de modo gratuito o al costo; es decir, un acceso no mercantilizado y destinado a la satisfacción de la necesidad en vez de a la ganancia. Si bien en ambas modalidades el acceso lo garantizó el Estado, hay una diferencia central de cara a nuestra problematización. Mientras que en la última no hay una circulación mercantil de lo producido, en la primera el Estado se constituye en el garante de la ganancia del sector privado, por medio de una transferencia monetaria que la población destinataria no está en condiciones de abonar (Pírez, 2016).⁵

En esta tensión estructural entre los procesos de reproducción económica y los de reproducción social Pírez (2022) ubica las disputas políticas y las luchas sociales por el derecho a la ciudad. En esa línea, traemos al diálogo el concepto acuñado por Henry Lefebvre hacia finales de los sesenta (Lefebvre, 1968), en su planteo crítico del proceso de mercantilización de los componentes habitacionales. En su propuesta teórico-política del derecho a la ciudad, que reivindica la participación en las decisiones y la apropiación por parte de los habitantes sobre ella, este concepto ha conformado el ideario de gran parte de los movimientos sociales y territoriales surgidos a partir de la década de 1990 en Latinoamérica por el acceso al hábitat.

Organizaciones de la sociedad civil junto con activistas y académicos de la región, en el marco de la Coalición Internacional para el Hábitat, han acuñado el concepto de Producción social del hábitat, para referirse a las prácticas no mercantiles y con grados de organización colectiva que, guiadas por la lógica de la necesidad y no de la ganancia, construyen vivienda. En este proceso se incluyen diversas formas de producción que son dirigidas y controladas por colectivos organizados, con participación de los grupos destinatarios de lo producido. Dichas formas varían según los modos de organización, el control de las diferentes instancias del proceso y sus fines generales (Vío et al., 2007).

Entre las diferentes experiencias concretas que pueden ser parte de la producción social del hábitat, nos interesa traer a la discusión la autogestión y la producción a cargo de organizaciones civiles sin fines de lucro. La primera se caracteriza por la conformación de colectivos organizados, en los que se problematizan las relaciones de poder vigentes y se propone su transformación. Para Relli Ugartemendía y Vértiz (2021), este proceso implica el empoderamiento de las y los participantes, dado que el trabajo colectivo articula una serie de reflexiones y decisiones en torno a cómo se quiere vivir y habitar, al uso y disfrute de los bienes y servicios urbanos y a una participación activa en la producción de ciudad. Por su parte, la producción a cargo de organizaciones civiles que buscan la satisfacción de las necesidades de las personas destinatarias de las viviendas es conceptualizada dentro de esta modalidad de producción “por su lógica productiva, fines sociales, carácter no lucrativo y articulación con los grupos sociales destinatarios que, en la mayoría de los casos, son involucrados desde la primera fase del proceso productivo” (Vío et al., 2007, p. 20).

1.2 Políticas habitacionales con participación de asociaciones y organizaciones sociales

Las modalidades asociativas para el acceso a la vivienda tienen una amplia trayectoria en la Argentina.6 Desde el Estado, a su vez, se ha implementado una serie de políticas y programas habitacionales de articulación con diferentes actores de la sociedad civil. La construcción bajo modalidades asociativas, por ejemplo, tuvo un fuerte desarrollo en los años recientes a partir del Programa Federal de Emergencia Habitacional (PFEH), implementado con cooperativas conformadas por gobiernos locales y organizaciones políticas y sociales. Otra experiencia importante es el Programa para la Autogestión de la Vivienda.⁷ Si bien está acotado al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sus implementaciones continúan vigentes y cuentan con proyectos de ley para ampliarlos al territorio nacional (Pedro, Campari, Di Virgilio, Rodríguez y Zapata, 2020). Recuperamos, a su vez, una serie de programas en los que se articuló con organizaciones barriales y ONG de hábitat; por ejemplo, a partir del Programa 17, que contó con la participación de varias organizaciones que gestionaban mejoramientos habitacionales a partir de líneas de Fondos de Crédito (Coniglio, 2002); experiencias como el Programa Mejoramientos de Barrios (PROMEBA), en el que la participación de la comunidad venía bajo directrices del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —que financiaba los préstamos—; y el Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda – Mejor Vivir, en el que las organizaciones demandaron participación en las implementaciones.

Arcidiácono y Luci (2021) sitúan la década de 1990 como el quiebre para pensar la actual relación entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) —tanto las grandes ONG con financiación internacional como las organizaciones populares y de base territorial— y el Estado, en las políticas sociales. Este proceso viene de la mano de una serie de recomendaciones vía Consenso de Washington en el marco de la crisis de ajuste estructural. En este contexto, en la década de 1990 una serie de ONG se posicionaron como el paradigma de la eficiencia, saber técnico e idoneidad para abordar las problemáticas socio-asistenciales, teniendo como principios de legitimidad e identidad los ejes de “bien común, eficiencia e integridad apartidaria” (Arcidiácono y Luci, 2021, p. 407). De este modo, se invistieron de ciertas características morales y éticas que las distanciaron de los intereses políticos, asociados, desde dicha perspectiva, a la corrupción e ineficiencia, y lograron un lugar central en la implementación de las políticas sociales.

A partir del cambio de época que se dio en la región en torno a los gobiernos que volvieron a darle centralidad al Estado en lo económico y social, ganó protagonismo otro tipo de asociaciones, como los espacios barriales, organizaciones comunitarias y las que tenían agenda en la emergencia socio-económica. En este período, Arcidiácono y Luci (2021) distinguen dos momentos diferentes en el plano de la retórica pública. Si bien en un primer momento se continúa con la convocatoria propia de la década anterior, a partir de 2007/2008 “las organizaciones asociadas al rótulo de ONG pasan a consolidarse como otro de los ‘agentes opositores’. En esa otredad el Estado construyó su propia forma de legitimación, diferenciándose de sectores que buscaban asociarse al corporativismo, al lobby empresarial, al librecambio” (2021, p. 416). En este movimiento, los gobiernos kirchneristas⁸ construyeron una serie de alianzas con las organizaciones de base popular, las que, al mismo tiempo que pasaron a constituirse en el sostén de la política social, se nutrieron de conocimientos de gestión que anteriormente estaban relacionados con las ONG (Manzano, 2008).

Así, se desarrolló una serie de programas desde diversas carteras ministeriales, que incorporaron la participación ciudadana y el fortalecimiento de las redes comunitarias a partir de diferentes mecanismos, entre los que el asociativismo de mutuales y cooperativas fue un elemento central (Kirchner, 2007). En la política habitacional tenemos, por ejemplo, las experiencias del ya señalado PFEH entre los años 2003 y 2010, con variaciones entre el cooperativismo desde una perspectiva instrumental hasta experiencias en las que se les asignó un elemento sustantivo y político importante, que trascendió el propio campo de acción del programa (Cravino, Moreno, y Mutuberría Lazarini, 2013). En estos procesos hallamos una variedad de tipos de organizaciones con diferentes grados de involucramiento en la toma de decisiones, más allá del diseño desde los escritorios. Por eso, nos resulta central adentrarnos en Sueños Compartidos a partir de las implementaciones concretas que se llevaron adelante en el territorio.

2. El Programa Misión Sueños Compartidos

2.1 Lineamientos del programa

Entre mediados de 2006 y 2008 la Fundación Madres de Plaza de Mayo llevó adelante una serie de intervenciones financiadas por el Estado en la Villa 15 y en Los Piletones, de la ciudad de Buenos Aires. Los proyectos, si bien variaron a lo largo de ese tiempo, contemplaban la capacitación de quienes habitaban los barrios para la construcción de viviendas bajo cooperativas de trabajo, que se iban a entregar equipadas y amobladas (Najman, 2017, 2018; Palombi, 2019; Spinelli Álvares, 2011). A principios de 2008, se llevó adelante la expansión federal del programa,⁹ con una serie de proyectos financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Nación, en los que intervinieron los Institutos de la Vivienda de las provincias, una organización social del barrio y la fundación. En 2009 el programa pasó a depender de la Subsecretaría de Obras Públicas, y quedaron excluidas de los convenios las asociaciones civiles; aunque dada la estructura no territorial de la fundación, continuaron apoyándose en organizaciones políticas y de base territorial, principalmente.

Sueños Compartidos fue un programa de integración social a partir de la reurbanización de villas y asentamientos, en la que las personas del barrio, que recibían las correspondientes capacitaciones, construían las viviendas, equipamiento e infraestructura. La inserción laboral era acompañada de una serie de dispositivos sociales que atendían a las diferentes dimensiones de salud, educación, violencia, consumo problemático, etc., del barrio, a partir de los propios equipos de la fundación y de la articulación con diferentes políticas públicas (“Proyecto de Vivienda Madres de Plaza de Mayo I”, 2007). Los proyectos tenían una serie de características particulares que los diferenciaban de las intervenciones del resto de los Programas Federales de la época,¹⁰ dado que se localizaban en áreas que presentaban situaciones de conflictividad social, que requerían un abordaje social además de habitacional (“De Vido Julio y otros s/defraudación contra la administración pública”, s. f.).

La construcción se realizó por medio de una técnica creada en Italia, por la cual paneles de poliuretano expandido contenidos entre dos mallas de metal se encastraban y se los cubría con cemento proyectado. Esta tecnología se eligió específicamente por la mayor velocidad de construcción frente al sistema tradicional y con base en los objetivos de inserción ocupacional, dado que la técnica puede aprenderse al mismo tiempo que se construyen las obras, lo que permite el empleo de trabajadoras/es con poca o nula capacitación. Además, implicaba menos fuerza física que el sistema tradicional, lo que fue clave para el programa ya que proponía una igual contratación de mujeres y varones, en un rubro tradicionalmente masculinizado.

El Estado nacional enviaba los fondos —un monto no reintegrable por el 100 % de la construcción— al gobierno local, y se depositaban en la fundación por sistema de ajuste alzado. La fundación era la encargada de la planificación, diseño y coordinación del trabajo. Este último varió en las diferentes implementaciones, con procesos que alternaron desde la contratación formal a la conformación de cooperativas de trabajo que luego fueron contratadas. Con la excepción de algunos puestos técnicos, quienes trabajaron eran de los barrios y, en algunos casos, fueron luego adjudicatarios, lo que acercaba la experiencia a la autoconstrucción (Spinelli Álvares, 2011).

La estructura de trabajo flexible permitió variantes en los grados de participación a lo largo de las etapas de diseño y en la construcción, y respecto del fortalecimiento de las organizaciones con las que se trabajó. A diferencia de las experiencias desarrolladas en la ciudad de Buenos Aires (Najman, 2017; Spinelli Álvares, 2011), en el ámbito federal primó la generación de trabajo asalariado por medio de una relación de dependencia formal con sindicalización y fuerte presencia de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en capacitaciones de trabajo, derechos laborales y sindicalismo. El énfasis en la calidad del empleo fue clave, según la fundación, para establecer una diferencia entre una política pública con empleo y una política asistencialista.

Uno de los objetivos de Sueños Compartidos era fomentar el desarrollo de la organización política, por medio de dos movimientos. En primer lugar, al habilitarles a las organizaciones locales un espacio en la gestión. En segundo lugar, al trasladar la discusión por la desigualdad socio-territorial al campo de los derechos humanos, junto a las condiciones socio-económicas, comunitarias, políticas y simbólicas de quienes habitan las villas y asentamientos. Como afirma un libro de difusión de la fundación, entre sus objetivos se encontraban:

Fortalecer la organización social desde el trabajo. Generar conciencia para el pleno cumplimiento de los derechos. Articular el hábitat desde la exclusiva necesidad de sus habitantes. Elaborar proyectos respetando las formas de organización que los actores locales se dan para sí (Fundación Madres de Plaza de Mayo, 2009, p. 10)

La estructura flexible en la organización, junto con la falta de territorialidad en las implementaciones fuera de la ciudad de Buenos Aires, dio lugar a que las organizaciones locales tuvieran peso en las decisiones de los diferentes momentos de la implementación.

2.2 Sueños Compartidos en Villa Garrote

Los municipios de Tigre y de Almirante Brown fueron los primeros de la provincia de Buenos Aires en recibir las obras de la fundación. El 12 de diciembre de 2008 se firmó el convenio para la construcción de viviendas en Villa Garrote.¹¹ Las obras comenzaron a finales de ese año y estuvieron en funcionamiento hasta el mes de junio de 2011, en el marco del escándalo mediático por las denuncias judiciales, cuando se abandonaron sin finalizar. En ese momento se encontraba avanzada la construcción de 108 viviendas en consorcios de 3 plantas con 4 unidades por planta, e infraestructura como red cloacal y pavimento.¹²

Por intermedio de la Federación Tierra y Vivienda (FTV),¹³ la fundación Madres de Plaza de Mayo entró en contacto con la organización que estuvo a cargo de la coordinación territorial. Conformada por una red de mujeres manzaneras y comadres del Plan Más Vida¹⁴ del barrio construida a lo largo de los años, “Mujeres al frente” comenzó en 2007 a formar parte del entramado de redes y asociaciones territoriales de la FTV. Esta organización le habilitó a la fundación el ingreso al barrio y el vínculo con un grupo organizado de mujeres, que fueron las encargadas de realizar convocatorias y facilitar lugares hasta que el programa pudo construir sus propios espacios. Estas mujeres organizadas brindaron además el conocimiento acerca de las condiciones sociales en el barrio. La FTV, por su parte, contaba ya con experiencia en la gestión de programas habitacionales, principalmente a partir del PFEH.

Si bien la mayoría de las personas que trabajaron en la obra eran del barrio, no hubo una correspondencia entre quienes trabajaron y quienes luego fueron adjudicatarios, en parte porque las viviendas se entregaron varios años después con un listado realizado por la Municipalidad y en parte porque no se continuó con la edificación de las restantes viviendas. En este punto, si bien no podemos hablar de autoproducción, podemos abrir la pregunta en torno a la autogestión, para lo cual debemos analizar la participación en las decisiones de las diferentes etapas de implementación y, por otro lado, atender a la conformación de la dimensión comunitaria y política en el proceso; elementos que abordaremos a continuación.

3. Lo habitacional dentro del marco de los DD.HH.

El programa Sueños Compartidos da cuenta de una serie de transformaciones en la fundación Madres de Plaza de Mayo, en cuanto a una resignificación de los reclamos por DD.HH., justicia, verdad y memoria, que pasaron a articularse con situaciones de inclusión y justicia social con posterioridad a la crisis socioeconómica del 2001. Para Barros y Morales (2017), la fundación se configuró en términos identitarios y de relación con el Estado a partir de la época del ciclo kirchnerista de gobierno (2003-2015). De pasar a denunciar al Estado democrático como cómplice de los crímenes de la última dictadura militar, la organización tuvo, en primer lugar, un acercamiento al proyecto político del kirchnerismo que redefinió las relaciones con otros organismos de DD.HH. y fuerzas políticas y sociales, y, en segundo lugar, realizó un desplazamiento hacia otros reclamos populares. En palabras de la presidenta de la Fundación: “Pudimos dejar de correr detrás de la Justicia y empezar a construir el camino de nuestros hijos: estamos construyendo viviendas (...) Para mí eso es vengar la sangre de mis hijos” (Bonafini, extraído de Bistagnino, 13 de marzo de 2011, La Mañana Neuquén) (Barros y Morales, 2017, 56–57).

El hecho de que la organización que diseñó el Programa sea la fundación sitúa la temática habitacional dentro del marco de los DD.HH., conformando el campo de lo habitacional junto a las dimensiones socio-económicas, comunitarias, políticas y simbólicas de quienes habitan los barrios. Partiendo de lo desarrollado en el primer apartado, nos interesa, entonces, interrogarnos en torno a la incidencia que los habitantes de Villa Garrote tuvieron en las diferentes etapas del proceso.

En primer lugar, amén de las variaciones en los diferentes barrios y de las derivas una vez finalizado el programa en 2011, sostenemos que la propuesta de participación se distanció del criterio de gobernabilidad urbana instaurado por la reforma neoliberal en el Estado a partir de los lineamientos del Consenso de Washington (Fernández Wagner, 2004).

Por otro lado, dichas variaciones se establecieron en el marco de una dinámica de disputa, en la cual, en algunas ocasiones, las propuestas o reclamos provenientes del barrio pudieron imponerse sobre los lineamientos que venían desde la fundación con base en lo proyectado, mientras que, en otros, más allá de los reclamos, no lograron tener injerencia. Respecto de la tipología de vivienda, por ejemplo, desde el inicio las y los habitantes no querían departamentos sino casas. Sin embargo, esta decisión, gestada por técnicos de la fundación, no pudo ser revertida. Otra fue la suerte de la inclusión de mujeres en el trabajo de obra. Aquí, desde un primer momento varias mujeres lucharon por ser incorporadas. A pesar de que por diseño del programa deberían haber sido habilitadas, el responsable de obra de la fundación tenía una posición hostil a dicho cumplimiento. Esta disputa fue “ganada” por las mujeres gracias a reclamos en la obra, disputas dentro de la organización, familiares y vecinales, y a la intermediación de la UOCRA.

Respecto de la dimensión colectiva, una de las principales críticas a la organización local que identificamos en nuestro trabajo de campo fue la falta de articulación con otras organizaciones del barrio. Esto generó que tanto la información como la toma de decisiones se concentrasen en un sector de la población, y que quedaran habitantes de la villa —incluso adjudicatarios de las viviendas— al margen del proceso.

Por otro lado, hay una serie de dimensiones identificadas en nuestro trabajo de campo que nos gustaría señalar, ya que se configuraron como parte de los efectos centrales del programa. En primer lugar, no hay que perder de vista las implicancias de la reurbanización como lineamiento de intervención habitacional. Cuando el Estado financia una reurbanización y mejoramiento de las condiciones socio-habitacionales de una villa conformada por autoconstrucción y ocupación de suelo fiscal, está a su vez reconociendo y legitimando las prácticas populares de producción habitacional e incorporando los usos y costumbres del “derecho vivo” de dichas poblaciones bajo rangos de legalidad estatal (Schijman, 2022). Podemos contraponer esta postura a los casos en los que el desalojo o la relocalización dan cuenta de una concepción de “ilegalidad” frente al tipo de producción de ciudad (Cravino, 2019), en la que la lógica de trasfondo es la mercantilización. En un municipio que se caracteriza por el fuerte desarrollo del mercado de urbanizaciones cerradas, la certeza de que no iban a ser desalojados fue un efecto del programa.

En segundo lugar, un elemento que apareció con mucha impronta entre quienes se desenvolvieron en puestos de organización fueron los aprendizajes en torno a la organización política y las articulaciones con otras organizaciones de diferentes barrios, como con otros actores políticos. Los cursos de capacitación en cooperativismo y los diferentes espacios de fortalecimiento organizacional eran pensados en términos políticos, en cuanto a posibilidades de la organización popular para el ejercicio de los reclamos por derechos.

Por otra parte, hay una serie de efectos de la política que se relacionaron con diferentes aspectos de la desigualdad social abordados por el programa. Una dimensión central fueron los procesos señalados por gran parte de las mujeres participantes, entre los que podemos señalar las transformaciones subjetivas alrededor del proceso de aprendizaje de oficios y del trabajo en áreas en las que nunca habían estado habilitadas dada su condición de género; las reconfiguraciones de los arreglos familiares y en las relaciones interpersonales entre quienes enfrentaron la posibilidad de desempeñarse laboralmente en dichas áreas; la valorización de quienes trabajaron en puestos de cocina o limpieza y vieron su trabajo valorado social y remunerativamente (cuando eran tareas que antes realizaban sin considerarlas trabajo); la socialización de experiencias personales a partir de los dispositivos sociales que se implementaron, que permitieron explicar social y culturalmente problemáticas que muchas mujeres y varones concebían de manera individual; y un legado de conocimiento en términos de diferentes áreas en función de las capacitaciones y dispositivos sociales instrumentados.

En ese sentido, las dificultades en torno a las oportunidades de acceso a un empleo y de capacitación; el acceso a políticas de educación y salud; la gestión de trámites de documentación, entre otros, son dimensiones que configuran a las y los habitantes de las urbanizaciones populares en relación con las posibilidades de acceso, uso y disfrute de los bienes urbanos. Entendiendo la experiencia del habitar como un proceso complejo, multidimensional, multiescalar y situado (Duhau y Giglia, 2008), consideramos que los diferentes vectores de poder y desigualdad, como el género y orientación sexual, la edad, nacionalidad y rasgos étnicos, entre otros diacríticos, establecen diferentes percepciones sobre las prácticas y trayectos posibles, así como límites y posibilidades a la acción, al movimiento y a la apropiación y experiencia urbana (Lindón, 2012). Por ende, el derecho al hábitat debe pensarse en relación con la interseccionalidad y con las diferentes desigualdades que están incluidas entre quienes habitan estos territorios (Falu y Palero, 2014; Pérez Sanz y Gregorio Gil, 2020).

4. Reflexiones finales

Lejos de agotar el análisis del programa Sueños Compartidos, intentamos en este trabajo poner el foco en los procesos y efectos en el marco de la implementación en Villa Garrote, para reflexionar sobre las tensiones en el derecho al hábitat en el marco de la mercantilización de nuestras ciudades. Si bien desde los lineamientos del programa se sostenía una perspectiva integral del abordaje socio-habitacional y un marco en el cual las problemáticas se pensaron como parte de los DD.HH., nos propusimos trasladar los interrogantes al campo de la implementación, para corrernos de una perspectiva abstracta y ver las disputas y acciones de los diferentes actores.

En el caso del programa en Villa Garrote, la falta de territorialidad de la fundación y la decisión de articular con diferentes organizaciones políticas y barriales dieron lugar a que estas tuvieran un rol central en la gestión del programa. De este modo, la deriva en la aplicación de sus lineamientos o en el lugar que desde el barrio pudieran tener de cara a las decisiones en la implementación dependieron de las disputas y reclamos que se articularon.

Podemos mencionar, en este punto, que la escasa estructura e institucionalidad en gran parte de los procesos de la fundación, pensada para favorecer la flexibilidad del programa y la adaptación a las formas organizacionales locales, impidió que se desarrollasen formas participativas para todo el barrio y que hubiera una política efectiva de comunicación, dadas las características de la organización local. Frente al desafío de gestionar un programa habitacional de tal envergadura, las mujeres que formaban parte de la organización decidieron cerrar espacios de toma de decisión a lo que desde la fundación les proponían. Aquí pesaron, en primer lugar, el “no quedar enganchada con los políticos” (Referenta de Mujeres al Frente. Entrevista N° 12, 2020), dada su tendencia a no cumplir y tener que dar cuenta en el barrio. En segundo lugar, pesó la falta de experiencia y capacitación frente a lo que implicaba el salto de gestionar una copa de leche dentro de la casa junto con vecinas a la complejidad de un programa integral de reurbanización. De este modo, ante el análisis de las dimensiones de participación en la gestión, hay algunos aspectos que sí fueron disputados, pero otros que no se abrieron siquiera a la participación, más allá de que sí estaba pensada su apertura.

Esto afectó a su vez la dimensión de fomento a la organización, que tuvo efectos principalmente en el grupo que estuvo a cargo de la gestión a partir de vínculos con otras organizaciones y diferentes organismos estatales, pero no se extendió a otros sectores del barrio.

Por su parte, la perspectiva de derechos, vinculada a las reivindicaciones de la lucha política de las y los militantes de la década de 1970, enmarcó una serie de propuestas en las que lo habitacional no fue problematizado sólo desde la perspectiva de la materialidad construida —como lo hicieron gran parte de los programas de la época—, sino que también se articuló, por un lado, con otras dimensiones sociales que fueron identificadas como obturadoras del acceso a la ciudad, y por otro, con elementos políticos para el desarrollo de la organización comunitaria.

En relación con el primer punto, fue clave la perspectiva de género y la inclusión de equipos sociales que trabajaron con situaciones de consumos problemáticos, documentación y problemáticas de salud, entre otras. Frente a los programas que invisibilizan las diferentes desigualdades hacia adentro de estos territorios, Sueños Compartidos expuso tensiones y desigualdades dentro del barrio, abriendo la posibilidad de un derecho al hábitat no universal y abstracto sino concreto. Las discusiones sobre si las mujeres, los “nuevos” en el barrio o quienes tenían problemas de consumo podían ingresar a trabajar habiendo “padres de familia” desempleados exponen el entramado hacia adentro de un colectivo que muchas veces se homogeneiza desde el Estado. Como los abordajes del urbanismo y geografía feminista nos recuerdan, las barreras al derecho a la ciudad no son sólo materiales y económicas sino también políticas y simbólicas.

Si indagamos en los efectos simbólicos, frente a la pregunta por el programa en el barrio la respuesta extendida fue de orgullo por haber sido parte de la construcción de los departamentos: “yo trabajé para construir”, “los armó el barrio”, “lo hicimos nosotros” son algunas de las frases que registramos. Otro de los recuerdos más señalados fue el de trabajo en el barrio, en un contexto de desempleo y tras varios años de crisis socio-económica.

En definitiva, estas reflexiones nos permiten señalar que, si partimos de una perspectiva de derecho a la vivienda y a la ciudad en la que se incluyan dimensiones materiales, sociales, simbólicas, políticas y económicas, no alcanza con garantizar el acceso a los componentes habitacionales, sino que hay que atender también a las diferentes desigualdades de las personas, que son las que habilitan o no el uso y la apropiación de dichas dimensiones. En segundo lugar, comprender que las desigualdades urbanas están atravesadas por las dimensiones de género, etarias, raciales o de nacionalidad, entre otros componentes, por lo que es necesario atender a estas para pensar en una ciudadanía que, si se propone como universal y abstracta, oculta estos procesos.

Referencias

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Notas

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