Dosier: Formas desmercantilizadas de producción de vivienda y ciudad:
producción social del hábitat y políticas públicas

Tecnologías para la producción desmercantilizada del hábitat y la vivienda: el caso de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda.

Introducción

A partir de la década de 1970, un conjunto de transformaciones económicas, financieras, sociales, culturales y políticas a escala global dieron inicio a un nuevo ciclo del sistema capitalista: el neoliberalismo (Amin, 2003; Harvey, 2010; Pradilla Cobos, 2010). En esta nueva etapa, los centros urbanos del mundo se transformaron en espacios transnacionales predilectos para el despliegue de múltiples nuevas actividades económicas. Esto implicó la profundización de un extendido proceso de mercantilización sobre bienes y servicios necesarios para la reproducción de vida (Harvey, 2004; Theodore, Peck y Brenner, 2009), como la educación, la salud o la vivienda.

El proceso de mercantilización supone el debilitamiento del derecho al acceso a bienes y servicios que requiere la población (Esping-Andersen, 1993). En una sociedad de mercado, las condiciones de empleo y el nivel de ingresos se relacionan directamente con las posibilidades de consumo mercantilizado (Topalov, 1979) de bienes y servicios urbanos (Rodríguez, Rodríguez y Zapata, 2018). Por sus bajos ingresos y sus condiciones de informalidad laboral, estas transformaciones generaron que los sectores populares fueran excluidos del acceso a muchos de estos bienes y servicios esenciales.

En la Argentina (y en toda América Latina), los grupos sociales de bajos ingresos (de aquí en adelante, GSBI)¹ han desplegado múltiples acciones individuales y colectivas para sortear esa exclusión. En materia de hábitat, guiados por la lógica de la necesidad (Herzer y Pírez, 1994; Rodríguez, 2005; Abramo, 2003; Rodríguez et al, 2018), estos sectores han autoproducido individualmente sus viviendas y su acceso a servicios básicos, o se han organizado para generar soluciones habitacionales de manera colectiva.

Dentro de la bibliografía especializada, existe un relativo consenso en definir la autoproducción como el medio principal de acceso a la vivienda para los grupos sociales de bajos ingresos en América Latina (entre el 40 % y el 60 %) (CEPAL, 1981; Salas, Salazar y Peña, 1988; Gilbert, 2001; McTarnaghan, Martín, Srini y Collazos, 2016). Es posible definir estas acciones de diferente magnitud e índole (individuales o colectivas) como formas desmercantilizadas de producir hábitat: procesos orientados a la generación de soluciones habitacionales que no son producidas con el objetivo de ser realizadas como mercancías; es decir, priorizan la producción de valores de uso por encima de la monetización de los valores de cambio. Esto no quiere decir que estos procesos no estén atravesados por relaciones de intercambio de bienes y servicios, dado que los GSBI compran materiales para la construcción o, en muchos casos, acceden al suelo urbano vía compra formal o informal.

La mayoría de estas experiencias de autoproducción (principalmente, las individuales) no logró generar soluciones habitacionales de calidad. Sin embargo, algunos de estos procesos productivos han alcanzado resultados excepcionales, pues lograron desarrollar mecanismos de autofinanciamiento, una división técnica del trabajo eficiente, procesos decisorios democráticos y materialidades que alcanzan a cubrir las necesidades y expectativas de sus habitantes.

Este trabajo busca recuperar y analizar algunas de las causas de estas experiencias “exitosas”, prestando particular atención a aquellos componentes organizacionales (de aquí en adelante, hablaremos de tecnologías de organización) que viabilizaron la construcción de soluciones habitacionales. En este sentido, el problema de investigación se restringe a las siguientes preguntas. ¿Cómo son las dinámicas de co-construcción entre actores sociales, tecnologías de organización y soluciones habitacionales artefactuales en un proceso de producción desmercantilizada de hábitat? ¿Cómo estas dinámicas generan (o inhiben) procesos de desarrollo inclusivo?

Para responder estos interrogantes, se analizará desde el Análisis Socio-Técnico (AST) el caso de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda. (de aquí en adelante, Cooperativa). Esta organización fue constituida a mediados de la década de 1980, por un grupo de vecinos de Ezpeleta que se organizaron colectivamente para resolver sus necesidades habitacionales. La experiencia se encuentra situada en la localidad de Ezpeleta (municipio de Quilmes, zona sur del conurbano bonaerense), a 17 km de la ciudad de Buenos Aires y a metros de la traza de la autopista Buenos Aires – La Plata. Se ubica geográficamente en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, una de las zonas más afectadas del país por el déficit habitacional. En sus casi 40 años de trayectoria, sus 350 familias asociadas construyeron más de 350 viviendas con su respectiva infraestructura urbana. Estas obras fueron realizadas por la Cooperativa mediante un proceso desmercantilizado de autoproducción por ayuda mutua sin financiamiento público.

A diferencia de otras tantas experiencias de producción desmercantilizada de hábitat, este caso da cuenta de una experiencia “exitosa” en la construcción colectiva de un hábitat justo e inclusivo. La capacidad de producción de materialidades se debió, en gran medida, al desarrollo de tecnologías de organización que viabilizaron este proceso. Este artículo no se trata de una re-construcción exhaustiva de toda la trayectoria de la Cooperativa,² sino de una re-construcción estilizada orientada a describir y analizar esas tecnologías que permitieron la producción desmercantilizada de un barrio de manera integral.

Abordaje teórico-metodológico

Para este trabajo, se utilizarán herramientas conceptuales provenientes del Análisis Socio-Técnico (AST). Este enfoque teórico propone abandonar la representación analítica-estructural de “tecnología” y “sociedad” como dos esferas disociadas e independientes entre sí. Es imposible -e inconveniente- realizar distinciones a priori entre “lo tecnológico”, “lo social”, “lo económico” y “lo científico” (Thomas, 2008). Por el contrario, las tecnologías son construcciones sociales tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas; es decir, la relación tecnología-sociedad es un proceso constante de co-construcción (Pinch y Bijker, 1987; Pinch, 1996; Oudshoorn y Pinch, 2003; Thomas y Fressoli, 2009). El concepto de co-construcción permite analizar las relaciones entre actores sociales, artefactos, prácticas, conocimientos y tecnologías de organización de manera simétrica dentro de los procesos de producción desmercantilizada de hábitat.

En este sentido, las tecnologías son entendidas como un conjunto de acciones (cognitivas, materiales y práxicas) realizadas de manera consciente por los humanos para alterar o prolongar el estado de las cosas (naturales o sociales) con el fin de que desempeñen un uso o función (Thomas, Becerra y Bidinost, 2019). Así, se amplía la noción de tecnologías más allá de los artefactos, incluyendo procesos, formas de organización, conocimientos y prácticas dentro de esta categoría.

Desde esta definición de tecnologías, los procesos de producción desmercantilizada de hábitat desplegados por GSBI están atravesados y performados por múltiples tecnologías: formas de dividir técnicamente el trabajo, materiales y herramientas para la construcción, mecanismos de financiamiento, conocimientos técnicos, prácticas constructivas, dinero en sus múltiples formas… Analizar las relaciones entre estas tecnologías y los actores sociales participantes del proceso permite dar cuenta de los procesos de co-construcción entre sociedad y tecnología que posibilitan o inhiben la construcción de soluciones habitacionales.

El funcionamiento/no-funcionamiento de las tecnologías no es algo dado, intrínseco a las características de éstas, sino que es una relación interactiva entre actores y artefactos, una contingencia construida social, tecnológica y culturalmente (Thomas, Becerra y Bidinost, 2019). Las tecnologías y sus cualidades técnicas se vuelven tan importantes como la subjetividad de los actores implicados, ya que no es posible asignar cualquier sentido de funcionamiento/no-funcionamiento a las tecnologías: sus características y condiciones inciden en la construcción humana de dicho sentido.

Una tecnología “funciona” en la medida que un grupo social específico considera que dicha tecnología puede ser parte de la solución a un problema. Por ende, los problemas y las relaciones de correspondencia “problema-solución” pueden ser abordados como construcciones socio-técnicas (Thomas y Gianella, 2006; Aguiar, Fressoli, Thomas, 2007).

Las soluciones habitacionales, en tanto productos de procesos de autoproducción, son resultado de una articulación contingente entre los problemas, las necesidades, los deseos, los conocimientos, las expectativas y las posibilidades de los usuarios (Bidinost, 2017). Las soluciones habitacionales son entendidas en el marco de relaciones problema-solución; es decir, se trata de soluciones implementadas para resolver problemas construidos por grupos sociales específicos (Davenport, 2021). Adoptan diferentes materialidades y funciones: desde la ocupación de tierras, el diseño y edificación de viviendas, la construcción de acceso a servicios, hasta las formas de autofinanciamiento y la organización política territorial.

Por último, para este trabajo se construyó una operacionalización del par analítico inclusión/exclusión social, con base en un conjunto de trabajos teóricos y empíricos producidos por investigadores del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (Thomas, 2012; Thomas, Becerra y Picabea, 2014; Picabea y Fressoli, 2016; Becerra, 2016; Bidinost, 2016 y 2017; Davenport, 2021). La siguiente Tabla presenta de manera estilizada dicha operacionalización:

Tabla 1

Operacionalización del par analítico inclusión/exclusión social

Fuente: Elaboración propia

Es importante realizar tres aclaraciones sobre este listado. En primer lugar, la separación de estas variables es producto de una reconstrucción analítica: en la práctica, todas son interdependientes y complementarias entre sí. En segundo lugar, el hecho de que las variables refieran a aspectos diferentes entre sí es intencional: el objetivo es realizar un abordaje multidimensional del par analítico inclusión/exclusión social. En tercer y último lugar, es probable que puedan agregarse muchas otras dimensiones a esta lista, pero tal reconstrucción analítica escapa a los alcances de la presente investigación.

La metodología utilizada está centrada en el estudio de caso: se re-construirá y analizará la experiencia de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda. (Quilmes, GBA). Si bien este caso puede ser representativo de una serie de casos “exitosos” de producción desmercantilizada de hábitat, las particularidades de la Cooperativa, y en especial el hecho de que prácticamente no recibió financiamiento estatal para la construcción de materialidades, hacen a la especificidad de este objeto de estudio.

Finalmente, la estrategia de recolección de información estuvo centrada en el relevamiento de fuentes secundarias de información (trabajos académicos, entrevistas publicadas a socios de la Cooperativa), una entrevista en profundidad realizada al presidente de la Cooperativa y visitas a campo realizadas en el año 2015.

Resultados y discusión: el caso de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda.

Luego del retorno democrático en 1983, GSBI del partido de Quilmes se inscribieron en un programa de Acción Social del municipio de Quilmes orientado a satisfacer la necesidad habitacional de estas familias. En ese listado había aproximadamente 60 familias, que comenzaron a organizarse en asambleas para consensuar una modalidad de trabajo orientada a la construcción de soluciones habitacionales. En estas reuniones se decidió que sus integrantes iban a construir las viviendas. El 10 de agosto 1984, estos GSBI se conformaron legalmente como cooperativa enmarcada dentro de la Municipalidad, a partir de la asamblea constitutiva de la organización.

Al cabo de unos años, la Cooperativa empezó a mostrar una fuerte necesidad de autonomía, y su relación con el gobierno local, que trataba de incidir en la organización interna, comenzó a tensionarse. En la práctica, estas diferencias se explicaban por razones partidarias:

“Quilmes era radical, la provincia de Bs. As. era radical, el país era radical, en un distrito como Ezpeleta que era netamente peronista. Entonces nos fuimos dando cuenta que acá había otras intenciones, y ahí fuimos agarrando nosotros, tratando de agarrar la conducción de la Cooperativa” (Carlos Benítez, presidente de la Cooperativa, entrevistado en Mutuberría Lazarini, 2007).

De aquí en adelante, se seleccionaron los miembros del colectivo que continuarían participando en función de esta lucha por la autonomía de la organización. El conflicto en el interior de la Cooperativa se debía a la convivencia de dos grupos que construyeron diferentes relaciones problema-solución. Por un lado, estaban los miembros de la conducción de la Cooperativa que tenían por objetivo el aumento de los asociados para funcionar como un grupo de presión en la política partidaria municipal. Por otro lado, quienes tenían por objetivo la construcción de soluciones habitacionales. Este conflicto culminó en 1987, cuando los miembros pertenecientes al segundo grupo se independizaron formalmente de la Municipalidad.

Desde sus inicios, los miembros de la Cooperativa generaron un fondo colectivo de dinero orientado a la compra de los terrenos para la construcción de las soluciones habitacionales. Los recursos de este fondo eran resultado de un conjunto de acciones colectivas organizadas por las familias: aporte individual de cada familia en carácter de “cuota de vivienda”, peñas, rifas, festivales, entre otros. En la medida en que recaudaban dinero, la Cooperativa comenzó a buscar terrenos disponibles. Un miembro de la organización, que era “inspector municipal de cerco y aceras”, identificó un terreno disponible en la localidad de Ezpeleta. Se trataba de un bañado lleno de cañas y juncos de aproximadamente 15/20 hectáreas, rodeado de quintas, que no contaba con la infraestructura básica de servicios urbanos y se encontraba a la venta. Con el dinero recaudado, la Cooperativa logró comprar una hectárea. Las primeras actividades colectivas desplegadas en estos terrenos fueron: 1) la limpieza y el desmalezamiento del predio, y 2) la elevación del nivel del terreno a partir del relleno con tierra. En este momento de la trayectoria, la organización contaba con aproximadamente 80 familias socias.

Una vez finalizados los procesos de acondicionamiento de los terrenos, comenzó el proceso constructivo de las viviendas. Para ello, se contactaron con un arquitecto, que propuso un sistema constructivo industrializado con materiales prefabricados. Para los miembros de la Cooperativa esta modalidad constructiva tenía muchos problemas: como los socios no eran trabajadores de la construcción, este sistema constructivo les resultaba ajeno, los materiales utilizados no les generaban confianza/satisfacción (principalmente, el telgopor), el uso de los materiales no les resultaba eficiente (según ellos, se generaba mucho desperdicio), el producto final no satisfacía sus deseos y necesidades (el principal problema era que no podían ampliarse las viviendas construidas).

Debido a este problema vinculado con la materialidad construida, los miembros de la Cooperativa convocaron una asamblea para modificar el diseño de las viviendas: se incluirían ladrillo hueco para las paredes, techo de tejas y aberturas de madera. Así, se inició la construcción de este nuevo tipo de vivienda a través de un proceso de autoproducción por ayuda mutua. A medida que avanzaba la obra, los socios de la Cooperativa identificaron que tenían una cantidad insuficiente de tierra respecto de la cantidad de familias socias. Por ello, decidieron comprar dos hectáreas más con los fondos que recaudaban mediante la “cuota vivienda” y las actividades colectivas.

Finalizada la primera vivienda y concretada su adjudicación a una familia socia, se comenzó a construir como problema la adjudicación de las viviendas futuras. Nuevamente, la solución se consensuó por medio de la tecnología de organización “asamblea”: se construiría un sistema de puntajes para asignar un orden de prioridad a las familias que formaban parte de la Cooperativa. Ese sistema de puntajes fue denominado “módulo”.

“(...) empezamos a pensar un sistema que sea lo más justo para todos. Lo más justo para todos es en base a lo que aportamos. Cuando hablamos de lo que aportamos, es trabajo, no plata. Si tuviéramos plata, no estaríamos acá; estaríamos en otro lado. Acá era el laburo. Entonces creamos un sistema de puntaje que, a mayor cantidad de horas de trabajo, más puntaje. El que más puntaje tiene primero tiene la casa. Esto tenía que ser parejo para todos” (Entrevista a Carlos Benítez, presidente de la Cooperativa, diciembre de 2015).

Desde el inicio, el “módulo” fue la unidad que establecieron los miembros de la Cooperativa para definir el valor de las viviendas producidas. Hasta el día de hoy, el valor total de cada vivienda es equivalente a 400 módulos. Cada módulo se compone de una parte de dinero medida en cuotas mensuales y una parte de trabajo medida en horas trabajadas en obra.

En primer lugar, el monto de las cuotas mensuales se definió a partir de los costos de los materiales necesarios para la construcción de las viviendas. Para ello, en asamblea, teniendo en cuenta las viviendas que querían construir, consensuaron el listado de materiales (cemento, ladrillos, cal, arena, hierro, cerámicas). El pago de cada cuota sumaba 50 puntos para la familia aportante, que podía pagar hasta dos cuotas juntas por mes para sumar 100 puntos.

En segundo lugar, se fijaron 80 horas mensuales de trabajo obligatorias que debían ser cubiertas por el socio titular de cada familia. En caso de que el titular no pudiera cubrir la cantidad de horas obligatorias, podían ser cubiertas por otro miembro del núcleo familiar. 80 horas mensuales equivalen a 20 horas semanales, que a su vez equivalen a 4 horas por jornada laboral trabajando los 5 días hábiles de la semana. Durante estas horas de trabajo, se realizaba todo tipo de tareas relacionadas con el proceso constructivo de las viviendas (albañilería, pintura, instalación eléctrica domiciliaria, adecuación y limpieza del predio).

Como se trataba de GSBI, los miembros de la Cooperativa acordaron que no era posible sustentar el proceso constructivo sólo con el aporte de dinero: las familias tenían ingresos mensuales diferenciales entre sí y la mayoría se encontraban trabajando en condiciones de informalidad laboral. Además, el contexto hiperinflacionario de finales de la década de 1980 agravaba aún más esta situación. Por ello, la unidad-trabajo dentro del módulo presentaba una ventaja económico-financiera para quienes eran miembros de la Cooperativa.

A pesar del trabajo como componente del módulo, a lo largo de la trayectoria de la Cooperativa diferentes familias no podían afrontar el costo de la cuota mensual. Para esos casos, la organización generaba trabajo remunerado en sus diferentes actividades colectivas. Por ejemplo, se construyó un comedor comunitario para proveer de alimentación básica a los habitantes del barrio y, a su vez, generar trabajo en el territorio.

Para fines de 1988 y principios de 1989, mediante la implementación del “módulo”, se entregaron 19 viviendas y se preadjudicaron otras 20 que aún se encontraban en obra. Durante casi todo el período de la convertibilidad (abril de 1991-enero de 2002), el costo de los materiales para la construcción se mantuvo estable y, por lo tanto, el valor de la parte en dinero del módulo también se mantuvo estable.

En el marco de las políticas neoliberales de la década de 1990, junto con la convertibilidad se inició un proceso de privatización de las empresas de servicios públicos. El predio donde se estaban construyendo las viviendas de la Cooperativa no contaba con acceso a servicios básicos urbanos: agua, cloacas, electricidad, gas. La privatización de las empresas encargadas de proveer estos servicios imprime un carácter estrictamente mercantil al acceso a lo que antes eran derechos básicos. Frente a este proceso de mercantilización, los socios de la Cooperativa deciden resolver el problema mediante acciones colectivas orientadas a construir el acceso a los servicios de manera autónoma, independientemente del accionar de las empresas privadas.

Sólo a modo de ejemplo, para construir el acceso a la energía eléctrica la Cooperativa compró los materiales necesarios (cables, postes, etc.) a partir de los fondos recaudados y contrató la fuerza de trabajo especializada para realizar la conexión eléctrica de media tensión. A partir de la distribución eléctrica instalada en el barrio, los socios realizaron la conexión domiciliaria del servicio en cada unidad habitacional, utilizando los conocimientos propios. Esta modalidad de trabajo es una constante a lo largo de la trayectoria de la Cooperativa: resuelve problemas empleando sus conocimientos y fuerza de trabajo, y contrata terceros mediante los fondos comunes para resolver problemas específicos que escapan a su acervo de conocimientos técnico-profesionales. De este modo, con especificidades en cada proceso, los socios construyeron el acceso de manera progresiva a los diferentes servicios básicos necesarios para habitar el barrio.

Para finales de la década de 1990, la Cooperativa había construido 240 viviendas, además del acceso a servicios básicos urbanos. La producción de materialidades provocó un aumento de la cantidad de familias asociadas a la Cooperativa: para este momento, contaba con aproximadamente 350 familias socias. En una situación de creciente desocupación y deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, a pesar del aumento de socios la organización comenzó a experimentar un problema de falta de fondos, sobre todo a partir del año 2000.

Este problema impulsó la construcción de diferentes soluciones orientadas a mejorar la situación económico-financiera de la Cooperativa. En primer lugar, comenzaron a construirse vínculos con diferentes empresas recuperadas para la compra de materiales de construcción (cal, aluminio, cemento, mesadas, caños, tanques de agua). De este modo, se construyó una red de organizaciones sociales centradas en la cooperación entre trabajadores para transitar la crisis social, política y económica nacional.

A partir del abandono de la convertibilidad, como medida de contención frente a la crisis se decidió en asamblea no aumentar la cuota del “módulo” por un año (2001). Sin embargo, era inviable la construcción de nuevas viviendas sin un aumento de los montos recaudados mediante las cuotas. Para resolver el problema de cuánto se debía aumentar la cuota, en el año 2002 se decidió en asamblea desarrollar una nueva tecnología de organización: la “comisión evaluadora de costos”.

La “comisión evaluadora de costos” estaba conformada por los socios de la Cooperativa que estaban pagando en ese momento las viviendas. Esto tenía por objetivo que las propias familias que debían afrontar ese gasto establecieran los montos a pagar. Esta comisión se encargaba de conseguir los precios más bajos de los materiales necesarios para la construcción, favoreciendo el vínculo con empresas recuperadas. A partir de este relevamiento, la “comisión evaluadora de costos” fijaba mensualmente un precio del “módulo” basado en el presupuesto de los materiales y lo presentaba en la asamblea. La asamblea se encargaba de validar o modificar el precio del “módulo” todos los meses.

Durante el bienio 2002-2003, frente al aumento de la desocupación de los socios de la Cooperativa y a una disminución del ritmo del proceso constructivo de nuevas viviendas, la organización comenzó a utilizar material remanente que había conseguido durante la década de 1990 (ladrillo inter-trabado) para realizar la pavimentación de las calles del barrio. Así, la Cooperativa continuaba generando trabajo para sus asociados y, a su vez, mejoraba la calidad infraestructural del territorio.

En los años posteriores a 2003, se logró construir las viviendas faltantes para cubrir las necesidades habitacionales de todos los socios de la Cooperativa. Esta etapa estuvo caracterizada por el desarrollo de un conjunto de espacios comunitarios en el barrio orientados a la generación de trabajo y al acceso a servicios urbanos. De esta manera, en la actualidad el barrio cuenta con un club de fútbol, una biblioteca comunitaria, un almacén comunitario, un comedor, capacitaciones en informática, panadería comunitaria y talleres de apoyo escolar, de costura y de herrería. La diversificación de las actividades de la Cooperativa en estos espacios le permite tener más de 100 trabajadores activos al día de la fecha.

Conclusiones

A lo largo de su trayectoria, la Cooperativa ha logrado construir soluciones habitacionales para más de 350 familias asociadas. En este proceso logró sortear los avatares de la economía argentina (hiperinflación en los ochenta, privatización de empresas públicas y desocupación en los noventa, y crisis sistémica en el comienzo del nuevo milenio). En este mismo período, diferentes experiencias de producción desmercantilizada de hábitat no lograron construir materialidades y, en algunos casos, no lograron sobrevivir a las crisis económicas. Ahora bien, ¿por qué funcionó la experiencia de la Cooperativa? Esta pregunta puede ser respondida a partir del análisis de diferentes dinámicas de co-construcción entre actores sociales, tecnologías de organización y soluciones habitacionales artefactuales:

1. 1. El “módulo” y las viviendas: El “módulo” es una tecnología de organización que permite parametrizar el valor de la vivienda, la cantidad de horas de trabajo en obra que deben aportar las familias, la cantidad de dinero que deben pagar en forma de cuota y el ranking de prioridad en la adjudicación de las viviendas. Al mismo tiempo, la producción material de las viviendas le construye funcionamiento al “módulo” (lo “legitima”) como mecanismo de aporte para financiar la producción de bienes de uso (viviendas).
2. 2. El “módulo” y la “comisión evaluadora de costos”: Por un lado, la “comisión evaluadora de costos” ajusta el precio de la composición monetaria del “módulo” a partir del relevamiento mensual de precios de los materiales para la construcción de las viviendas. Por otro lado, el “módulo” le asigna un sentido a la “comisión evaluadora de costos”, dado que esta se desarrolló pura y exclusivamente para regularlo.
3. 3. La asamblea y la “comisión evaluadora de costos”: La asamblea designa a los miembros de la “comisión evaluadora de costos” y refrenda los presupuestos presentados por estos socios. La “comisión evaluadora de costos” se encarga de elevar mensualmente a la asamblea el presupuesto que da valor al “módulo”. De este modo, quienes deben realizar el aporte de cuota del “módulo” fijan su costo y los materiales con los que van a construir las viviendas.
4. 4. Las actividades colectivas de la organización (más allá de la construcción de las viviendas) y el “módulo”: Las actividades colectivas de la Cooperativa permiten reemplazar el aporte monetario de las familias asociadas (cuando les resultó imposible hacerlo) por trabajo intra-organización. Por ejemplo, durante la crisis de 2001-2002 los socios desempleados realizaron aportes participando de la pavimentación de calles o de la gestión del comedor comunitario. A su vez, el “módulo” es una herramienta para asignar quiénes, cómo y cuánto participan de estas actividades colectivas.
5. 5. La asamblea y la modalidad constructiva por ayuda mutua: La asamblea permite consensuar democráticamente la modalidad constructiva por ayuda mutua y organizar la división técnica del trabajo y los mecanismos de financiamiento que la viabilizan. Esta modalidad constructiva refuerza las prácticas horizontales, participativas y democráticas dentro de la Cooperativa en general, y dentro de las asambleas en particular.
6. 6. La modalidad constructiva por ayuda mutua y las viviendas: Esta modalidad constructiva viabiliza la producción desmercantilizada de viviendas, abaratando los costos (en dinero) por uso de la fuerza de trabajo de la propia Cooperativa. A su vez, la construcción de materialidades construye el funcionamiento de la ayuda mutua (la “legitima”).
7. 7. El “módulo” y la modalidad constructiva por ayuda mutua: El “módulo” organiza el proceso productivo de las viviendas, asignando la cantidad de horas de trabajo necesarias que cada familia debía aportar. A su vez, la modalidad constructiva permite la realización del aporte de horas de trabajo al “módulo”.

Estas dinámicas de co-construcción responden a diferentes relaciones problema-solución que construyó la Cooperativa a lo largo de su trayectoria. La construcción colectiva de soluciones a los diferentes problemas que atravesaron el proceso productivo generó diferentes niveles de funcionamiento de la organización: producción de viviendas con materiales de calidad, acceso a servicios básicos urbanos, financiamiento eficiente de las obras, fortalecimiento de las relaciones interpersonales dentro del colectivo, generación de trabajo no alienado, construcción de redes de contención de sus asociados, construcción de redes de cooperación e intercambio con otras organizaciones sociales. El funcionamiento de este proceso de producción desmercantilizada de hábitat generó un conjunto de dinámicas de inclusión social, que se sintetizan en la Tabla 2.

Tabla 2

Dinámicas de inclusión/exclusión social en la Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda.

Fuente: Elaboración propia

A modo de síntesis, las diferentes dinámicas de co-construcción abordadas favorecieron un proceso de democratización en la toma de decisiones, el diálogo y puesta en valor de los conocimientos prácticos y técnicos de los socios, la distribución equitativa de los beneficios, la generación de espacios para el uso comunitario, la construcción de autonomía y la ampliación de los márgenes de libertad y justicia en términos de acceso a bienes y servicios. Es decir, impulsaron la construcción de un hábitat justo e inclusivo.

Este proceso de producción desmercantilizada de hábitat pone de manifiesto la importancia de la organización colectiva y cooperativa para la construcción de soluciones habitacionales de los GSBI. En particular, en el caso analizado fue central la tecnología de organización “módulo”, dado que permitió producir un conjunto de bienes de uso para los GSBI, controlar y organizar el proceso productivo, regular el financiamiento de la organización, desarrollar un mecanismo transparente para la rendición de cuentas, organizar la distribución de beneficios y ecualizar el trabajo en dinero para la apropiación de los bienes de uso producidos.

Una tecnología de estas características no puede ser replicada de manera idéntica y acrítica en otras experiencias. En la práctica, funcionó por estar articulada sistémicamente con los actores sociales específicos de este caso (con sus niveles de ingresos y su acervo de conocimientos) y con las otras tecnologías que dieron forma a la organización. Sin embargo, las ventajas organizativas, económico-financieras y productivas que generó el “módulo” permiten afirmar que se trata de una tecnología de la cual es posible extraer aprendizajes valiosos para diseñar e implementar soluciones a problemas concretos de otros casos, y para construir el funcionamiento de procesos socio-históricamente situados de producción desmercantilizada de hábitat.

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Notas

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