Dosier: Formas desmercantilizadas de producción de vivienda y ciudad:
producción social del hábitat y políticas públicas

Piquiá de Baixo, ¡reasentamiento ya! Asesoría técnica y autogestión del hábitat en la lucha contra la minería en Brasil

1. ¿Qué es perder un mundo?

“Para encontrar un mundo nuevo, quizá tengas que haber perdido uno. Quizá
haya que estar perdido. La danza de la renovación, la danza que hizo mundo,
siempre se bailó aquí en el borde de las cosas, al abismo, en la costa brumosa.
” Úrsula K. Le Guin, 1989, p. 48¹

Imagina que alrededor de tu casa se instalan grandes polígonos industriales que contaminan continuamente el ambiente, hasta el punto de que ya no es posible habitar ese espacio. ¿Estarías perdiendo tu mundo? Este artículo es resultado de la asesoría técnica brindada por Usina - Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado (Usina) y la Justiça nos Trilhos (JnT) a la Asociación Comunitaria dos Moradores de Piquiá (ACMP), entre 2012 y 2020, en Açailândia/MA. Aquí tuvo lugar la producción de un nuevo mundo, a partir de la pérdida de uno antiguo. La comunidad reclamó durante años su derecho a habitar un territorio en condiciones dignas hasta que logró ser reasentada en una zona alejada de la contaminación, que más tarde se llamaría Piquiá da Conquista. Al perder su mundo, los residentes crearon uno nuevo.

Desde la construcción de la solución financiera con el Estado brasileño y las empresas responsables de la contaminación, pasando por las decisiones del diseño arquitectónico y urbanístico, hasta culminar en las actividades de autogestión de la obra, identificaremos las potencialidades emancipadoras y, paralelamente, las restricciones que limitaron la autonomía en esta práctica de producción autogestiva del hábitat. Al debatir el proceso de producción del reasentamiento, dialogaremos con algunos autores sobre la producción del espacio (Lefebvre, 1974) con enfoque en la producción social o autogestiva del hábitat (Di Virgilio y Rodríguez, 2014; Zapata, 2017). Rodríguez, Di Virgilio, Procupez, Vio, Ostuni, Mendoza y Morales (2007, p. 16), citando a Ortiz (2002), construyen una noción de lo que se puede comprender por sistema de “producción social del hábitat”:

[...] al que actúa sin fines de lucro, por iniciativa y bajo el control de una empresa social promotora, que puede ser una organización de base de pobladores (cooperativas, asociaciones, mutual, sindicato, etc.), o una organización profesional no gubernamental (algunos de los tipos de ONG, centros de asistencia técnica, institutos populares de vivienda, asociaciones civiles pro-vivienda, etc.), que produce viviendas y conjuntos habitacionales, que adjudica a demandantes, generalmente de bajos ingresos, pero con alguna capacidad de ahorro, que participan activamente desde las primeras fases del proceso habitacional. (Ortiz, 2002, en Rodríguez et al, 2007, p. 16)

Desde el punto de vista metodológico, haremos un informe reflexivo a partir del trabajo prestado durante ocho años como arquitecta en la asesoría técnica para el reasentamiento de Piquiá de Baixo, utilizando fuentes primarias, principalmente de los archivos de Usina y archivos personales. Durante el proceso de construcción habitacional se vivenciaba la producción social del espacio, al mismo tiempo que se observaba el creciente contexto de desestructuración social y política al que se enfrentaba la comunidad, cuyo punto álgido fue la construcción de las obras, momento en que se intensificó la práctica autogestiva. La construcción de un nuevo mundo se basa en la experiencia con el viejo, por lo que lleva consigo tanto las posibilidades que se consideraban interesante como las contradicciones que se pretendían superar.

La lucha paradigmática de una comunidad contra gigantescas empresas mineras es ilustrada por el informe citado abajo, en el que la desproporcionalidad de poder y capital se presenta sistematizada por el cura Dario Bossi:

En el segundo trimestre del 2019 se vendieron 61.945.000 toneladas de mineral de hierro, y 41.576.000 provenían del Sistema Norte, de las cuales 15.738.000 de S11D venían de Carajás. (Fuente: informe trimestral en la web de Vale)

Fue un trimestre con baja producción, como reconoce Vale: "La producción de finos de mineral de hierro en el segundo trimestre del 19 fue de 64,1 Mt, siendo 12,1 % y 33,8 % inferior a la del primer trimestre del 19 y del segundo trimestre del 18, respectivamente, debido principalmente a los impactos derivados del colapso de la presa de Brumadinho y a las condiciones meteorológicas inusuales en el Sistema Norte en abril y principios de mayo".

Aun así, en este trimestre, sólo con la venta de mineral de hierro, Vale tuvo un beneficio bruto (precio de venta-coste total de entrega) de unos 3.468.920.000 dólares, o 13.342.000.000 reales (6,18 millones de reales por hora).

Dado que el coste total del reasentamiento de Piquiá es de 30 millones de reales, bastarían 5 horas de trabajo de Vale para cubrir el coste total.

Este trabajo recorrerá parte de la historia de Piquiá de Baixo, en la que Usina fue responsable de la elaboración de los proyectos, así como del presupuesto e informes de las tres tipologías de vivienda, del centro comunitario y de la infraestructura del barrio. Además del trabajo vinculado a la arquitectura, la preparación y ejecución de actividades de formación autogestiva y construcción, y el seguimiento y asesoramiento del trabajo también formaron parte de las tareas de Usina, asociación de arquitectos y arquitectas.

2. Asfixia con polvo de hierro

La comunidad de Piquiá de Baixo, con poco más de trescientas familias, se formó en los años sesenta en el fondo de un valle, en torno a la ruta BR 222. Desde mediados de los años noventa, esta comunidad luchó contra el impacto generado por las industrias siderúrgicas vinculadas a la cadena minera de Vale S. A. Además de los altos niveles de contaminación, Piquiá estaba atravesada por la vía férrea Carajás, por la cual circula el mayor tren de mercancías del mundo y que afecta a más de cien comunidades aledañas a este medio de transporte.

El Programa Grande Carajás se implantó durante la dictadura militar y su objetivo era "estimular el desarrollo regional y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones abarcadas por el proyecto" (Benatti, 1997). Sin embargo, la calidad de vida de estas poblaciones fue violentamente cambiada y socavada. El proyecto abarcó cerca del diez por ciento del territorio nacional (895.000 km²), pasando por la región amazónica atravesada por los ríos Xingú, Tocantins y Araguaia, e invadiendo tierras del Pará y Maranhão. El programa alberga la gigantesca mina de Carajás, en Pará, el Ferrocarril Carajás (Estrada de Ferro Carajás/EFC), el complejo portuario de Itaqui, en Maranhão, la central hidroeléctrica de Tucuruí y una extensa red de carreteras. Con una longitud de 892 km, la EFC atraviesa veintisiete municipios con un tren de más de 3 km y 3300 vagones, con capacidad para transportar 310 millones de toneladas de mineral al año (2022). La EFC es operado por la empresa minera Vale S.A, y China y Estados Unidos son los principales destinos del hierro brasileño (Angelo, 2022).

En Açailândia, en el sudoeste de Maranhão, la EFC se conecta con la Vía Férrea Norte-Sur, y el municipio contiene un depósito de mineral explotado por Vale S. A., y por eso se convierte en un lugar importante para la extracción de hierro. Esta situación atrajo, en 1984, la instalación de la primera industria siderúrgica de la región, llamada Viena S. A., precisamente en la zona donde se encontraba la comunidad de Piquiá de Baixo. Luego, en 1989, se instaló Gusa Nordeste; más tarde, en 1993, SIMASA, seguida por FERGUMAR en 1995 y, finalmente, Pindaré en 1997. En trece años, se crearon cinco complejos industriales para transformar el mineral de hierro en lingotes de hierro destinados a la exportación, lo que cambió física y ambientalmente las condiciones del territorio (Figuras 1 y 2).

Para el geógrafo brasileño Haesbaert, el territorio es portador de significados materiales y simbólicos, y engendra el poder político de dominación (instituido por la propiedad) y de apropiación, que lleva las marcas de lo vivido. El autor subraya que, desde esta perspectiva, el uso del espacio reaparece en conflicto con el valor de cambio, ya que implica "apropiación" y no necesariamente "propiedad". La desterritorialización, fenómeno vinculado al movimiento de re-territorialización, se produce como resultado de las desigualdades y la diferenciación espacial (es decir, como un proceso de exclusión o precariedad socioespacial), en el sentido de que una comunidad se desconecta de un territorio determinado, lo que provoca el desarraigo y la pérdida de sentido del propio territorio.

Además de ser un proceso de desterritorialización, Piquiá es víctima del modelo extractivista, considerado parte del proceso de “acumulación por desposesión”, característico del período de dominación del capital financiero (Harvey, 2004), también demostrado a través del “consenso de los commodities” (Svampa, 2012). Al mismo tiempo, la actualización de la realidad colonialista ha creado un estado de excepción permanente en Piquiá de Baixo, en el que se violan derechos humanos y nadie es responsabilizado. La consolidación del modelo de acumulación por desposesión cambió el modo de vida de la población en Piquiá, puesto que ya no era posible respirar o cultivar alimentos, porque el aire esparcía finas partículas de hierro (Figura 3) que contaminaban los pulmones, la tierra y los cultivos. La pesca y el baño en los estanques también se vieron obstaculizados por la contaminación de las aguas que se utilizaban para enfriar los hornos. Las colisiones de peatones en la ruta aumentaron debido al flujo de camiones y vehículos pesados, y además se registraron choques constantes en la EFC.

Figuras 1, 2 y 3:

Piquiá de Baixo y las industrias al fondo; foto aérea de Piquiá, la ruta y el ferrocarril a la izquierda; habitante de Piquiá con las manos cubiertas con polvo de hierro

Fuente: 1, Usina-CTAH / 2 y 3, Marcelo Cruz

3. Luchando por volver a respirar

En 2008, el presidente de la ACMP (Asociación Comunitaria dos Moradores de Piquiá), Edvard Dantas Cardeal, escribió una carta al presidente Lula explicando la situación en la que vivían las familias de Piquiá. La respuesta fue que solicitara ayuda en el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Carmen Bascaran, en Açailândia. Ese mismo año, las familias de Piquiá de Baixo tomaron la decisión de buscar un nuevo lugar para vivir dignamente. En una asamblea, la mayoría de los residentes manifestaron que su forma de supervivencia sería trasladarse a otro lugar de forma colectiva, lejos de las acerías y de la contaminación (Figuras 4 y 5).

Figuras 4 y 5:

Vivienda de Edvard, sede provisional de la Asociación de Vecinos (ACMP); una asamblea en Piquiá de Baixo.

Fuente: Usina-CTAH

Tras decidir el reasentamiento colectivo de la comunidad en una zona alejada de la contaminación (Figura 6), se inició una serie de movilizaciones para dar a conocer el caso de Piquiá y la lucha por el reasentamiento. Tras el proceso de desterritorialización, la comunidad construyó la lucha por su re-territorialización, bajo su proyecto y sus modos de apropiación (Haesbaert y Tramontani, 2009). Con la colaboración de Justiça nos Trilhos y de la Parroquia São João Batista de Açailândia, por medio de los sacerdotes y misioneros combonianos, el caso fue intensamente divulgado. La situación fue objeto de denuncias, así como de informes y estudios técnicos que confirmaban las violaciones ambientales y sanitarias, además de innumerables artículos periodísticos.

Figura 6:

Ubicación de Açailândia en el estado de Maranhão, y mapeo con ubicación de la comunidad de Piquiá de Baixo, de las industrias y del área del proyecto.

Fuente: Usina-CTAH (textos en portugués de acuerdo con la figura original).

En medio de flagrantes violaciones a los derechos humanos y de manifestaciones, parte fundamental del repertorio de las luchas de la comunidad (Figuras 7 y 8), la empresa minera Vale S. A. ofreció un proyecto para reasentar las familias. Sin embargo, al darse cuenta de que no tendrían derecho a elegir el lugar, ni las características de la vivienda y el barrio, la población decidió luchar por su propio proyecto, con una asesoría técnica autónoma. En 2012, Justiça nos Trilhos invitó a Usina a participar en el proceso de selección para el proyecto de reasentamiento de Piquiá de Baixo, junto con otras asesorías de Brasil.

Figuras 7 y 8:

Polución en el barrio de Piquiá y manifestación por el reasentamiento de la comunidad en la ruta BR 222.

Fuente: Marcelo Cruz

4. A falta de una política pública estructurada, la política de excepción se estructura

Dado que en Brasil no existen políticas gubernamentales enfocadas en las poblaciones en situación de reasentamiento forzado, la solución diseñada entre el Estado (a través de la Secretaría Nacional de Vivienda del Gobierno Federal) y la población organizada (la Asociación y sus asesores) fue “encajar”, es decir, adecuar ciertas características del proyecto con los requerimientos de la modalidad “Entidades” del Programa de Vivienda “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV),² aunque este programa no estuviera pensado para proponer soluciones a los casos de reasentamiento forzoso. Las “Entidades” eran las organizaciones sociales, como asociaciones de vecinos, movimientos populares, etc., que se constituían como las destinatarias del PMCMV, lo que les permitía definir la demanda, la elaboración del proyecto y la gestión de los recursos necesarios para la ejecución de la obra. El PMCMV fue concebido para familias que carecían de residencia y que debían absorber por la vivienda cuotas mensuales durante diez años. En el caso de Piquiá las familias no tendrían por qué pagar las cuotas mensuales, ya que estaban siendo despojadas de sus hogares; además, tendrían que haber recibido indemnizaciones por haber perdido sus viviendas a causa del desplazamiento forzoso. En otras palabras, para que la comunidad de Piquiá pudiera llevar a cabo la producción social y autogestiva del hábitat (Zapata, 2017) y “participar activamente desde las primeras fases del proceso habitacional” (Ortiz, 2002, en Di Virgilio y Rodríguez, 2014), tuvo que acceder al PMCMV Entidades. Desde entonces, se iniciaron los diálogos –y las disputas– con el fin de superar los trámites administrativos y elaborar un paquete de financiamiento para la edificación del barrio.

Parte de la solución se construyó mediante la judicialización del conflicto, con el asesoramiento jurídico de Justiça nos Trilhos. Se firmaron dos Términos de Ajuste de Conducta (TAC), instrumentos regulados para los casos en los que hay una infracción disciplinaria, firmados (en este caso) entre la Defensoría Pública y el Sindicato de las Industrias de Ferro Gusa del Maranhão (Sifema). El primero fue para que Sifema se hiciera cargo de los costos de expropiación del terreno; el segundo, para que se hiciera cargo de los gastos relacionados con los proyectos participativos y básicos de reasentamiento. Así, pues, los recursos relacionados con el terreno y el proyecto se obtuvieron mediante instrumentos jurídicos específicos.

El origen de los fondos para la ejecución de las obras fue el PMCMV, que destinó para la región una suma de $70.000 reales (US $21.875)³ por unidad habitacional. Además de este recurso, el proyecto recibió $20 mil reales (US $6.250) mediante el Sello de Calidad Urbana, premio creado por la Fundación Vale. Este recurso ($90 mil reales o US $28.125 dólares por unidad, con un total de $28 millones de reales o $8.775.000 dólares) debió constituir la cantidad suficiente para construir trescientas doce viviendas, la infraestructura urbana completa del barrio, así como un centro comunitario (Ferreira, 2012; Guerreiro, 2018), de acuerdo con la planeación elaborada por los técnicos del estado y las reglas del PMCMV.

De esta manera, se iba consolidando el reasentamiento de Piquiá mediante las soluciones diseñadas para cada desafío que se presentaba. No obstante, algunos interrogantes no quedaban resueltos. ¿Quién se haría cargo de las cuotas mensuales que el PMCMV les pide a los residentes? ¿Quién se encargaría de pagar la indemnización por los hogares perdidos? ¿Cómo se responsabilizaría a las empresas de los desastres medioambientales y de qué forma se las obligaría a cambiar sus modelos de producción para no contaminar más? La contradicción de que la principal fuente de fondos fuera un programa público, con un alto grado de subvención, dejaba al descubierto que el Estado tenía que asumir los costos de una producción minera obsoleta. El proyecto debía ajustarse a las reglas del PMCMV –normatividad y productividad formaban parte de su léxico–, y los tiempos no tenían nada que ver con la urgencia que la población de Piquiá vivía cotidianamente.

Aunque el PMCMV Entidades no era realmente adecuado para la situación de Piquiá, estamos de acuerdo con Víctor Saúl Pelli (2010) cuando afirma la importancia de las políticas de vivienda para fortalecer el poder de gestión y la integración social, conectando el vivir con la participación y la pertenencia, y destacando que el protagonismo de la gente es la principal contribución a la conformación de una sociedad democrática y equitativa.

5. Imaginar un mundo nuevo

La contradicción del origen de los recursos económicos determinó las acciones y decisiones políticas de la ACMP, y estuvo vinculada a la propia identidad del grupo como asociación de vecinos –y no como movimiento social–, por lo que no llevaba consigo el imaginario ni la experiencia de lo que sería una construcción autogestionaria. En este sentido, el proyecto fue fundamental para la construcción de la autogestión, porque trabajamos de manera constante con la toma de decisiones. Uno de los objetivos de los procesos de producción autogestionaria del espacio es construir autonomía de decisión entre las personas que forman parte del grupo; es fundamental crear y ejercitar la capacidad de decisión colectiva (Usina, 2014). Durante la ejecución del proyecto se tomaron muchas decisiones que involucraban tanto necesidades y deseos personales como aspectos técnicos, que van desde la viabilidad y la economía hasta la belleza del espacio.

Mariana Enet (2012, p. 207) señala que el proceso de diseño participativo implica una aproximación integral (holística) al territorio, en la que no existe una jerarquía de importancia entre espacios, y destaca el intercambio de saberes entre técnicos y población como componente esencial para incorporar conocimientos singulares sobre el espacio. La autora afirma que el diseño participativo se define como:

La acción de definir colectivamente propuestas integrales de proyectos para el desarrollo de la vida y, a partir de ellas, los espacios físicos que permitirán su desarrollo. Proceso enriquecido por diversos saberes (técnicos y populares) y basado en el derecho de todo individuo o comunidad a decidir sobre cómo quiere vivir, expresarse espacialmente y contar con asistencia técnica. (Enet, 2012, p. 207)

El proceso participativo con la comunidad se desarrolló en dos viajes, cada uno de una semana de duración. En el primer viaje, las actividades se centraron en cuestiones generales del hábitat, tanto a escala del barrio como de la casa. La primera actividad consistió en observar una foto aérea del terreno junto con un levantamiento planimétrico, ambos en la misma escala (1:500), y comenzar a pensar en cómo y dónde se podrían organizar las distintas funciones y equipamientos del barrio. Las familias fueron divididas en cuatro grupos con un arquitecto o arquitecta responsable en cada uno; para estimular la creatividad, se distribuyeron imágenes que mostraban diversas formas de ocupar el terreno y dividirlo (o no) en lotes, diferentes formas de ejes de circulación, distintas organizaciones de manzanas; es decir, propuestas para la distribución de las áreas de la comunidad. En esta actividad, los cuatro grupos llegaron a pautas similares: en la parte más alta del terreno se instalaría un depósito de agua y el espacio también contaría con un mirador. Los equipamientos públicos, como la Unidad Básica de Salud (UBS) o una escuela, estarían situados cerca del barrio de al lado (Figuras 9 y 10).

Así como el paradigma de la propiedad privada domina los debates académicos sobre la vivienda y la elaboración de políticas, esta idea se encuentra arraigada en el imaginario popular, lo que provocó que, cuando los arquitectos y las arquitectas proponían la organización del espacio con subdivisiones y sin una definición precisa entre cada lote, las reacciones (generalmente de hombres) estaban enfocadas en aclarar: "no sé en São Paulo, pero aquí en Maranhão es un lote fondo con fondo", con lo que destacaban el deseo por el esquema de loteamiento tradicional. Pelli (2010, p. 45) colabora en la comprensión de esta aparente ambigüedad, al afirmar: "El hábitat social [debería ser] entendido como [una] estructura coherente con los paradigmas culturales de una determinada sociedad, o de un determinado grupo social, y funcional a su propia versión de las necesidades humanas”. Como todos conocían el terreno, existía la idea preconcebida de que los lotes podían alcanzar los 400 m²; además, el diseño del espacio surgió a partir de una lógica de necesidad, en la cual el valor de uso destaca sobre el valor de cambio, y se crean espacios diferentes de los mercantiles (Di Virgilio y Rodríguez, 2014; Usina, 2014). En el caso de Piquiá, el paradigma de la propiedad privada definió el diseño de los lotes.

Aún en esta fase, se realizaron actividades para reflexionar colectivamente sobre el espacio de la vivienda. Los cuatro grupos se subdividieron en hombres, mujeres, jóvenes y ancianos; cada uno de estos subgrupos debatiría sobre el uso que le dan a cada espacio de la vivienda y propondría cómo sería el diseño de cada área a partir de los usos y necesidades de los integrantes de la comunidad. En este contexto, las mujeres representaron la mayor parte de la población, y el debate sobre la división sexual del trabajo, la vivienda y la reproducción de la vida estuvo influido por el género, la raza y la clase. Destacaron que la cocina es el espacio principal de la casa y que los lugares donde se realizan las tareas reproductivas deben priorizarse de acuerdo con su funcionalidad (Soto Villagrán, 2016). Después de planear las directrices para la construcción de cada habitación de la casa, el siguiente paso fue discutir y proponer, con base en los muebles impresos a escala 1:10, cómo se podrían organizar estos espacios y registrar (aún sin las paredes) las ideas que surgían en los grupos (Figuras 11 y 12).

Figuras 9, 10, 11 y 12:

Discusión del proyecto participativo en Piquiá de Baixo. 9 y 10, distintas escalas del barrio; 11 y 12, de la vivienda.

Fuente: Usina-CTAH

Después de estas actividades, los arquitectos y las arquitectas de Usina volvieron a São Paulo y, a partir de las directrices del proyecto planteadas por la comunidad, elaboraron propuestas para el diseño del barrio y de las viviendas, basadas en la racionalidad técnica y en la modulación del sistema constructivo (Usina, 2014).

En el segundo viaje, se expusieron las propuestas y se profundizaron las cuestiones de diseño arquitectónico y urbanístico, contemplando el material que Usina podía aportar. Además, se realizaron nuevas actividades para ensayar soluciones de forma colectiva (Figuras 13 y 14). En esta ocasión se comentaron las posibles disposiciones de los lotes, con el fin de permitir el uso compartido de los patios traseros. Respecto de las viviendas, se configuró la necesidad de una diversidad de tipologías, con características similares y espacialidades diferentes.

Igual que en la vivienda, en la concepción del proyecto del barrio la participación de las mujeres fue determinante. En las discusiones sobre los espacios colectivos, las personas pensaron en sitios semipúblicos donde pudieran observar desde el interior de sus casas a las infancias jugando y concibieron la idea de plazas pequeñas diseminadas, en lugar de grandes espacios abiertos. De este modo, proyectaron la racionalidad de la vida cotidiana, del cuidado y de la comodidad con la proximidad de los vecinos; es decir, un espacio antimoderno que contrasta con lo que se considera extraordinario en las grandes plazas (Figura 15). El potencial emancipador del proyecto participativo generado se expresa en la creación del nuevo barrio.

En este sentido, en la fase de diseño creció la cohesión social y política. Mariana Enet (2012, p. 206) afirma que “un colectivo que vivencia un proceso participativo en forma efectiva ya nunca es el mismo, pues ha adquirido capacidades para pensar y actuar en forma diferente a la pasividad del sistema dominante y vuelve a confiar en el valor de sus propios conocimientos y habilidades”. Es el momento en el que más se ejerce la producción del espacio regida por la lógica del uso. Las decisiones sobre la forma del espacio no estaban separadas de la concreción de las relaciones que se establecían en el seno de la comunidad, que a su vez constituyeron la capacidad productiva colectiva (Lefebvre, 1974). En estas decisiones están inmersos los enfrentamientos con el capital, pues se niega colectivamente el proyecto estándar, es decir, el lote y la casa con extensiones mínimas, así como la monofuncionalidad del conjunto habitacional, entre otros elementos.

Figuras 13, 14 y 15:

Proyecto participativo en la escala de la cuadra y esquema (dibujo) de los patios.

Fuente: Usina-CTAH

6. Entre el proyecto y el cantero: cómo se construye el desencanto

Tras la finalización del proyecto participativo, a finales de 2012, comenzó la fase de aprobaciones y negociaciones para acceder al PMCMV. Esta etapa duró aproximadamente seis años, hasta finales de 2018, cuando comenzó la construcción. Con el tiempo, la comunidad fue consolidando la percepción de que el proceso era demasiado largo y que los principales motivos por los que se prolongaba el proyecto tenían que ver, por un lado, con su carácter autogestivo y, por el otro, con que los arquitectos y las arquitectas venían de lejos y no entendían las urgencias locales. Aunque estas hipótesis no están descartadas, consideramos que la demora se debió a dos razones principales. La primera estaba relacionada con la estructura operativa del programa PMCMV y las etapas que las “Entidades” tuvieron que pasar hasta el momento de la construcción. La segunda tuvo que ver con la racionalidad o lógica normativa del programa que privilegia los proyectos estándar y, por lo tanto, rechaza lo que es diferente.

Para acceder al PMCMV y llegar a la fase de construcción, las “Entidades” invirtieron durante muchos años no sólo su tiempo, sino también muchos recursos, energía, así como capacidad de negociación y manifestación. El proceso comenzó con las fuerzas de la propia entidad: se reunió a un grupo de familias y se realizó un registro de cada una de ellas, con datos sobre ingresos, profesión, características familiares, etc. La entidad preparó una carpeta por familia con copias de documentos personales y un formulario complementario. La Entidad se encargó de buscar un terreno y contratar a un equipo de asesoría técnica para analizar su viabilidad, realizar las pruebas necesarias para asegurarse de que no existieran obstáculos para la construcción y, finalmente, negociar su valor o su expropiación con los propietarios o el poder público. La elaboración del proyecto para su presentación ante el PMCMV fue responsabilidad de la entidad, incluso antes de su contratación, por lo que la planeación se hizo con recursos propios. Con el proyecto en mano, la entidad sometió su documentación a un proceso de selección por parte del Ministerio de las Ciudades y de la Secretaría Nacional de Vivienda. Tras la selección, los técnicos de Caixa Econômica Federal inician la fase de análisis del proyecto, de acuerdo con las directrices y normas establecidas por el PMCMV. Este proceso suele durar varios años.

Los estudios han demostrado que la industria de la construcción cambió gracias a la lógica del PMCMV, especialmente en relación con el control de la productividad (Baravelli, 2017), pues se ajustó a un patrón de estandarización de la vivienda como una mercancía que podía transitar como un activo en el mercado de capitales financieros (Fix, 2011; Guerreiro, 2018). La exigencia de productividad era la misma entre las constructoras y en la modalidad de “Entidades” del PMCMV se realizaba tanto por estándares como por condiciones económicas, lo que restringía la vivienda a un presupuesto cerrado, sin posibilidad de corrección. Si la obra se retrasaba, el presupuesto no se podía corregir. La lógica del proyecto debía seguir este modelo de pago por unidad de vivienda, lo que producía espacios monofuncionales porque sólo se financiaban la vivienda y un centro comunitario. Asimismo, los proyectos se caracterizaban por su densidad y localización. Lo primero hace referencia a que el promotor contaba con mayor acceso a los recursos económicos si el número de viviendas a construir era grande. Lo segundo se vincula con la ausencia de políticas específicas para la concesión de suelos en condiciones adecuadas que permitieran que las “Entidades” no cayeran en las manos del mercado de suelos y en las de los especuladores inmobiliarios (Ferreira, 2012; Guerreiro, 2018). Los proyectos de las “Entidades”, basados en la lógica de la necesidad y el uso, fueron vistos por los analistas como demasiado complejos, y su carácter contrahegemónico causó a menudo incomodidad o desconfianza a ojos externos.

El presupuesto para la infraestructura urbana en el valor global de la obra fue superior a lo que normalmente se presenta en los proyectos de vivienda social, ya que el terreno donde se reubicaría a la comunidad no contaba con servicios públicos como el alcantarillado y el drenaje, ni con sistemas hidráulicos y eléctricos, por lo que las soluciones se diseñaron para ser resueltas de manera interna. En este sentido, en abril de 2017 el presupuesto para la obra era adecuado, pero cuando se inició la construcción, en noviembre de 2018, el presupuesto ya era deficiente. A partir de entonces se emprendieron diversas acciones, desde cambios en el proyecto, pasando por la construcción de algunas etapas dentro del régimen de ayuda mutua entre las familias, hasta una articulación internacional para sensibilizar a la opinión pública sobre el caso y obtener apoyo para finalizar el proyecto.

Al mismo tiempo, el contexto político en Brasil estaba cambiando sustancialmente. En 2012, la presidencia fue ocupada por Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, y la Secretaría Nacional de Vivienda en el Ministerio de las Ciudades, por Inês Magalhães; pero tras el golpe de Estado de 2016 y las elecciones de Jair Bolsonaro (Partido Liberal) en 2018, el país vivió una intensificación del conservadurismo con el fortalecimiento de sectores vinculados al agronegocio y los commodities. Paralelamente, a nivel local, importantes activistas fueron a asesorar a otros territorios, como un abogado y militante de Justiça nos Trilhos que se mudó a la ciudad de Brumadinho/Minas Gerais después de la rotura de la presa, o uno de los curas que se involucró integralmente con el proceso de reasentamiento y que, en 2016, se fue a vivir a São Paulo a petición de la Iglesia.

Aunque las dificultades eran cada vez mayores, la proximidad de la obra mitigaba las contradicciones. Imaginamos que la dinámica del cantero de obras⁴ ayudaría a construir el sentido del trabajo y de la autogestión. El cantero de obras por autogestión se iniciaría con las siguientes directrices: los cargos directamente vinculados a la gestión de la obra, es decir, las personas que realizan las compras y los pedidos financieros, y la que trabaja en el almacén, formarían parte de la comunidad que tendría derecho a ser reasentada; la asesoría técnica de Usina estaría presente como responsable técnica de orientar y supervisar el trabajo de la gestión y de la obra; el maestro de obras vendría de São Paulo, recomendado por Usina, y tenía experiencia con la tecnología constructiva elegida, el bloque cerámico estructural, y con la obra de autogestión; la asociación era parte de las comisiones designadas por Caixa, es decir, la Comisión de Acompañamiento de las Obras (CAO), responsable de la supervisión de la obra; la Comisión de Representantes del Emprendimiento (CRE), responsable del seguimiento de la rendición de cuentas de la obra, estaría también presente en las reuniones de coordinación de las obras; por último, un representante de los Misioneros Combonianos y Justiça nos Trilhos estaría a cargo de supervisar el equipo de gestión.

7. El cantero de obras y la autogestión

Las obras comenzaron en noviembre de 2018, seis años después de la elaboración del proyecto. Hasta octubre de 2020, el cantero estaba bajo la responsabilidad técnica de Usina, con un contrato regido por la ACMP. El papel del cantero de obras en el proceso de autogestión para la producción del espacio consistió en poner en el centro de la organización el trabajo y sus relaciones para ejecutar las viviendas. En este momento, el grupo experimentó grandes desafíos al manejar y gestionar el dinero del estado para ejecutar una gran obra.

¿Qué principios serían necesarios para fortalecer la autogestión y contradictoriamente coherentes con un modelo de programa de vivienda orientado al mercado? El arreglo productivo para que la obra funcionara de acuerdo con las directrices de la PMCMV-Entidades, y según ciertas premisas autogestivas, fue mediado por las posibles materialidades en aquel contexto, y podría esquematizarse de la siguiente manera: la organización de la obra estaba compuesta por un equipo de gestión, el equipo del cantero de obra, la asesoría técnica y la cocina. Las decisiones más importantes se tomaban en la reunión semanal de coordinación de la obra, a la que asistían los y las participantes de cada equipo y la dirección de la ACMP, con personas ajenas al trabajo cotidiano y con intereses múltiples y no declarados.

El flujo financiero para el proyecto se dio a medida que Caixa depositaba por adelantado los recursos para cada etapa de la obra, en una cuenta bancaria bajo la responsabilidad de la ACMP, gestionada por el administrador financiero. Las responsabilidades del equipo de gestión de obra eran, de acuerdo con la orientación y seguimiento de la asesoría, recibir las listas de compras, realizar los presupuestos, efectuar las compras, recepción, stock y control de flujo de materiales, rendir las cuentas, entre otras. El equipo de obra estaba formado por el maestro de obras y el técnico de seguridad, contratados por la ACMP, y los obreros contratados por las empresas constructoras que, a su vez, eran contratadas por la ACMP. De acuerdo con el proyecto aprobado y el seguimiento de Usina, los trabajadores realizaron las construcciones necesarias para el reasentamiento de la población. Algunos de ellos, principalmente en puestos de sirviente o ayudante, eran residentes de la comunidad. Usina realizó parte del trabajo en la oficina (supervisando la gestión de la construcción) y parte del trabajo en el cantero de obras (supervisando el trabajo de construcción). Su papel, como responsable técnica, era garantizar que se respetaran el diseño de los proyectos y el presupuesto, y que se cumpliera el acuerdo establecido para gestionar alrededor de 1,2 millones de reales al mes para realizar el 4 % de la obra.

Tratando de observar las relaciones sociales de producción durante la fase de construcción, podríamos destacar, entre otros aspectos, cuatro conjuntos de interacciones entre determinados agentes que fueron cruciales para el proceso: el primero se dio entre el equipo de gestión y la asesoría técnica, el segundo entre la asesoría técnica y los trabajadores de la obra, el tercero se estableció de manera interna entre los miembros de la coordinación de obra y, por último, el cuarto, entre las familias en asamblea y la coordinación de obra. Una característica clave de estos encuentros fue la frecuencia específica y la forma en la que se establecía el diálogo para llegar a acuerdos, lo que generaba conflictos más o menos intensos.

Las relaciones entre el equipo de gestión y la asesoría técnica no sólo eran diarias, sino que también se producían interacciones de distintos tipos a lo largo de una jornada de trabajo. Como la Usina era responsable de la planificación del calendario de obras, así como de la elaboración de las listas de compras, normalmente ocupaba una posición de coordinación y mando, mientras que los trabajadores de la gestión generalmente seguían las demandas. Con la exigencia de que la obra mensualmente debía cumplir con el 4 % del cronograma, el mismo ritmo exigido a las constructoras, la autogestión se veía a menudo desbordada por el volumen de demandas a atender en un plazo corto. Además, la necesidad de negociar cada vez se volvía más intensa, pues a medida que pasaba el tiempo aumentaba la diferencia entre el valor presupuestado y el valor de mercado. En esta relación ambigua entre los asesores y el grupo de gestión de la construcción (coordinación y dirección, especialidades de conocimiento y jerarquía), el potencial emancipador del trabajo cooperativo fue sustituido por restricciones que limitaban la autonomía y la práctica de la autogestión, lo que derivó en que las actividades exigidas fueran vistas como formas de opresión y se entendieran como medidas que restringían su trabajo, en situaciones de dependencia o subordinación. Con relación a los aspectos de género, cuando una mujer lideraba el equipo de asesores, la resistencia era todavía más intensa y estaba acompañada de faltas de respeto, a diferencia de cuando los hombres asumían posiciones de mando. La coordinación se confundía con el liderazgo, la autonomía con el individualismo, la responsabilidad con el deber. “Dirigir obedeciendo" se convirtió en "jefes de sí mismos" y, con el tiempo, nadie se sometía a ninguna coordinación. Una especie de racionalidad neoliberal estaba creciendo (Guerreiro, 2018).

La relación entre la asesoría técnica, formada en su mayoría por mujeres, y los trabajadores de la obra, casi todos hombres que eran contratados por las empresas constructoras y, por lo tanto, no compartían las normas de autogestión de la obra, era menos dudosa que con el grupo de gestión de obra, aunque la cuestión de género estaba latente. El papel de la asesoría parecía más aceptable, ya que las relaciones en la obra suelen ser extremadamente jerárquicas. La forma de dirigir los trabajos, basada en el diálogo y propuesta por los arquitectos, que normalmente se encuentran en una posición de mando y alejados de la obra, provocó cambios positivos en el diseño que se realizó de ella (Figura 16). El potencial emancipador de la práctica de la autogestión, representado por el diálogo entre personas con conocimientos diferentes y no jerárquicos, se suscitó incluso en las relaciones en las que los principios autogestivos no constituían pilares para la organización del trabajo. Esto no impidió que los estereotipos de género en esta relación, como en todo cantero de obras, fueran permanentes en el trabajo cotidiano. Era frecuente, sobre todo entre los hombres en posición de mando, sembrar dudas cuando una solución técnica provenía de una mujer (Figura 17).

La relación entre los miembros del equipo de coordinación de obras era cada vez más conflictiva. Se reunían una vez a la semana para debatir y decidir sobre cuestiones complejas de construcción, como un servicio deficiente o el incumplimiento de una tarea por una de las partes implicadas en el proceso de construcción (Figura 18). La desconfianza entre los miembros era cada vez mayor, aunque a medida que surgían los problemas la mayoría de los integrantes se reunían y los resolvían mediante esfuerzos internos, por la intervención de las asesorías en muchas de las revisiones de proyectos y especificaciones, o por la participación de la comunidad, como la instalación del sistema de abastecimiento de agua, que se realizó con ayuda mutua entre las futuras y los futuros residentes. No obstante, conforme los precios se alejaban de la realidad del mercado, el trabajo se hacía cada vez más difícil y las interacciones entre la población se volvían ásperas por el problema presupuestario. No se comprendió que la estructura del PMCMV y su imposibilidad de corrección monetaria estaban en el centro de la cuestión financiera.

Finalmente, la relación entre la asamblea y la coordinación de las obras también se tornó conflictiva a medida que las obras presentaban demandas presupuestarias. La mayoría de las personas que vivían en la comunidad, alejadas de las actividades e interacciones que sucedían día a día en la obra, esperaban la llegada de la asamblea mensual para ser informadas sobre la situación de la obra. Las dificultades inherentes al proceso eran vistas con desconfianza y eran difíciles de entender –¿cómo era posible que el presupuesto fuera insuficiente con tanto dinero que se destinaba en cada etapa de la construcción? –. Las dudas aumentaron mientras avanzaban las obras.

Debido a la pandemia por COVID-19, el trabajo se interrumpió de abril a junio de 2020. El regreso de las actividades se produjo en condiciones precarias y, tras dos accidentes laborales y un conflicto violento ocasionado por la incomprensión de los papeles de cada agente, se gestó la ruptura entre ACMP y Usina. Esto supuso también la interrupción de la opción autogestiva de la obra y, luego de unos meses, la empresa Vale S. A. tomó el control de la obra, y contrató a una constructora para realizar los servicios. En la actualidad, la ACMP sólo recibe información de lo que ocurre en la obra; no participa en las decisiones, compras y contratos del reasentamiento, lo que provocó que la construcción del proceso autogestivo se viniera abajo.

Figuras 16, 17 y 18:

Durante 2020, trabajador de albañilería y arquitecta en el cantero de obras; arquitectas con el maestro de obras y responsables de cada empresa constructora; una de las reuniones de coordinación de obras.

Fuente: Usina-CTAH

8. Reflexiones

El proceso social de producción del reasentamiento del Piquiá de Baixo es una experiencia de resistencia y adaptación de una comunidad contra la desposesión y la expropiación de sus tierras (Harvey, 2004), que lleva en sí diversas potencialidades emancipadoras, como la práctica de la autogestión y el proyecto participativo con debate sobre la propiedad de la tierra (Usina, 2014). Al mismo tiempo, como toda experiencia que busca romper con las jerarquías del capital, se enfrentó a diversas contradicciones que determinaron el rumbo definitivo del proceso autogestivo del proyecto.

En correspondencia con la reflexión de Lefebvre (1974) acerca de que el espacio desempeña un papel activo, instrumental y operacional en la consolidación del modo de producción capitalista, inicialmente pensamos en una forma urbana que indicara la forma y la disposición política en la que se ha venido construyendo. El diseño representó la capacidad de la organización popular (Usina, 2014). Los intereses convergían, ya que Usina creía en la transformación a través del trabajo y en el horizonte autogestivo, y los vecinos, en el proyecto colectivo y autónomo. Para materializar esa forma, la autogestión era obligatoria. Aunque la forma política autogestiva propuesta por la asesoría era contradictoria con la práctica local, era fundamental para generar esta nueva forma urbana. Cuando se concluyó el aspecto inicial de la obra, con el 30 % de la construcción y las casas con la albañilería terminada hasta la 12ª hilera, era difícil modificar el diseño urbanístico (Figuras 19 y 20). La superficie de las casas, el tamaño de los lotes y la definición de las manzanas estaban garantizados. Con la forma urbana consolidada, la forma política autogestiva ya no era necesaria. Nos preguntamos, aún sin respuesta, en qué medida el potencial emancipador del proyecto generó restricciones que limitaron las actividades de la obra.

Figuras 19, 20 y 21:

Cantero de obras y cimientos terminados (2019); cantero de obras (2020), y en marzo de 2023, una imagen de la obra tomada con un dron.

Fuente: Usina-CTAH/JnT

Para comprender esta ruptura, partimos del entendimiento de que la autogestión para la producción del hábitat es una forma de organización del trabajo que presupone ciertas pautas expuestas a lo largo de este texto, en la que los participantes estén de acuerdo con su adopción, sean conscientes de su papel en la maquinaria del proyecto y busquen continuamente superar los desafíos inherentes a su práctica (Rodríguez et al, 2007). En el caso de Piquiá, la interacción entre los agentes de la obra era extremadamente compleja, ambigua y cambiante, y a menudo se realizaba en función de intereses oscuros. Del potencial emancipador de la autogestión, las relaciones en el cantero se convirtieron en las restricciones más importantes del reasentamiento. Eran cortocircuitos en el sistema (Guerreiro, 2018) que provocaban fallas inexplicables y permanentes, hasta el punto de volverse insalvables. Estos cortocircuitos incluyen el intercambio de información restringida a la coordinación de la obra, como el presupuesto disponible para cada servicio o material; a contratistas o proveedores con respecto a acuerdos tácitos o no declarados, así como el boicot creciente de las directrices de los servicios de asesoramiento, especialmente por parte del equipo de gestión de obra.

En relación con la cuestión de género, el papel político de las mujeres fue un aspecto fundamental en la lucha por el reasentamiento y la vivienda en general. Ellas fueron las más afectadas por los problemas de vivienda, ya que socialmente están involucradas en el trabajo reproductivo, del cuidado doméstico y del mantenimiento de la familia, además del trabajo fuera de casa. En este sentido, pensar en la casa y el barrio implicaba entender y proponer cómo se desarrollarían estas tareas para formar espacios de construcción política. El proyecto demostró el potencial emancipador de lo que Soto Villagrán (2016), entre otras pensadoras, denominó la necesidad de repensar el hábitat desde una perspectiva de género, desde una lógica reproductiva y cuidadora.

Dialécticamente, el proceso autogestivo de la obra estuvo atravesado por numerosas contradicciones. Las duras condiciones de trabajo que tradicionalmente marcan las obras se presentaban como un desafío que implicaba no sólo cuestiones de género, sino también situaciones relacionadas con el papel político y organizativo reservado a las mujeres en la producción socioespacial. En un entorno predominantemente masculino, la violencia tanto en el cantero de obras como en la política era cotidiana a la hora de que las mujeres compartieran información y emitieran opiniones e instrucciones; este silenciamiento se presentaba en las estrategias de acción cotidianas y en las cuestiones técnicas de construcción planteadas por las arquitectas o las mujeres de la comunidad.

En este sentido, la racionalidad neoliberal de los empresarios se vuelve especialmente peligrosa en los procesos de autogestión (Guerreiro, 2018). El sentido colectivo se desvanece y da paso a trabajadores autónomos sin comprensión de su papel en el proceso productivo. La autonomía construida en la autoorganización del trabajo se vuelve ilusoria porque está condicionada a las necesidades productivas del capital impuestas por el Programa de Vivienda “Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV) e introyectadas por sus ejecutores (Baravelli, 2017). Este proceso perverso hace que los trabajadores asuman el discurso de sus verdugos, y cuando se habla de autogestión se entiende lo siguiente: “yo, como mi propio jefe, decido lo que quiero y lo que voy a hacer”. Esta subjetividad que va conformando un tipo de ciudadano-consumidor exige derechos como mercancías, porque pretende ser dueño, y cada vez menos se reconoce como trabajador (Guerreiro, 2018).

En la actualidad, el reasentamiento se encuentra en fase de construcción, sin recurrir a los principios de la autogestión (Figura 21) y, por lo tanto, bajo la responsabilidad de una empresa contratada por Vale S. A. A pesar de que la minera tomó la obra, la experiencia de producción social del hábitat por la comunidad de Piquiá y sus asesores es ejemplo de un proceso en constante transformación, disputa y resistencia. Profundizar la comprensión de las contradicciones derivadas de estos proyectos es fundamental para seguir transformando el hábitat popular junto a las organizaciones sociales.

Referencias

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Notas

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